¿Protección o desprotección al consumidor?

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Casi en un término gastado de tanto repetirlo, pero no de ponerlo en práctica, se ha convertido la “Protección al Consumidor”. Así ocurre en la sociedad cubana, hoy y desde tiempos ha, cuando consumimos y accedemos, por necesidades básicas —cuando malos tiempos corren ante la dura situación económica—, a bienes y servicios.

Nos hemos inventado recursos, departamentos de atención a quejas a la población, de trámites de inquietudes, y muchos más, pero a la postre, pocos han resultado efectivos. Lo de maltratar a clientes casi es una norma aquí, y lo expreso con dolor.

“No me toque los tomates mi tía, que se estropean”, te sueltan, tratando de que no escojas una mercancía que pagarás, bien cara, y que lleva el fin de alimentar a los tuyos. Y ¡pobre de aquel que compre un electrodoméstico, después de llevar a la tienda una maleta de dinero para adquirirle, y luego le falle la garantía! Tendrá que dar muchas vueltas para que lo reparen, cambien o finalmente le devuelvan el efectivo o monto en la tarjeta magnética.

Con la era digital y la internet, el asunto se ha complicado, pues los empleados se la pasan todo el tiempo pendientes de sus notificaciones de las redes sociales, wasapeando, y el cliente viene a ser como una especie de intruso; y esto ocurre tanto en entidades estatales, mipymes, y negocios particulares. Sería provechoso preguntar a los cubanos que viven allende los mares, si en otras latitudes les permiten usar el teléfono mientras trabajan. ¿O es que acaso los cubanos del archipiélago tenemos licencia para la anarquía?

La Resolución 54, del Ministerio de Comercio Interior, puesta en vigor en junio de 2018, esbozaba, entre los derechos de los consumidores, los siguientes:

• Recibir productos y servicios que cumplan con los requisitos de calidad, insumos del servicio y de seguridad establecidos.
• Recibir protección contra la publicidad comercial falsa o engañosa y práctica desleal de los proveedores (ocurre mucho con el comercio electrónico).
• Satisfacer sus necesidades con un adecuado y oportuno abastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad, con especial atención a los grupos vulnerables.
• La protección de sus intereses económicos, que les permita adquirir productos y servicios con adecuada relación calidad-cantidad-precios, recibir la factura o comprobante de venta en los servicios que se establezcan o se soliciten por el cliente, así como la entrega completa del dinero que excedió al efectivo entregado por el bien o servicio recibido, incluyendo la moneda fraccionaria (por suerte, el dinero magnético ha acabado con el asunto de que, “no tengo cambio”.
• Comprobar el peso del producto adquirido en el área destinada al respecto.
• Que se muestren en un lugar visible los precios de los productos y servicios que se ofertan.
• Acceder a una información veraz que posibilite elegir conforme a las necesidades, expectativas, deseos y preferencias.
• Acceder a la información sobre los requisitos a cumplir en los establecimientos en aras de un mejor disfrute de los servicios que se oferten.
• Contar con garantía, compensación, indemnización y reparación por daños y perjuicios causados, cuando corresponda.
• Que se le dispense un trato amable, transparente, equitativo, no discriminatorio ni abusivo en relación con las condiciones de calidad, cantidad, precio, peso, volumen, medida de los productos y servicios de cualquier naturaleza que adquieran.
• Que se le muestre el funcionamiento, manipulación o las propiedades de los productos ofertados.
• Estos son algunos de los Deberes de los consumidores:
• Informarse sobre las características de los productos y servicios antes de efectuar el acto de compra.
• Ejercer el derecho a defenderse ante cualquier insatisfacción en el acto de consumo.
• Manifestar su inquietud de forma respetuosa.
• Contribuir al cuidado del medio ambiente y a la protección de sus recursos.
• Respetar las normas y requisitos establecidos por el proveedor en el intercambio de bienes y servicios.
• Cumplir con las normas de conducta y cuidado de la propiedad social, acorde con las exigencias o requisitos del lugar donde adquiere el bien o servicio.

Con exigir su aplicación bastaría, aunque bien vale actualizarla y recordarla a los responsables de hacerla cumplir, de ambos lados.

En las circunstancias actuales, de crisis económica, inflación, carencias… en las que también los valores, la educación y el respeto han mellado, sería provechoso poner la mira en las resoluciones que amparan al consumidor, y estar más pendientes desde las administraciones y gerencias de que los bienes que adquirimos y los servicios todos, bastante encarecidos por cierto, al menos tengan calidad y calidez, eso no cuesta ni necesita recursos.

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