Dolarización, tertulias y Derecho

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Cuando el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, explicó recientemente que se seguirá avanzando en la dolarización parcial de la economía cubana, algunos paisanos han abordado el tema con preocupación. Sin embargo, pocos hablamos de las necesarias medidas que conduzcan al cumplimiento de las normas contables y al Derecho.

En tertulias del barrio, en las redes sociales o al encontrarme con amigos y colegas rumbo al trabajo, varias tendencias expresan las preocupaciones. Algunos asocian, erróneamente, la mencionada dolarización parcial a la llamada “moneda del enemigo”, se refieren a lo ocurrido en algunos países latinoamericanos o lo vinculan a la “causa de todos nuestros males” y no al efecto de la crisis económica que atraviesa Cuba.

Pero vayamos por parte. Cuando se habla de dolarización se refiere a un proceso espontáneo en respuesta al deterioro del poder adquisitivo de la moneda local en cualquier país. Este adquiere primero un carácter informal. Debido a ese detrimento, los agentes económicos (individuos y empresas) se refugian en activos denominados en moneda extranjera fuertes, normalmente el dólar, aunque no sea de curso obligatorio. En otras palabras, el dinero extranjero reemplaza al dinero doméstico en cualquiera de sus tres funciones: como medio de pago, como reserva de valor o como patrón de precio.

¿Por qué los agentes económicos empiezan a adoptar una moneda extranjera en sustitución de la moneda nativa? Pueden ser diversas las causas. Una, por decisión autónoma y soberana de una nación que resuelve utilizar como moneda de curso obligatorio la divisa extranjera fuerte, desechando la local. Tal es el caso del dólar estadounidense en naciones latinoamericanas como El Salvador, Ecuador y Panamá, además de otros países de lejanas regiones.

En ellos nos encontramos ante una dolarización oficial, pues la moneda única es el dólar y desaparece la local.
Allí los capitales son libres de entrar y salir sin restricciones, los precios, los salarios y los contratos se fijan en dólares y el Banco Central y las autoridades de los respectivos países, pierden control sobre la política monetaria independiente, quedando expuestos a las decisiones del emisor de la moneda adoptada. Por supuesto, estas economías se hacen dependientes de las decisiones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, con sus consecuentes implicaciones políticas y la perdida de soberanía. Este no es el caso de Cuba.

En otros casos puede ocurrir que circulen de manera paralela la moneda local y la divisa fuerte. Ante la pérdida del valor del dinero doméstico los individuos y empresas pasan a utilizar el dólar estadounidense como moneda paralela a la local. Ello ocurre en escenarios de alta inestabilidad de precios y de tipo de cambio.

Cuando la divisa extranjera sustituye, en algunos sectores de la economía, a la moneda local como medio de pago, estamos en presencia de una sustitución de moneda. Cuando el dinero nacional deja de utilizarse por algunos sectores como reserva de valor, por consideraciones de riesgo y rentabilidad, se refiere a sustitución de activos. En ambos también nos encontramos ante la dolarización, pero al mantenerse la moneda local, se denominada dolarización parcial de la economía.

¿Cuba está exenta de estas condiciones? Por supuesto que no. ¿Es una situación deseada para Cuba? Tampoco. Lo anhelado es la desdolarización; pero cuando observamos los dígitos de la economía cubana de los últimos cinco años, a nivel macroeconómico, podemos concluir que nos encontramos ante las causas que provocan esta situación en cualquier economía. Puede entenderse mejor, si analizamos la persistente inflación galopante y la volatilidad del tipo de cambio que nos azotan. En ese escenario, los agentes han tendido a sustituir las funciones del peso cubano, en busca de mayor seguridad. Unido a ello, el desabastecimiento del mercado con producciones nacionales y la apuesta por importar mercancías, principalmente por el sector privado, ha disparado la demanda de divisas en el mercado ilegal (informal), burlando la tasa de cambio oficial.

Entonces, no podemos considerar la dolarización parcial como algo ajeno. Ella es producto de la crisis económica que atraviesa el país debido, en primer lugar, a los efectos del bloqueo genocida y la guerra económica que se nos hace, unido al impacto de nuestros propios errores. Es además un proceso que debe tratarse con medidas que de manera inteligente y rigurosa se diseñen y apliquen como parte de nuestra soberanía monetaria y que contribuyan a captar las divisas necesarias para dinamizar la economía e ir de forma gradual a la desdolarización. Aunque resulte paradójico: apostemos por la “dolarización para desdolarizarnos”.

Lo que sí resulta inadmisible es la impunidad que se puede derivar de esta y otras medidas. El reconocimiento, por parte del Primer Ministro, de que “en la economía hay una dolarización sobre la cual no se ha tenido control” y que “esta parte de una acción ilegal que es el mercado cambiario informal”, también debe ser de atención en las tertulias, debates de barrio, redes sociales o en los centros de trabajo de cualquier forma de propiedad.

Desconocer la urgencia de listar, proponer y acometer acciones que enfrenten las ilegalidades en el mercado informal, es la cuestión. Considero que se debe reconocer que las empresas que amañan su contabilidad y la permisibilidad del hecho, las que admiten estas monedas como medio de pago sin exigir su trazabilidaden la contabilidad o lo estimulan, afectan el comportamiento el cumplimiento de las normas contables. Igualmente ocasionan un perjuicio a la sociedad, por lo que son parte de la inacción que se menciona y del incumplimiento de otras políticas.

Claro que se puede debatir sobre dolarizar o no, pero eso es un hecho. Se trata de reconocer que algunos pretenden justificar la impunidad y burlar la necesaria cultura de la legalidad de los ciudadanos. Acudiendo a frases como “lo que hace falta es dejar que el cubano la luche”, etc., se escudan en justificaciones que debilitan a nuestro Estado socialista de derecho y de justicia social.

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