La acusación contra Raúl es fraudulenta y carece de fundamento legal, político y moral

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La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz y otros compañeros cubanos es fraudulenta, carece de fundamento legal, político y moral, y forma parte de la escalada agresiva de Washington contra Cuba, afirmó Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores, en el espacio televisivo Mesa Redonda.

Agregó que los hechos de 1996 que se utilizan para justificar fueron una acción legítima de defensa de la soberanía nacional ante reiteradas violaciones del espacio aéreo cubano, y cualquier intento de utilizar esta excusa contra los imputados encontrará la resistencia feroz del pueblo cubano.

Cossío situó la acción en el contexto de la escalada agresiva creciente de Washington contra Cuba durante este año. Añadió que se trata de «un acto canalla» y también de un «favor político» a una camarilla no representativa de la nación norteamericana ni de los cubanos residentes allí, pero con «influencia desproporcionada» gracias a «la naturaleza corrupta del sistema político de Estados Unidos».

Recordó que la acusación se basa en el derribo de dos avionetas que violaron el espacio aéreo cubano el 24 de febrero de 1996, a lo que añadió que entre 1994 y 1996 se produjeron «decenas de incursiones aéreas» de la organización Hermanos al Rescate.

El Viceministro aseguró que en 25 ocasiones el Gobierno cubano se dirigió por vía diplomática al Departamento de Estado y a la Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos, denunciando las violaciones y advirtiendo del peligro.

«Incluso, el 15 de enero de 1996, La Habana emitió un comunicado público en el que advertía que cualquier aeronave no autorizada sería interceptada y de ser necesario neutralizada», explicó.

Subrayó que estas violaciones no eran secretas, sino que «se divulgaban por la radio, se alardeaba de ellas». Señaló que el Gobierno estadounidense conocía, puntualmente, la incursión del 24 de febrero de 1996 desde la noche anterior y no actuó, lo que demuestra «tolerancia y responsabilidad absoluta» de EE. UU. en la pérdida de vidas.

Finalmente, el diplomático alertó que la acusación conlleva una amenaza adicional, pues Washington tiene la «práctica oscura» de usar estos expedientes para actuar militarmente contra estados soberanos. 

¿QUÉ DICE LA POLÍTICA DE DERECHO INTERNACIONAL?

Sobre lo ocurrido con la organización terrorista Hermanos al Rescate, Yusnier Romero Puentes, director de Derecho Internacional en el Minrex, refirió que la aviación civil de Cuba documentó –en aquel momento– más de 25 violaciones graves y deliberadas de su espacio aéreo, hechos que fueron denunciados formalmente ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Como ejemplo de esas incursiones ilegales, se citaron dos episodios ocurridos en 1995: el 13 de julio, cuando dos avionetas entraron en zona prohibida al norte de La Habana, sobrevolaron a baja altura y lanzaron propaganda; y el 2 de septiembre, cuando cinco aeronaves y cinco helicópteros violaron el espacio aéreo frente a Varadero.

Además, el 9 y 13 de enero de 1996 –dos meses antes del derribo de las naves–, tres avionetas lanzaron octavillas subversivas al norte de las playas Guanabo y Santa María del Mar, agregó.

Sobre estos antecedentes, el especialista en Derecho Internacional explicó que la Convención de Chicago de 1944 reconoce la soberanía exclusiva y absoluta de cada Estado sobre su espacio aéreo (artículo 1), define el territorio hasta 12 millas náuticas (artículo 2), y prohíbe el uso de la aviación civil para fines contrarios a la paz y la seguridad (artículo 4). Por tanto, la actuación de Cuba en defensa de su soberanía fue plenamente legítima.

Asimismo, en el espacio televisivo se denunció la complicidad del gobierno estadounidense: el 15 de enero de 1996 se emitió una advertencia pública a la población, y al día siguiente se envió la Nota Verbal N°45 al Departamento de Estado reiterando que cualquier aeronave no autorizada sería interceptada y neutralizada. Pese a ello, los vuelos continuaron.

Documentos desclasificados recientemente, como un memorando de la FAA del 22 de enero de 1996, reflejan que funcionarios estadounidenses admitieron su preocupación ante las violaciones y anticiparon el escenario de un posible derribo. Por tanto, la actuación de la Isla en defensa de su soberanía fue plenamente legítima.

Finalmente, se calificó como nula de derecho la imputación contra el líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, al carecer Estados Unidos de jurisdicción para juzgar hechos ocurridos en territorio soberano cubano, en violación del principio de igualdad soberana entre estados.

«El derecho internacional tiene una base sólida en la igualdad soberana de los estados. Eso significa que ambos somos iguales como Estado. En los últimos tiempos hemos visto cómo EE. UU. viola flagrantemente este principio y se atribuye una especie de jurisdicción universal en virtud de la cual se siente con el derecho de juzgar a una nación, por un hecho que ocurre fuera de su estado, lo cual francamente viola los principios básicos de igualdad soberana, que es un pilar de las relaciones internacionales», manifestó.

Romero Puentes concluyó que este no es un asunto legal, sino una acción política orientada a justificar la agresión contra el pueblo de Cuba.

UNA COMPONENDA ILEGÍTIMA

Lo que se está viviendo ahora mismo –30 años después de aquellos actos terroristas–es una componenda, aseguró el presidente de la agencia Prensa Latina, Jorge Legañoa, quien sostuvo que las acusaciones contra Raúl Castro Ruz son carentes de legitimidad. Sin embrago, están tratando de hacer creíble ante la opinión pública internacional su versión de lo acontecido, precisamente porque le están hablando a públicos que ni siquiera habían nacido es aquella fecha.

Los sucesos del 24 de febrero de 1996 se tratan de la complicidad del gobierno de EE. UU. que conocía previamente, que ese día saldrían nuevamente hacia Cuba las avionetas de Hermanos al Rescate. Luego, cuestionó Legañoa, «¿qué haría el gobierno de EE. UU. si mañana una avioneta, del país que fuera, sobrevuela Nueva York o entra al espacio aéreo de Washington D.C.? Los derribaría, como ha sucedido en varias ocasiones, como ha ocurrido con personal civil, porque han defendido su espacio aéreo», reafirmó.

UNA GUERRA CALCULADA DE ESTADOS UNIDOS PARA LIQUIDAR LA ECONOMÍA CUBANA

El viceministro de Relaciones Exteriores denunció que, junto a los actos de provocación como la imputación fraudulenta, existe «una guerra materializada concretamente, amplia y abrumadora contra el pueblo cubano». Dijo que el objetivo es «desconectar absolutamente a Cuba de la economía internacional y por esa vía destruirla».

«La víctima fundamental de todo esto es el pueblo cubano», dijo. «Es el que sufre la presión insoportable de las carencias en Cuba, la angustia cotidiana». Calificó la política de «castigo colectivo contra toda una nación».

Cossío denunció que Estados Unidos promueve una campaña «ampliamente financiada» para «desvirtuar la realidad» y tratar de que el pueblo culpe a sus propias autoridades. Ejemplificó con el combustible para el sector privado, importado en isotanques a precio duplicado, lo que encarece toda la economía nacional.

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