Trampa de la eficiencia: tecnologías y desigualdades
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En el imaginario colectivo de la política de desarrollo, la tecnología emerge como una fuerza transversal e igualadora, un gran nivelador que, con el tiempo, llegará a todos los rincones.
Se nos pinta un futuro de drones repartiendo medicinas en la selva, algoritmos gestionando el agua en el desierto y aulas virtuales conectando a cualquier niño con el conocimiento global. Sin embargo, esta narrativa lineal choca frontalmente con una realidad geográfica tozuda: la innovación tecnológica no se despliega sobre un lienzo en blanco. Lo hace sobre un mapa preexistente, marcado a fuego por profundas desigualdades en infraestructura, capital humano, capacidad institucional y poder económico. El resultado no es una marea que levanta todos los barcos por igual, sino más bien un tsunami que inunda los puertos mejor preparados mientras deja varadas en la arena a las embarcaciones más frágiles. Este fenómeno, la “trampa de la eficiencia”, representa uno de los desafíos más silenciosos y paradójicos de nuestra era digital: la capacidad de las herramientas diseñadas para optimizar, de ahondar, en la práctica, las brechas que dicen cerrar.
La lógica de la trampa es perversamente simple. Las tecnologías emergentes –desde la Inteligencia Artificial y el big data hasta el Internet de las Cosas y la robótica avanzada– requieren, para su implementación óptima, condiciones de base muy específicas. Una red eléctrica estable y universal, conectividad de banda ancha robusta y asequible, una masa crítica de profesionales con formación digital avanzada, instituciones capaces de regular y absorber la innovación, y mercados con capacidad de inversión. Estos no son elementos accesorios; son el sustrato indispensable. Y es un sustrato que se distribuye de manera radicalmente desigual entre regiones, entre lo urbano y lo rural, entre centros económicos dinámicos y periferias estancadas. Así, la ciudad inteligente invierte en sensores para optimizar el tráfico y el alumbrado público, mientras que el municipio rural vecino sigue luchando por pavimentar sus calles y garantizar el suministro de agua potable las 24 horas. El gran agroexportador utiliza imágenes satelitales y drones para maximizar su rendimiento, mientras el pequeño campesino, sin acceso a crédito o asistencia técnica digital, ve cómo su competitividad se erosiona aún más.
Este efecto de concentración no es un accidente, es la consecuencia natural de un mercado que busca retorno sobre la inversión y eficiencia operativa inmediata. La tecnología fluye hacia donde ya existe eficiencia para multiplicarla. Una empresa de logística implementará un sofisticado sistema de gestión de flotas con IA primero en sus rutas principales, las más rentables, no en aquellas que sirven a comunidades remotas de bajo volumen. Un banco desarrollará una app financiera avanzada para su clientela urbana y bancarizada, no para la población rural que aún opera en efectivo y con desconfianza hacia el sistema formal. El riesgo, por tanto, es que se cree un circuito virtuoso para los ya integrados –más datos, más optimización, más productividad, más inversión– y un círculo vicioso para los rezagados –menos atracción de innovación, pérdida de competitividad relativa, fuga de talento, mayor dependencia–. La brecha digital deja de ser solo una cuestión de tener o no tener acceso a un smartphone, para convertirse en una brecha abismal en capacidad de producción, sofisticación de servicios y resiliencia económica.
El impacto trasciende lo meramente económico y se filtra en todas las dimensiones del desarrollo territorial. Socialmente, se genera una nueva forma de exclusión: la ciudadanía analógica en un Estado que gradualmente digitaliza sus trámites y servicios, excluyendo a quien no tiene conectividad o habilidades digitales. Ambientalmente, el monitoreo satelital de la deforestación puede ser impecable en el papel, pero es inútil si en el territorio no hay instituciones con capacidad de aplicar la ley y ofrecer alternativas económicas sostenibles a la población. Institucionalmente, la presión por “modernizarse” puede llevar a administraciones locales con escasos recursos a adquirir costosas soluciones tecnológicas estándar, inadecuadas para sus problemas específicos, creando dependencia de consultores externos y desviando fondos de necesidades básicas. La tecnología, en vez de empoderar, puede generar una nueva capa de burocracia incomprensible y deuda técnica.
Escapar de esta trampa requiere, fundamentalmente, una mirada política y geográfica de la innovación. Dejar de verla como un producto de consumo que gotea desde los centros de poder tecnológico hacia la periferia, y empezar a concebirla como un componente de una estrategia de desarrollo territorial integral y deliberada.
Esto implica políticas agresivas de penetración de la infraestructura digital, tratando el acceso a internet de alta velocidad como un servicio universal, al igual que la electricidad o el agua. Exige incentivos específicos, incluso de carácter fiscal, para que la innovación se dirija a resolver los “problemas de la periferia”: logística de última milla, agricultura de subsistencia climáticamente inteligente, diagnósticos médicos descentralizados. Supone invertir masivamente en la creación de capital humano digital local, no solo formando usuarios, sino creadores, técnicos y reguladores capaces de adaptar y generar tecnología con sentido territorial.
La paradoja final es que el mayor potencial transformador de las tecnologías emergentes quizás no esté en hacer más ricos a los ya ricos, sino en ofrecer soluciones radicalmente nuevas a los problemas crónicos de los territorios postergados. Pero para que eso suceda, se necesita una intervención pública inteligente y contundente que corrija los sesgos del mercado y oriente la innovación con criterios de equidad territorial. De lo contrario, corremos el riesgo de construir un futuro de islas de hipereficiencia conectadas entre sí, flotando en un mar de territorios desconectados y abandonados por la ola del progreso.
El verdadero reto no es la velocidad de la innovación, sino la dirección de su marcha. Y en esa dirección se juega la posibilidad de un desarrollo verdaderamente inclusivo o la consolidación de unas desigualdades que la tecnología, en su ciego impulso por la eficiencia, no hace sino cementar.
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