Precios abusivos: un ataque a la dignidad humana más allá de la legislación

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Por estos días, entre conversaciones casuales y debates encendidos, muchos me han preguntado —con tonos que van desde la ironía hasta la indignación— por qué insisto tanto en hablar del precio del arroz, los frijoles, el pollo, la yuca, el boniato, el transporte… y del papel del Estado en todo eso. Algunos me lanzan frases como: “¡Eso de regular precios es un invento cubano!”, o “¡El Estado lo único que hace es entorpecer!”. Otros, desde una resignación más caribeña, comentan: “Al final, todos los pájaros comen arroz y el totí paga las culpas”. En otras palabras: se culpa al sector privado por los abusos, mientras el sector estatal queda fuera de crítica. Pero nada más alejado del criterio de este autor, porque lo cierto es que ambos, de un modo u otro, han participado en la espiral de alzas de precios que afecta a millones de cubanos.

Por eso hoy no escribo para atacar a un actor u otro, sino para invitar a una reflexión más profunda. Porque cuando el costo de la vida se convierte en una carrera cuesta arriba para la mayoría, no basta con señalar culpables; hay que entender el sistema que lo permite.

¿Dónde nace la presión?

Aplicando el viejo principio de Pareto —ese que dice que el 20 % de las causas provoca el 80 % de los efectos— podríamos preguntarnos: ¿cuáles son los sectores que más han presionado los precios en Cuba? Las cifras no mienten. Los servicios básicos ofrecidos por el sector estatal han tenido aumentos notorios, pero es en los alimentos y el transporte donde más han sentido el golpe los ciudadanos. Y ahí, con frecuencia, dominan redes informales o privadas que operan sin controles visibles.

No se trata de negar el derecho a la ganancia, pero cuando un huevo, un muslo de pollo o una tirada en motorina desde el hermoso Prado cienfueguero hasta el barrio de Junco Sur, cuesta más que una jornada laboral, algo esencial se ha roto en la relación entre producción, distribución y consumo.

Un precio no es solo un número

Cuando una familia debe destinar el 80 % de su ingreso solo para comer y moverse, el precio deja de ser un elemento técnico o una señal del mercado. Se convierte en una barrera. En un freno. En un instrumento que marca quién tiene derecho a vivir con dignidad y quién no.

Ahí es donde hablamos de precios abusivos. No son simples aumentos: son incrementos desproporcionados que nacen del oportunismo, de la escasez, o de la falta de regulación. Y lo más doloroso es que no siempre se justifican por una subida en los costos de producción; muchas veces responden, simplemente, a lo que el vendedor calcula que el comprador está dispuesto —o forzado— a pagar.

¿Qué nos enseñan los modelos económicos?

Para entender el rol del Estado en estos casos, vale la pena mirar brevemente la historia del pensamiento económico:

– El modelo clásico, basado en Adam Smith, cree en el libre mercado como corrector natural de abusos: si un bien es muy caro, se deja de comprar, y el precio baja. Esta falacia condujo al Crack de 1929 y al desastre del modelo.

– El modelo neoliberal, promovido por Milton Friedman y otros, insiste aún más: el Estado debe reducir su papel al mínimo, confiando en que “la competencia garantizará precios justos y eficiencia”. Otra falacia que ha conducido a crisis del modelo y a desigualdades cada vez mayores en cualquier latitud del planeta, pero que cuando le conviene a las clases dominantes, han utilizado al Estado para salvar los intereses de su sistema empresarial o para salvar el estado de bienestar, temerosos de estallidos sociales.

– El modelo keynesiano,  nos dice que el mercado no siempre se autorregula, sobre todo en tiempos de crisis. Por eso, el Estado debe intervenir: para dinamizar la economía, reducir desigualdades y proteger al consumidor.

– El modelo de desarrollo económico y social cubano, en cambio, la realidad es otra: un modelo socialista que convive con apertura parcial al mercado, y que de manera explícita ha refrendado en los lineamientos de la política de desarrollo económica y social el carácter objetivo del mercado, pero donde la planificación sigue siendo la herramienta fundamental para dirigir la economía.

Para este autor, en este corto periodo de tiempo, ese híbrido aún carece de mecanismos de regulación y control sólidos. Se permite la actividad privada —legal—, pero aun no son eficaces las instituciones que regulen los precios finales de bienes tan sensibles como la leche que se desvía de su destino final, el frijol para el que no se garantizan insumos pero si tiene definido su precio de manera central o el transporte terrestre (urbano, interurbano o interprovincial) que ha quedado a merced del sector privado por diversas razones, quizás hasta por causas objetivas.

Regular o criticar no es castigar

Muchos temen que establecer límites o precios máximos sea una señal contra el empresario. Pero no es así. Regular y criticar no es criminalizar al que produce, sino proteger al que no puede pagar, que es la inmensa mayoría del pueblo.

Por otra parte, se debe reconocer que este no es un invento cubano. Existen numerosos ejemplos en América Latina, Europa y Asia donde los gobiernos han intervenido el mercado:

– En Argentina (2023–2024), el programa “Precios Cuidados” fijó precios máximos para productos esenciales y multó a quienes incumplieron.

– México (2023) sancionó a supermercados y estaciones de gasolina por precios injustificados, tras denuncias ciudadanas.

– Colombia (2024) impuso fuertes multas a laboratorios por inflar precios de medicamentos esenciales durante escasez.

– En Brasil (2024), la ANVISA reguló los precios de medicinas de alto costo, exigiendo transparencia en sus estructuras de precios.

– España (2022) sancionó a empresas eléctricas por tarifas abusivas tras la crisis energética.

– Francia (2024) congeló el precio de artículos de higiene y alimentos frente a la inflación global.

– India (2024) bloqueó la exportación de arroz y trigo para proteger el suministro y evitar especulación.

– Indonesia y Corea del Sur (2023–2024) subsidiaron energía para evitar que los precios se dispararan.

Estos ejemplos demuestran que la intervención estatal puede funcionar si es transparente, bien diseñada y socialmente responsable.

El abuso como forma de violencia

Cuando el mercado fija el precio de un paquete de pollo de solo cinco libras, por encima del salario mensual de un jubilado, no estamos ante una simple “ineficiencia económica”. Estamos ante una forma de violencia estructural. Cuando una madre cubana tiene que decidir entre alimentar a su hijo (aún con una libreta de productos básicos subsidiados por un Estado que trata de protegerla)  o pagar una carrera de taxi de su regreso del trabajo, no es libertad económica lo que está en juego, sino el acceso a derechos básicos.

En esos contextos, no intervenir no criticar o no denunciar, no es neutralidad: es complicidad.

¿Qué se puede hacer?

Un país como Cuba, que apuesta por la justicia social, no puede naturalizar los precios abusivos. Por tanto para este autor resulta urgente utilizar buenas prácticas que se utilizan en otros rincones del planeta, con modelos quizás “menos  humanistas” que  el modelo que tratamos de construir en Cuba:

– Diseñar mecanismos públicos de control y transparencia, tanto en el sector estatal, el sector cooperativo, como en el privado.

– Establecer canales eficaces para recibir y procesar denuncias de consumidores.

– Definir precios máximos en bienes esenciales.

– Incentivar la producción, pero condicionada al respeto de márgenes éticos de comercialización.

– Promover educación económica ciudadana, para que cada persona conozca sus derechos como consumidor y agente económico.

Pensar el mercado desde lo humano

Un mercado que expulsa no es sano. Un precio que excluye no es justo. La libertad de vender y comprar pierde su valor cuando no está acompañada de reglas claras, justicia distributiva y responsabilidad social.

No se trata de atacar a un sector ni de santificar al otro. Ni el Estado debe cerrarse a las señales del mercado, ni el mercado puede actuar al margen del bien común. Quizás ese sea nuestro dilema. Como tantas cosas en la vida, se trata de equilibrio, pero también de principios y es ahí donde  corresponde a la planificación ejercer su papel.

El tema no es si el arroz debe costar 100 o 200 pesos. El tema es si podemos construir un sistema donde el arroz, el pollo, el frijol o el transporte sean accesibles sin poner en riesgo la dignidad. Donde quien produce tenga beneficios justos (sea del sector que sea), pero no a costa de quien apenas sobreviven. Porque como dice una vieja frase: la economía debe servir a la gente y  no al revés. No  pretendemos tener la verdad absoluta, pero eso no significa que debamos dejar de estudiar, de leer,  de pensar y de debatir. Y si algo necesita esta isla, es pensamiento crítico… incluso para entender por qué el arroz cuesta lo que cuesta.

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