Mercado cambiario segmentado: transición gradual hacia estabilidad y soberanía monetaria

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La política cambiaria en Cuba se ha convertido en uno de los temas más sensibles y debatidos de la vida económica nacional. En medio de una crisis prolongada, marcada por la escasez de divisas, el déficit fiscal y la baja productividad, el país ha debido recurrir a mecanismos transitorios que permitan sostener la actividad económica sin provocar un colapso social. Entre ellos, la coexistencia de varias tasas de cambio y la dolarización parcial han sido medidas de emergencia que, aunque necesarias en su momento, introducen presiones adicionales sobre los precios y generan distorsiones en la distribución de ingresos.

En la conversación pública sobre estos temas, después de publicado el artículo en el periódico Cinco de Septiembre sobre la transparencia y gradualidad del mercado cambiario en Cuba, algunos han tratado de simplificar el problema al afirmar que “no existe razón para mantener tres tasas de cambio”. Sin embargo, lo que se omite es que la economía cubana carece de las condiciones materiales para aplicar de inmediato una tasa única. La propuesta de “eliminar la dolarización y avanzar con mini-devaluaciones progresivas” puede sonar atractiva, pero estabilidad macroeconómica y sin reservas suficientes, disciplina fiscal y capacidad de intervención cambiaria, el resultado sería un ajuste abrupto con consecuencias sociales devastadoras.

En este sentido, la coexistencia de tres tasas no es un diseño virtuoso, sino un mecanismo de emergencia. Se trata de un recurso para segmentar mercados y proteger sectores estratégicos en medio de una crisis prolongada. La dolarización interna, aunque necesaria en un contexto de crisis, introduce presiones adicionales sobre los precios, por lo que su reducción gradual se plantea como un camino ordenado hacia mayor estabilidad. Este enfoque busca corregir expectativas y reducir distorsiones, facilitando la eficacia de las políticas económicas.

La segmentación cambiaria, por tanto, es una medida ante la crisis, no su causa.

La experiencia internacional ofrece lecciones útiles sobre los resultados de esas propuestas de “estabilidad macroeconómica” sin efectuar cambios estructurales que la produjeron y que incluyeron mini-devaluaciones progresivas. Países como Argentina, Egipto, Nigeria, Ghana, Sri Lanka, Pakistán y Turquía aplicaron devaluaciones progresivas en los últimos cinco años. Si bien es cierto que técnicamente son un instrumento válido y el resultado inmediato fue la estabilización parcial de los mercados y la recuperación de reservas, los problemas estructurales —déficit fiscal, baja productividad, dependencia de importaciones, fragilidad institucional— permanecieron intactos. Los paquetes de ajuste impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) generaron fuertes impactos sociales, como pérdida de subsidios, desempleo y mayor desigualdad. La política cambiaria puede ganar tiempo, pero no sustituye las reformas profundas.

Es importante subrayar que el apoyo financiero del FMI y el Banco Mundial a estos países no tuvo como objetivo directo la desdolarización. Su propósito fue sostener reservas internacionales, estabilizar economías en crisis y dar credibilidad a las monedas locales. La desdolarización fue solo un efecto colateral, condicionado por reformas estructurales y disciplina fiscal. En varios casos, como Argentina o Egipto, el dólar siguió siendo referencia para contratos y expectativas, aunque la política oficial intentaba fortalecer el papel de la moneda nacional.

En Cuba, la situación es diferente porque el país no tiene acceso a programas del FMI ni del Banco Mundial. Mientras otros países aplicaron devaluaciones con respaldo financiero multimillonario, Cuba enfrenta un bloqueo externo que limita su comercio y su acceso a la banca internacional. Exigir unificar de inmediato el sistema cambiario sin reconocer esta diferencia es una crítica incompleta: sin financiamiento externo, cualquier ajuste debe sostenerse con recursos propios: como el fortalecimiento de la producción nacional como prioridad, la movilización de divisas captadas por remesas y turismo, el uso de la tasa flotante como fuente fiscal, la reestructuración del gasto público y reducción del déficit fiscal, así como acuerdos bilaterales que sustituyan el financiamiento externo.

Por su parte, el Programa de Gobierno para corregir distorsiones e impulsar la economía reconoce que la coexistencia de varias tasas es transitoria. La meta es avanzar a corto plazo hacia un esquema cambiario unificado con una tasa de cambio única, pero hacerlo con respaldo institucional, disciplina fiscal y protección social.

En este marco, canalizar las remesas a través del sistema financiero oficial constituye un incentivo para los beneficiarios: resulta más económico, seguro y transparente que los mecanismos informales. Los canales oficiales reducen costos asociados a intermediaciones no reguladas, eliminan riesgos innecesarios y garantizan que los recursos lleguen íntegros a sus destinatarios. Además, fortalecen la protección al consumidor, amplían las posibilidades de uso de esos fondos dentro del país y contribuyen a consolidar el mercado cambiario.

El verdadero desafío está en los problemas estructurales —baja productividad, déficit fiscal, dependencia de importaciones y rigideces institucionales— reconocidos en el Programa de Gobierno, en documentos del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) sobre los cambios económicos en Cuba, así como en estudios del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) que mencionan explícitamente la escasez de divisas, el déficit energético y la debilidad en la actividad productiva. Sin corregir estas bases, en medio de la guerra que se nos hace, cualquier esquema cambiario unificado será insostenible.

La gradualidad del proceso cambiario entonces implica transformaciones progresivas y ordenadas, con el propósito de limitar impactos inflacionarios y dar tiempo a los agentes económicos para adaptarse. Este enfoque permite ajustar costos, precios y decisiones de inversión de manera sostenible, al tiempo que genera incentivos para reactivar la economía. La transición, por tanto, no es improvisada, sino un proceso vinculado a las condiciones reales del país y orientado a fortalecer la soberanía monetaria en el corto plazo.

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