¿Golpe de Estado “en curso” contra Arévalo en Guatemala?
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Acompañado de su vicepresidenta electa, Karin Herrera, a Bernardo Arévalo se le escuchó contundente y sin titubeos. En una rueda de prensa en Ciudad de Guatemala, alegó que “está en curso” un golpe de Estado en su contra “en el que el aparato de justicia es usado para violar la Justicia misma”. Además, sentenció que “el grupo de corruptos” que se niega a aceptarlo como presidente está “burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas” el pasado 20 de agosto.
No tuvo reparos en dar nombres y apellidos de quienes estarían promoviendo el plan para impedir su posesión presidencial, la de su vicepresidenta y la de los 23 diputados electos de su bancada, el Movimiento Semilla. En su orden señaló a la fiscal general Consuelo Porras, al fiscal anticorrupción Rafael Curruchiche y al juez séptimo de instancia penal Fredy Orellana. Nombres que están vetados de visa a Estados Unidos, por aparecer en la Lista Engel como actores antidemocráticos y que favorecen la corrupción en Centroamérica. Además, apuntó a la complicidad de la Junta Directiva del Congreso de la República.
Para el abogado Edie Cux, director jurídico del organismo que en Guatemala representa a Transparencia Internacional, “hay un riesgo alto de que (Arévalo) no se pueda posesionar”. Cux afirmó para France 24 que dada “la aplanadora jurídica” contra Semilla, los grupos de poder no van a reconocer al partido político.
Resulta peligroso que el Congreso ni siquiera pueda darle posesión a Bernardo Arévalo, aduciendo que el partido no tiene personalidad jurídica o que no se cumplieron los requisitos electorales, sentencia Cux.
También entrevistado por este medio, el fiscal del Partido Movimiento Semilla, Juan Gerardo Guerrero, dijo que están preparados para el escenario en el que se bloquee la asunción de Arévalo. “No lo descartamos, aunque es totalmente ilegal y no solamente es ilegal, sino que va en contra de la legitimación del pueblo de Guatemala, y va en contra de la alternabilidad en el ejercicio del cargo de la Presidencia”, afirma Guerrero, al tiempo que plantea una contraofensiva de acciones legales en el ámbito penal.
La batalla jurídica que enfrenta al Movimiento Semilla contra la Fiscalía y el Congreso
El golpe más reciente que recibió el Partido Semilla fue en el Congreso de la República. A su bancada la despojaron del título de ‘bloque legislativo’, y en su lugar le fue impuesto el de ‘independiente’. En la práctica, los diputados de Semilla quedaron excluidos de participar de todas las comisiones de trabajo del Congreso, de las juntas de jefes de bancada y de las comisiones de Derechos Humanos. Esto traduce en que los diputados de Semilla se perderán de las grandes discusiones legislativas —como el plan de presupuesto para el año 2024 que le atañe a la nueva Administración y que está por presentarse—, y sólo les será permitido votar cuando haya plenaria parlamentaria.
Para Guerrero, “los miembros de la Junta Directiva no tenían atribuciones para tomar dicha decisión” por lo que “se estarán emprendiendo acciones legales en el ámbito penal en contra de los miembros de Junta Directiva”. Una junta que valga decirlo, es presidida por Shirley Rivera, del partido Vamos, que comanda el presidente Alejandro Giammattei. Según Rivera, era menester acatar la decisión del juez, dado que “las órdenes del juez hay que cumplirlas”.
Específicamente, Rivera hace referencia a la orden emitida por el juez séptimo de instancia penal Fredy Orellana, que suspendió la personalidad jurídica de Semilla el pasado 12 de julio, escasos días después de que se supo que Arévalo se había colado en la segunda vuelta electoral contra todos los pronósticos.
En este aspecto, el fiscal de Semilla es contundente en decir que aquella fue una decisión “en fraude de ley”. Guerrero explica que Orellana “utilizó maliciosamente la ley contra la delincuencia organizada y la ley de lavado de dinero u otros activos para hacer creer a la población que el Partido Semilla es una estructura criminal” y que por eso se les tienen que aplicar esas leyes de menor rango. Una estratagema jurídica dada la imposibilidad de Orellana de aplicar justicia desde la ley electoral y de partidos políticos, que tiene un rango constitucional, que se sale de su espectro, y que solo le compete al Tribunal Supremo Electoral.
En consonancia, Cux asegura que “el artículo 92 de la ley electoral dice que no se puede suspender ni cancelar a ningún partido político durante la convocatoria a elecciones” y que “jurídicamente esto es mucho más alto que cualquier juez de instancia que ordene suspender al partido”.
Sin embargo, esa tormenta política cesó cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) desestimó dicha orden y blindó a Semilla de un amparo jurídico hasta que termine el proceso electoral, que, según lo estipulado, se dará el próximo 31 de octubre. Pero en clara desobediencia a la resolución de la Corte, el Registrador de Ciudadanos —que pertenece al Tribunal Supremo Electoral— revivió la suspensión provisional a Semilla, confiriéndole un segundo argumento a la presidenta del Congreso para desconocerlos.
El partido de Arévalo, indignado, confía en el as que tiene bajo la manga. De acuerdo con Guerrero, tienen pendiente que la Corte de Constitucionalidad les otorgue una apelación de amparo en contra de las resoluciones del juez Fredy Orellana. “Si la CC nos otorga la apelación de amparo, se revierten todos los actos ilegales, arbitrarios y espurios que hemos estado teniendo como partido político por parte de los actores criminales y antidemocráticos”, asegura el fiscal de Semilla.
La promesa de Giammattei de colaborar con Arévalo, ante la lupa de la OEA
Minutos antes de que Arévalo denunciara un golpe de Estado en su contra, en Washington se reunieron los embajadores del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en una sesión especial para tratar la difícil situación política por la que atraviesa Guatemala. Para sorpresa de los embajadores, la sesión contó con la participación del Canciller guatemalteco, Mario Búcaro.
Tan larga como ancha, la mesa en la que participaron los embajadores de varios países del continente americano fungió como espacio para recalcar la preocupación de la región por la judicialización de las elecciones. En palabras del embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, “se urge a las instituciones, particularmente a la Fiscalía, a practicar el Estado de derecho y no el abuso de derecho”.
En dicha reunión, los diplomáticos firmaron una declaración en la que instaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a aceptar la invitación de asistir a Ciudad de Guatemala, para ser un garante de la transición de Gobierno, que comienza el 4 de septiembre con una reunión programada entre Giammattei y Arévalo.
Pero como ha ocurrido en otras crisis políticas recientes como las de Haití y Perú, el rol de la OEA ha sido más bien el de un veedor sin injerencia. El propio canciller Búcaro abogó en la reunión por el principio de la soberanía de los pueblos y el embajador argentino, Carlos Raimundi, recordó que “ninguna declaración por unanimidad puede sustituir lo que el propio pueblo de Guatemala pueda construir para su democracia”. Palabras más, palabras menos, dan a entender que lo que pase dentro de Guatemala es problema de Guatemala.
Lo que para políticos de la oposición resulta desvergonzado es la amplitud de Giammattei de abrirle las puertas de Guatemala a la OEA para observar cómo su Ejecutivo colabora con Arévalo. Porque mientras Giammattei promete una transición ordenada de Gobierno, su partido Vamos en el Congreso anula a Semilla. Y mientras la Fiscalía, que tantas investigaciones por corrupción en su contra le ha archivado, lanza en ristre contra Arévalo y compañía.
Para el fiscal Guerrero, la narrativa de Giammattei se queda en retórica y en el fondo está camuflado su objetivo. Porque dado el ataque sistemático contra Semilla de fiscales, jueces y congresistas, para Guerrero es claro darse cuenta que “su misión (la de Giammattei) es evitar que Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomen posesión del cargo”.
El propio presidente electo denuncia “golpe de Estado en curso” con más de cuatro meses de anticipación, de cara al 14 de enero de 2024. Fecha en que se podrá ver, o no, la imagen de Bernardo Arévalo portando la banda presidencial.
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