Brasil declara como constitucional el derecho “histórico” de los indígenas sobre la tierra
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El Supremo Tribunal Federal carioca reafirmó el derecho constitucional de los pueblos originarios del país sudamericano a hacer uso de las tierras que han ocupado “históricamente, tradicionalmente y en forma permanente”. La decisión fue recibida negativamente por los terratenientes y empresarios agrarios, ya que tendrán que desalojar los territorios reclamados.
Con nueve votos a favor y dos en contra, los magistrados del Supremo refutaron la tesis jurídica conocida como “marco temporal”, misma que sostiene que a las únicas tierras que tendrían derecho de reclamo los pueblos indígenas, son aquellas que habitaban para el 5 de octubre de 1988, fecha donde se promulgó la actual constitución brasileña.
Los funcionarios que votaron a favor concluyeron que, ya que el artículo 231 de la carta magna habla de territorios “originarios”, la jurisdicción de los pueblos indígenas sobre dichos terrenos antecede a la promulgación de la constitución, por lo que está misma no puede limitar el derecho de estas comunidades sobre estos.
Además, los representantes de los pueblos indígenas han argumentado que no sería correcto utilizar la fecha de la promulgación de la constitución como marco de referencia temporal, ya que dificulta la demarcación de tierras de las cuales ciertas comunidades fueron expulsadas a la fuerza, y que ahora reclaman su legítima presencia.
Compensaciones para los terratenientes
Después de anunciar su resolución este 21 de septiembre, los magistrados acordaron debatir la próxima semana sobre la posibilidad de compensar, de alguna u otra manera, a aquellos terratenientes que lleven utilizando los terrenos durante décadas, aunque por encima de la legitimidad indígena conferida por la constitución.
Para Alexandre de Moraes, ministro del Supremo, las posibles compensaciones deberían tener únicamente como objeto aquellos individuos que, de “buena fe”, hubieran pagado por sus tierras a distintas administraciones municipales, sin tener previo conocimiento de la propiedad indígena que representaban.
Entre las opciones que se barajarían está indemnizar económicamente a los terratenientes, a cambio de abandonar el territorio u otorgarle a los pueblos indígenas reclamantes una fracción de tierra con una extensión similar a la que perdieron.
Las posibles indemnizaciones no aplicarían a aquellos dueños que sacaron a través del uso de la violencia a las comunidades originarias de sus tierras, y solo serían obligados por el Estado a desalojar el terreno lo más pronto posible.
El Poder Legislativo debate el “marco temporal”
Aunque la decisión del Supremo tenga un gran peso en el escenario político brasileño, el mismo tema sigue siendo debatido en una comisión del Senado, que analiza un proyecto de ley que reconocería la legalidad del “marco temporal”, en detrimento del derecho constitucional conferido a las poblaciones originarias.
El respeto a la demarcación de suelo indígena fue suspendido momentáneamente durante el período presidencial del ultraderechista Jair Bolsonaro, que argumentaba la decisión con base en que la repartición de tierras haría “inviable” el desarrollo de la industria agrícola y cárnica, dos negocios muy cercanos al bolsonarismo.
El actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha mostrado en contra del “marco temporal”, ya que su gobierno defiende el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y busca la “justicia histórica” para aquellas.
Desde la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas mencionan que el área que le corresponde a las comunidades originarias de Brasil serían alrededor de 736 áreas repartidas por el país, lo que representa cerca del 13,75% de la extensión territorial carioca.
Con EFE y France 24
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