Gobierno de Ecuador acepta regresar a la mesa de diálogo
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 17 segundos
El Gobierno de Ecuador aceptó en las últimas horas de este miércoles regresar a la mesa de diálogo con el movimiento indígena, tras 17 días de un paro nacional indefinido.
“Hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE)”, anunció el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en una rueda de prensa, haciendo referencia al máximo organismo de la Iglesia Católica en el país.
De acuerdo con el funcionario, este proceso de negociaciones con la mediación de la CEE se da a petición de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), movimientos que lideran las protestas desde el pasado 13 de junio.
“Nosotros hemos decidido como Gobierno aceptar esa sugerencia”, añadió Jiménez en la conferencia de prensa.
De acuerdo con el funcionario, la CEE será la que determine “la metodología, los actores, los representantes y los temas en cuestión” para llegar a una solución definitiva en este conflicto.
“Reiteramos que la voluntad del Gobierno nacional es, primero, garantizar la paz de los ecuatorianos y que, en función de ese criterio, no dejaremos de tomar las acciones que permitan llegar por la vía del derecho y del respeto de la Constitución a esa paz y a esa tranquilidad tan anhelada”, manifestó Jiménez.
Estado de excepción en cuatro provincias
Horas antes, el presidente Guillermo Lasso había declarado el propio miércoles el estado de excepción en cuatro provincias del país, debido a las protestas antigubernamentales que se desarrollan desde el pasado 13 de junio.
De acuerdo con la nota emitida por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, la medida estará vigente en las provincias de Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana durante 30 días por “grave conmoción interna”.
“Esta decisión tiene el objetivo de recuperar el orden público, controlar situaciones de violencia, proteger áreas reservadas, asegurar la provisión de medicamentos, gases medicinales, oxígeno para hospitales y clínicas, combustibles y alimentos, y la integridad de la ciudadanía”, reza el comunicado.
Además, se establece como Zona de Seguridad toda el área de influencia que comprende las zonas en donde se encuentran los campos hidrocarburíferos de explotación, junto a sus infraestructuras, ubicadas en las provincias de Orellana y Sucumbíos.
Entre las medidas figuran restricciones a la libertad de tránsito, la suspensión del derecho a la libertad de asociación y reunión “de aquellas manifestaciones que incurran en hechos violentos“, pero sí se permiten las protestas pacíficas, junto con otras actividades que no causen grave conmoción interna. Asimismo, “los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley deberán observar el estándar del uso progresivo de la fuerza y los principios aplicables”, según el decreto, que también obliga a cumplir algunos otros requisitos.
Dos decretos previos
Desde el inicio de las protestas, el presidente ecuatoriano ha emitido dos decretos en los que declara estado de excepción por “grave conmoción interna”. El primero fue firmado el 17 de junio, mediante el cual se estableció la medida para las provincias de Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi e Imbabura.
Ese decreto fue derogado el 20 de junio, y en el nuevo texto se amplió el estado de excepción a seis provincias; además de las tres primeras, se sumaron Chimborazo, Tungurahua y Pastaza.
Cinco días más tarde, el 25 de junio, se derogó el vigente y se puso fin al estado de excepción.
El levantamiento de la medida se dio cuando en la Asamblea Nacional comenzaba un debate para destituir al mandatario, en el que algunos parlamentarios alegaban, según el artículo 130 de la Constitución, la existencia de una “grave crisis política y conmoción interna” en el país, que Lasso reconocía en sus decretos.
Por su parte, el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Santiago Guarderas, solicitó este 29 de junio a Lasso que declare un nuevo estado de excepción en la capital ecuatoriana. Guarderas justificó su petición señalando que esta semana han constatado “actos de barbarie en la ciudad”. (Resumen Actualidad RT)
Visitas: 0