El uso racional de la energía eléctrica en Cienfuegos: corresponsabilidad en tiempos de crisis
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En medio de la actual crisis energética que enfrenta el país, la provincia de Cienfuegos implementa medidas concretas para garantizar un uso más racional de la energía eléctrica.
Como compartió el Máster en Ciencias Ariel León Valle, Coordinador de Programas del Gobierno provincial en Cienfuegos, a 5 de septiembre, desde el mes de julio y hasta diciembre de 2025 se ha notificado un plan de consumo eléctrico a 62 actores económicos privados, identificados como altos consumidores.
Esta acción forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Consejo Energético Provincial y la Empresa Eléctrica, con el objetivo de reducir el impacto de los apagones en el sector residencial y los servicios básicos, y fomentar una cultura de corresponsabilidad energética.
El plan notificado a estos actores coincide con el consumo real registrado por ellos, en igual periodo de 2024. Se trata de negocios, industrias y servicios que, por su perfil productivo o comercial, demandan un volumen considerable de electricidad.
Los datos son reveladores: el consumo promedio mensual de este grupo ronda los 3.5 MW, y algunos superan los 13.5 MW, acumulando más de 218,0 MW en conjunto en un mes. Esta cifra no solo refleja el crecimiento del sector privado en la provincia, sino también la necesidad de ordenar y regular su impacto energético.
La notificación implica que estas empresas privadas deberán ajustar sus horarios de operación y reducir cargas no esenciales. Además, expone León, deberán respetar el consumo notificado, pues su incumplimiento podría implicar el corte del servicio eléctrico hasta 72 horas, según las “Regulaciones para el control y uso eficiente de los portadores energéticos y las fuentes renovables de energía”. Esta no se trata de una medida punitiva, sino de una acción preventiva que busca proteger el equilibrio del sistema energético provincial, explica el Coordinador de Programas.
Los resultados no se han hecho esperar. Según Ariel León, solo en el primer mes de implementación de la medida (julio) se logró reducir el consumo en 66,4 MW, lo que representa un alivio significativo para el sistema y una mejora en la distribución de la carga, que además pudiera significar aproximadamente 99.2 barriles de petróleos dejados de consumir y 12 mil 600 dólares de ahorro, solamente en un mes, en la generación de electricidad.
Las cifras parecen no ser significativas, pero constituyen una manera de demostrar que siempre se puede hacer más desde cada territorio, que a los problemas hay que arrancarles un pedacito todos los días y lo peor es detenerse, como expresara el Presidente Miguel Diaz-Canel Bermúdez.
Este dato confirma que la planificación energética puede ser efectiva cuando se acompaña de diálogo, transparencia y compromiso compartido. Esta cifra no solo tiene impacto económico directo, sino que además contribuye a reducir la presión sobre el sistema energético nacional, especialmente en tiempos de déficit y restricciones logísticas.
No obstante, se reconoce que existe el riesgo latente de que algunos actores intenten burlar los planes de consumo eléctrico mediante el uso de dispositivos o manipulaciones técnicas que oculten el consumo real.
Tales prácticas, además de ser éticamente reprobables, pueden constituir delitos penales como fraude o sabotaje al sistema eléctrico. En Cuba, ya se han sancionado casos similares con penas de prisión y multas severas. En el contexto actual, donde cada kilowatt cuenta, tales acciones no solo afectan la equidad, sino que ponen en riesgo la estabilidad del sistema y la seguridad de los servicios básicos. La ética energética es tan importante como la eficiencia.
Pero el plan notificado por el Consejo Energético Provincial no se limita a la contención. Asimismo abre la puerta a soluciones estructurales. Los actores privados que deseen incrementar su consumo, más allá del límite notificado, podrán hacerlo si invierten en fuentes renovables de energía, como paneles solares o sistemas híbridos. Esta inversión estará acompañada por incentivos fiscales, en consonancia con lo legislado en Cuba: “aquellos que generen electricidad por fuentes renovables serán exonerados del pago del 35 por ciento del impuestos sobre las utilidades trimestrales al sistema tributario, hasta que recuperen la inversión”, enfatiza León Valle. Este incentivo no es menor. En Cuba, los impuestos no tienen únicamente carácter recaudatorio, también cumplen una función reguladora, redistributiva y promotora de políticas públicas.
Exonerar del impuesto sobre utilidades a quienes apuesten por la generación renovable no solo estimula la inversión privada en energía limpia, sino que reconoce el valor estratégico de esa decisión para el país. Es una forma de premiar la responsabilidad ambiental, la innovación tecnológica y la contribución al bien común.
Además, esta política fiscal se alinea con los objetivos nacionales de transformación de la matriz energética, que busca alcanzar un 25 por ciento de generación renovable para 2030. En Cienfuegos, donde ya se han instalado nueve parques solares fotovoltaicos, progresa el montaje de luminarias en el alumbrado público con celdas fotovoltaicas y se avanza hacia una mayor descentralización energética, el papel del sector privado puede ser decisivo, no como consumidor pasivo, sino como actor activo en la construcción de soberanía energética.
Este tipo de acciones refleja un cambio profundo en la gestión energética del territorio. Ya no se trata solo de producir más electricidad, sino de gestionar mejor la que tenemos: planificar, coordinar y compartir responsabilidades entre el sector estatal y el privado. De entender que, en tiempos de déficit, la eficiencia energética no es una opción técnica, sino una necesidad social.
El uso racional de la energía eléctrica exige conciencia, disciplina y visión de futuro. Exige entender que cada kilowatt ahorrado puede significar una noche sin apagón para una familia, una operación quirúrgica sin interrupciones, una escuela iluminada, una calle iluminada y más segura, un servicio público funcionando. Exige que cada actor, sea grande o pequeño, asuma su parte del compromiso, porque el uso racional de la energía eléctrica no es solo una medida: es una responsabilidad compartida que ilumina el camino hacia la soberanía.
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