Trump dinamita consenso latinoamericano y caribeño como Zona de Paz
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Por: Pedro Manuel Otero
En este, su segundo mandato en la Casa Blanca, Donald Trump ha decidido dinamitar uno de los consensos políticos más importantes que construyó América Latina en la última década: la Proclama de la CELAC que declaró a la región como zona de paz.
Esa declaración, adoptada en 2014 por los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, comprometía a los países a resolver sus controversias por vías pacíficas, respetar estrictamente la soberanía y renunciar al uso o a la amenaza del uso de la fuerza en la región.
No era un tratado jurídico con mecanismos de sanción, pero sí una poderosa toma de posición colectiva frente a la larga historia de intervenciones externas en el continente.
Trump ha optado por hacer exactamente lo contrario. Tras meses de escalada retórica y militar, ordenó ataques aéreos y operaciones especiales en territorio venezolano, alegando lucha contra el narcotráfico y el “terrorismo”, y terminó con el secuestro de Nicolás Maduro en una ofensiva que combinó bombardeos masivos sobre Caracas, drones y fuerzas especiales.
Diversos analistas han calificado el bombardeo y la operación de cambio de régimen como un “golpe devastador” al sueño de América Latina como zona de paz, porque reintroduce la guerra abierta y la ocupación militar en un espacio que los propios gobiernos habían declarado libre de ese tipo de conflictos.
La respuesta regional ha sido desigual y revela la fractura política que atraviesa hoy al continente.
Trump ha optado por hacer exactamente lo contrario. Tras meses de escalada retórica y militar, ordenó ataques aéreos y operaciones especiales en territorio venezolano, alegando lucha contra el narcotráfico y el “terrorismo”, y terminó con el secuestro de Nicolás Maduro en una ofensiva que combinó bombardeos masivos sobre Caracas, drones y fuerzas especiales.
Diversos analistas han calificado el bombardeo y la operación de cambio de régimen como un “golpe devastador” al sueño de América Latina como zona de paz, porque reintroduce la guerra abierta y la ocupación militar en un espacio que los propios gobiernos habían declarado libre de ese tipo de conflictos.
La respuesta regional ha sido desigual y revela la fractura política que atraviesa hoy al continente.
Varios gobiernos de orientación progresista han denunciado la agresión como una violación flagrante del derecho internacional y de la Proclama de Zona de Paz, y han reclamado en foros como la ONU y las reuniones CELAC–UE que se respete la soberanía venezolana y se retiren las tropas estadounidenses de la zona.
En cambio, otros gobiernos alineados con Washington, como los de Argentina y Ecuador, han respaldado abiertamente el ataque, aceptando el falaz argumento de Trump de que se trata de una operación para “restaurar la democracia” y garantizar los intereses energéticos occidentales en el Caribe.
Trump no puede derogar jurídicamente la declaración de la CELAC, porque esta pertenece al acervo político construido por los propios países latinoamericanos y caribeños.
Pero puede –y ya lo está haciendo– vaciarla de contenido mediante hechos consumados: bombardeos, bloqueo naval, captura de un presidente en funciones y negociación directa del futuro del petróleo venezolano con grandes corporaciones estadounidenses.
La verdadera disputa, en adelante, será si los gobiernos de la región permiten que esa lógica de fuerza se normalice o si rescatan, con algo más que discursos, la promesa de una América Latina que se pensó a sí misma, por un momento, como una auténtica zona de paz.
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