Cienfuegos: ¿Un ciberespacio seguro?
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La Ciberseguridad como eje estratégico dentro de la política de transformación digital en Cienfuegos, constituye un avance en la implementación del Lineamiento 94 de la política económica y social del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la Revolución, que establece la protección del ciberespacio como fundamento de la soberanía tecnológica.
Su enfoque integral que combina aspectos técnicos, normativos y educativos, se alinea perfectamente con el Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030 y el Decreto Ley 370/18. No obstante, para alcanzar su máximo potencial debe superar importantes desafíos funcionales y estructurales.
El Decreto-Ley 360/2019 representa el pilar legal de esta iniciativa y establece requisitos claros para todas las entidades del territorio, desde organismos estatales hasta personas naturales. En el actual contexto de transformación digital acelerada, esta normativa busca proteger tanto las infraestructuras críticas como los datos sensibles contra diversas amenazas cibernéticas. Sin embargo, su aplicación práctica enfrenta obstáculos significativos que comprometen su efectividad.
En el ámbito técnico y de gobernanza, se observan deficiencias en la implementación de las medidas encaminadas a lograr este objetivo. Se observa poca percepción del riesgo al realizar el estudio para determinar las vulnerabilidades y amenazas, en muchos casos no se domina por los especialistas y directivos las normativas vigentes y no se planifican, ni se miden resultados de las acciones que se implementan, además en muchas entidades no se contrata el antivirus nacional Segurmática y en otros este se mantiene sin actualizar.
La lenta migración a software libre es otro fenómeno que predomina, provocando brechas en la seguridad de las redes al mantenerse desactualizados los sistemas operativos con software propietario. En este sentido los controles realizados por el Ministerio de Comunicaciones (Mincom) en la provincia, revelan también insuficiencias en la planificación de presupuesto para el desarrollo de los sistemas informáticos y su seguridad.
La dimensión educativa del programa muestra serias limitaciones en su ejecución. Aunque se han realizado talleres y cursos de capacitación a instancias de gobierno apoyados por especialistas de la Unión de Informáticos de Cuba (UIC) y los Joven Club de Computación y Electrónica, persiste desconocimiento sobre prácticas básicas de seguridad digital entre los funcionarios que responden por la ciberseguridad y los usuarios finales. Esta situación se ve exacerbada por la resistencia al cambio tecnológico lo que afecta la seguridad de información sensible en instituciones clave.
En el campo de la innovación, el programa ofrece oportunidades prometedoras para desarrollar soluciones nacionales mediante la colaboración con universidades y centros de investigación. Proyectos en criptografía e inteligencia artificial podrían reducir la dependencia tecnológica, pero requieren mayor apoyo financiero y coordinación institucional. Paralelamente, se mantienen problemas operativos como la falta de protocolos claros para reportar incidentes a la Oficina para la Seguridad de las Redes Informáticas (OSRI) según establece el modelo de actuación vigente en la Resolución 105/2021 de la Ministra de Comunicaciones, afectando la capacidad de respuesta ante ciberataques.
Es apremiante también fortalecer la ciberseguridad en redes domésticas y dispositivos móviles, para lo cual la población debe adoptar medidas básicas pero cruciales: utilizar contraseñas robustas y actualizarlas periódicamente, activar la autenticación en dos factores (2FA), mantener sistemas operativos y aplicaciones actualizados, evitar conexiones a redes WiFi públicas sin protección, instalar antivirus y firewalls, y realizar copias de seguridad de datos importantes. Asimismo, se debe evitar el acceso a enlaces o archivos sospechosos, especialmente en mensajes no solicitados, para prevenir ataques de phishing y malware. Es imprescindible para la ejecución efectiva de estas medidas eliminar la barrera cultural que limita la adopción de las nuevas tecnologías concretando capacitaciones dirigidas a fomentar una cultura en ciberseguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las regulaciones vigentes en la “Ley De Protección de Datos Personales” por las instituciones implicadas. Solo así se logrará un uso consciente y seguro de los recursos digitales, protegiendo no solo la información personal, sino también contribuyendo a una transformación digital más segura y eficiente.
Los beneficios potenciales que conlleva robustecer la seguridad del ciberespacio son considerables, incluyendo la reducción de pérdidas económicas y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en los servicios digitales. No obstante, estos objetivos solo serán alcanzables mediante la corrección de fallas críticas como el incumplimiento de normativas básicas y la insuficiente especialización del personal. La soberanía tecnológica que promueve esta iniciativa demanda tanto soluciones técnicas como un cambio cultural hacia la prevención.
La pregunta central sigue vigente: ¿realmente está protegido el ciberespacio cienfueguero? Aunque el marco legal es objetivo, su aplicación desigual debido a limitaciones de recursos y cultura digital plantea retos. En el actual escenario de amenazas crecientes, el cumplimiento estricto de la legislación vigente trasciende lo normativo para convertirse en una necesidad estratégica fundamental. El éxito dependerá de la capacidad para superar los desafíos mediante una ejecución coordinada y rigurosa en todos los niveles.
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