Sánchez saca 41 mil votos de ventaja a Fujimori con el 95% escrutado
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Las elecciones de Perú se están decidiendo voto a voto. Con el 95% escrutado, Roberto Sánchez -izquierda- aventaja a la derechista Keiko Fujimori por poco más de 40.000 sufragios. Sánchez tiene el 50,11% y el 49,88%, su rival.
Los primeros votos en contarse fueron los de Lima, la capital, donde Fujimori arrasó. A medida que han llegado las actas de las zonas rurales andinas y amazónicas, los simpatizantes de Sánchez, la diferencia se ha ido invirtiendo décima a décima.
La evolución del conteo recuerda lo ocurrido en la segunda vuelta de 2021, cuando Pedro Castillo terminó imponiéndose a Keiko Fujimori tras el ingreso progresivo de los votos rurales, tradicionalmente más favorables a la izquierda, que redujeron la ventaja inicial de la candidata conservadora reflejada en los sondeos y en los primeros resultados oficiales.
En esta ocasión aún falta contabilizar miles de sufragios provenientes de zonas rurales de difícil acceso, así como el voto emitido en el extranjero, un segmento que históricamente ha mostrado mayor inclinación hacia el fujimorismo y que podría incidir en el desenlace final.
El voto exterior representa cerca de 3.000 actas electorales, de las cuales hasta ahora solo se ha procesado una fracción mínima. Según informó la Cancillería peruana, todas las actas estarán disponibles el miércoles, ya que provienen de 73 países distintos.
Mientras Fujimori logró un contundente 66 % en Lima, que concentra un tercio del electorado nacional, Sánchez mantuvo su predominio en el sur rural, donde obtuvo el 56 % de los votos. El mapa electoral muestra continuidad: capital y urbe para Fujimori, periferia y campo para Sánchez. Sin embargo, lo que debería ser una radiografía clara de preferencias se convierte en un espejo de la fractura nacional.
La segunda vuelta reduce la complejidad política a un dilema binario. Como en 2021, la sociedad peruana no es intrínsecamente polarizada: la mayoría de los ciudadanos se ubica cerca del centro ideológico. Pero las reglas de competencia empujan a elegir entre opciones que muchos perciben como extremas. La polarización no nace de la ciudadanía, sino de la propia dinámica institucional y política, que organiza la campaña en torno a los rechazos más que a los consensos.
Tras 35 candidaturas presidenciales, una campaña hiperfragmentada y décadas de crisis política, el sistema vuelve a desembocar en el mismo dilema. La pregunta central no es quién ganará, sino por qué las reglas siguen produciendo resultados tan similares y tan poco satisfactorios.
En medio de la tensión, Sánchez escribió en sus redes sociales que aguardaba los resultados con “calma, paciencia y confianza en la voluntad del pueblo”.

Más datos
Más de 27 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para elegir al noveno mandatario en apenas una década el domingo.
Los electores debían decidir entre dos figuras situadas en polos opuestos del espectro ideológico: Keiko Fujimori, de 51 años, representante de la derecha con el partido Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de 57, candidato de izquierda por Juntos por el Perú.
El conteo rápido difundido la noche del domingo por Ipsos y la ONG Transparencia ya anticipaba un empate técnico, con ligera ventaja para Sánchez (50,3 % frente a 49,7 %). Este método, basado en una muestra de más de 1.000 mesas electorales en todo el país, ha sido históricamente un indicador confiable del desenlace electoral.
Los sondeos a boca de urna también reflejaron un escenario muy ajustado.
Estos comicios se siguen con especial atención debido a los problemas logísticos y denuncias de fraude en la primera vuelta del 12 de abril, cuyos resultados tardaron un mes en oficializarse.
Dada la estrechez de la competencia, se prevé que el recuento pudiera prolongarse durante varios días o incluso semanas. De hecho, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que los resultados definitivos no estarán listos hasta mediados de julio, poco antes de la transferencia de mando. Según explicó la vocera del JNE, Grecia Rentería, la demora se debe a la implementación de un nuevo proceso obligatorio de revisión en las mesas impugnadas o con observaciones, lo que retrasa la certificación del 100 % de las cifras.
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