La factura de la transformación digital
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La promesa de la era digital es universal: un mundo donde el conocimiento, el empleo y los servicios esenciales estén al alcance de un clic, sin importar el lugar del planeta donde se haya nacido.
Sin embargo, esta promesa choca con una realidad abrumadora: 2.600 millones de personas, aproximadamente un tercio de la humanidad, permanecen todavía excluidas del mundo digital. La brecha no es solo técnica, sino profundamente económica y social, y su factura para ser saldada alcanza cifras astronómicas.
Según el Plan de Acción para Conectar a la Humanidad, un informe publicado recientemente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo de la ONU para las tecnologías digitales y la Comisión de Comunicaciones, Espacio y Tecnología de Arabia Saudita, lograr una conectividad universal y significativa para 2030 requeriría una inversión de entre 2,6 y 2,8 billones de dólares. Esta cifra es casi cinco veces superior a la estimada en la última evaluación realizada en 2020, lo que subraya la magnitud creciente del desafío y la urgencia de una acción coordinada a nivel global.
La brecha digital no es un fenómeno aislado, sino que se alimenta de las desigualdades económicas preexistentes. El informe de la UIT constata un abismo que se ensancha año tras año: mientras que en 2024 el 93% de la población de los países de altos ingresos utilizaba internet, en los países de bajos ingresos esta cifra se desplomaba hasta un exiguo 27%. Esta disparidad convierte a la conectividad en un factor clave para el desarrollo socioeconómico, creando un círculo vicioso donde la falta de acceso digital perpetúa la pobreza y la exclusión.
La factura de 2,7 billones de dólares no es un simple número; se descompone en áreas de inversión críticas que revelan la complejidad del reto. El mayor componente, que absorbe entre 1,5 y 1,7 billones de dólares, se destina a la infraestructura digital. Esta inversión cubre el despliegue de redes de fibra óptica en áreas urbanas, redes inalámbricas fijas 4G en regiones rurales y el uso de satélites para llegar a los lugares más remotos y poblaciones desatendidas. Es la columna vertebral física sobre la que se asienta toda la economía digital, y su ausencia es el principal escollo, especialmente en los 46 países menos desarrollados del mundo, que se encuentran significativamente rezagados por barreras de financiación y falta de infraestructuras fiables.
Sin embargo, tender cables y poner satélites en órbita no es suficiente. El segundo gasto más significativo, estimado en 983.000 millones de dólares, se dedica a mejorar la asequibilidad. De nada sirve tener una red de alta velocidad si el precio de un teléfono inteligente o de un plan de datos mensual equivale a más de un cuarto del ingreso mensual de una familia en un país de bajos ingresos. Reducir el costo de los dispositivos y los servicios de banda ancha es vital para que los hogares más vulnerables puedan dar el salto digital y mantenerse en línea.
La conectividad por sí sola es una herramienta sin filo si la población no posee las habilidades para usarla. Por ello, la UIT estima que se requieren 152.000 millones de dólares para financiar iniciativas de alfabetización digital a gran escala. Esta inversión es clave para que las personas puedan acceder a la educación en línea, buscar mejores empleos y participar activamente en la sociedad. Por último, una partida de 600 millones de dólares se destina a la creación de un entorno de políticas y regulación moderno y predecible que fomente la innovación y la eficiencia, un área que, aunque es la más pequeña en términos de costo, es fundamental para desbloquear todo el potencial de las demás inversiones.
El reto de la transformación digital no reside únicamente en la magnitud de la cifra global, sino en la capacidad de cada región para movilizar los recursos necesarios y superar sus barreras específicas. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y otros organismos internacionales abogan por una colaboración público-privada que involucre a gobiernos, industria tecnológica e instituciones financieras. Sin embargo, el panorama regional es heterogéneo, y el caso de América Latina ilustra con claridad las dificultades particulares que enfrentan las economías en desarrollo para cerrar la brecha digital.
En América Latina, el Índice de Desarrollo de las TIC (IDI) 2025 de la UIT revela una realidad de contrastes: mientras que Chile (93.4) y Uruguay (90) lideran con niveles comparables a economías desarrolladas, otros paises muestran retrocesos significativos. El promedio regional (74.6) situa a esta región por debajo de la media mundial (78.2). El desafío financiero se materializa en múltiples obstáculos: el costo de un plan de datos móviles representa el 2,7% del ingreso mensual promedio, superando el umbral de asequibilidad del 2% establecido por la ONU, y para los hogares más pobres puede alcanzar entre el 8% y el 10% de sus ingresos. A esto se suma que el teléfono inteligente más económico puede costar entre el 4% y el 12% del ingreso mensual promedio, e incluso hasta el 84% en países como Haití.
La brecha no es solo de cobertura, sino de “conectividad significativa”. Aunque el 7% de la población aún carece de cobertura móvil, alrededor del 30% tiene acceso disponible pero no lo utiliza por barreras económicas, falta de dispositivos o carencias de alfabetización digital. Las zonas rurales siguen siendo las más desatendidas: en 2022, solo el 46.4% de los hogares más pobres de la región tenía conexión fija a internet, frente al 84.6% de los hogares más ricos, mientras que el acceso en zonas rurales (35.8%) es menos de la mitad que en áreas urbanas (74.8%). Expertos han señalado que en la región se ha avanzado muy poco en ofertas sostenibles de conectividad, y que existe un “déficit estructural” al no entender la transformación digital como un tema transversal en los planes de desarrollo.
El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba impacta de manera directa y profunda el Índice de Desarrollo de las TIC (IDI) del país, que la UIT sitúa en 47.5 puntos para 2025, muy por debajo del promedio regional y mundial. Las restricciones impiden el acceso directo a tecnologías y plataformas digitales, que no están disponibles en el país, obligando a recurrir a intermediarios que encarecen los costos, y dificultan operaciones financieras y logísticas básicas para mantener y modernizar la infraestructura de telecomunicaciones.
El cerco se agrava con la crisis energética que sufre nuestro pais, un factor que el IDI no captura plenamente pero que erosiona la calidad de la conectividad y la experiencia del usuario. Los apagones prolongados agravan las limitaciones técnicas de la red: en ocasiones más del 50% de las radiobases carecen de respaldo energético, más las apagadas por roturas, dejando sin servicio a miles de usuarios cada vez que falla el suministro eléctrico. El bloqueo, al impedir la importación de equipos, repuestos y baterías, y al encarecer toda operación internacional, han creado un círculo vicioso: sin inversión la infraestructura se deteriora, y sin acceso a financiamiento y tecnología externos, la inversión necesaria resulta inalcanzable, condenando al país a un estancamiento digital que solo se superaría con la eliminación del bloqueo.
Además para superar este estancamiento, se requieren políticas más focalizadas que vayan más allá del simple despliegue de redes. La CEPAL ha advertido que el riesgo de ampliación de la brecha digital interna es mayor en América Latina que la amenaza de incremento de la brecha con el mundo desarrollado. Se aboga por modelos de financiación mixta que combinen capital público y privado, así como por diagnósticos territoriales detallados que permitan diseñar políticas públicas efectivas, ya que “quienes entiendan la conectividad como un tema transversal y la incluyan en sus agendas de políticas públicas harán un mejor papel”. Como señala la UIT, el enfoque debe pasar de la mera “conectividad” a la “conectividad universal y efectiva”, que implica una experiencia en línea segura, asequible y productiva.
La cifra de 2,7 billones de dólares puede parecer una factura inasumible, pero enmarcarla como un gasto es un error. Como señala Doreen Bogdan-Martin, secretaria general de la UIT, “si bien se necesitan recursos significativos para conectar a todos de manera efectiva, estas inversiones contribuirán a un futuro digital próspero para todos”. La digitalización es un multiplicador del desarrollo que impulsa la productividad, la generación de empleo y el acceso a servicios esenciales como la educación y la salud. La pregunta que debemos hacernos no es si podemos permitirnos invertir esta cantidad, sino si podemos permitirnos no hacerlo y condenar a un tercio de la humanidad a quedar rezagada en la economía del futuro. La factura de la transformación digital es, en realidad, la inversión más inteligente que podemos hacer para construir un mundo más próspero, equitativo y sostenible.
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