Urgencias para gestionar el cambio

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La avalancha de legislaciones que han acompañado a la actualización del modelo económico cubano a veces desbordan la posibilidad de mantenernos actualizados o nos llevan a interpretarlas cada una de manera independiente, omitiendo en no pocas ocasiones su integración con el resto.

Resulta que en los últimos ocho años se han emitido más instrumentos jurídicos que los que se emitían en décadas anteriores. Esto, por supuesto, no justifica su incumplimiento, pues como reza uno de los principios del derecho: “el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento” (ignorantisjuris non excusat).

Urge entonces a funcionarios, empresarios, sindicalistas, técnicos, especialistas, obreros y trabajadores de cualquiera esfera económica y social en Cuba, apropiarnos de estos conocimientos (priorizando la autopreparación).

Lo anterior pudiera parecer algo sabido y “requetesabido”; pero una cosa es decirlo, otra es interiorizarlo y posteriormente materializarlo o mejor dicho: “una cosa es con guitarra y la otra es con violín”. Es que algunos cargamos con las rémoras de un contexto económico y social pasado y nos olvidamos de lo que ya legislamos, lo cual además se corresponde con el período histórico de construcción del socialismo en Cuba. También existe una tendencia a confundir algunos términos, ya sea por desconocimiento o por omisión consciente (porque nos traiciona el subconsciente).

Todo lo anterior conduce a que los cambios, las transformaciones, la implementación de medidas o la completa actualización del modelo (como queramos llamarle), retarden sus pasos y no se logren materializar con la urgencia que todos demandamos. De estas urgencias necesarias no escapan la autonomía municipal; el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista; las medidas para incrementar la producción de alimentos; la necesidad de alcanzar la eficiencia que requiere el proceso inversionista o los beneficios que esperamos con la implementación del mercado cambiario, entre tantas otras.

Si de ejemplos se trata, es conveniente abordar en primer lugar las lagunas existentes en el reconocimiento de las formas de propiedad aprobadas y las diferencias de cómo deben ser gestionadas.

Pudiéramos empezar reconociendo que algunos (aunque ya sean menos) siguen hablando de la propiedad social sobre los medios de producción y no acabamos de entender que en nuestra Carta Magna se reconoce la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, en la que el Estado actúa en representación y beneficio del pueblo como propietario (la propiedad estatal), junto con otras cinco formas de propiedad: la cooperativa, la asociativa o de las instituciones, la personal, la privada y la mixta.

Unido a lo anterior, debemos esclarecer que no se trata de maximizar un tipo de propiedad sobre las otras, sino que debe tenerse en cuenta que todas interactúan en similares condiciones, según reza la ley.

Tal es el caso de las cooperativas, forma de propiedad que no la inventamos en Cuba, pues los principios para su gestión se remontan a 1844 en Inglaterra con la llamada Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, pionera en distribuir entre sus socios los excedentes generados por la actividad económica (que no es lo mismo que salario, como incorrectamente algunos funcionarios y hasta socios de cooperativas cubanas lo han nombrado). Esta cooperativa inglesa marcó el inicio del cooperativismo moderno y desde esa época, la teoría del cooperativismo se ha enriquecido con un importante caudal metodológico.

Por supuesto que de estas técnicas debemos beber para lograr que las cooperativas cubanas, desde las que fueron aprobadas en los primeros años de la Revolución cubana en la agricultura (CPA, CCS y UBPC incluidas), hasta las aprobadas en este último periodo (las llamadas CNoA o Cooperativas No Agropecuarias) se fortalezcan y perfeccionen su desempeño con mayores resultados.

Por otra parte, el reconocimiento constitucional de la propiedad privada como una forma complementaria en nuestra economía, es un elemento importante que debemos aprender y aprehender (con h), despojándonos del eufemismo de nombrarla como “no estatal”, tal como en muchas ocasiones ha ocurrido en nuestros medios de difusión. En primer lugar, así no se nombra este tipo de propiedad ni en la Carta Magna ni en las leyes que se han emitido. De igual modo, el resto de las formas de propiedad que se aprobaron tampoco son estatales, por lo que no hay que establecer tal discriminación o diferenciación.

El otro elemento a tener en cuenta es que este tipo de propiedad se ha vinculado para su gestión con la aprobación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y con los trabajadores por cuenta propia, anteriormente. Y me refiero a gestión y no a propiedad, porque también se aprueba gestionar Mipymes estatales.

Ahora bien, debemos soltar los lastres y no contentarnos solo con tener o no tener más o menos cantidad de las llamadas Mipymes. Debe darse la razón a que este tipo de gestión empresarial (sea privada o estatal) tampoco es un invento cubano y que su aprobación persigue el objetivo de alcanzar eficiencia en nuestro sistema empresarial, como ha ocurrido con la experiencia internacional de su implementación.

El surgimiento de las Mipymes data de la década del ’50 en la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial y aplicando un Plan Marshall para su recuperación. Posteriormente, en la década del ’60 del siglo XX en Japón, florecieron al aplicar el sistema empresarial nipón, la filosofía de Joseph Juran y la de la Calidad Total y el Kaizen, de William E. Deming (al que los japoneses llaman “El padre de la tercera revolución industrial”) para su gestión. Estas doctrinas rindieron sus frutos e implicaron un nuevo paradigma organizacional en el espacio económico japonés, con la tercerización de las grandes empresas transnacionales, subcontratando a un conjunto de Mipymes. Esto a su vez permitió que estas grandes empresas fueran cada vez más competitivas a nivel mundial.

Ulteriormente, en la década de los ’80 y con el advenimiento del arquetipo neoliberal, las Mipymes encontraron su esplendor en todas las latitudes y, aunque su desempeño por regiones no es proporcional, es innegable su impacto en el contexto económico mundial. Actualmente, representan el 90 por ciento de las empresas existentes a nivel global, emplean el 50 por ciento de la mano de obra y participan en el 50 por ciento del PIB universal.

Entonces el asunto no es tener más o menos nuevos actores, como si de una emulación se tratara. Se necesita tenerlos, acompañarlos y medir los resultados de su gestión. Por eso no basta con la forma en que se aborda este programa en nuestros medios o al consultar la Plataforma de Actores Económicos del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) u otros informes al respecto, pues con estos guarismos nos quedamos con las dudas de su impacto en la economía cubana y del territorio.

En estos textos se reconoce que en Cuba (desde septiembre de 2021 hasta la fecha) se han aprobado 5 mil 061 nuevos actores y que de ellos, en Cienfuegos son 98 (96 privados, una cooperativa y solo uno estatal). También se explican los posibles empleos que pudieran generarse. Esta forma solo descriptiva (aunque necesaria por supuesto), contribuye a que algunos no podamos inferir su relación (positiva o negativa) en la implementación de las políticas y medidas que se aprueban en el país.

Si sabemos que según establece la legislación, las CNoA, CPA, CCS, UBPC y las MIPYMES privadas y estatales están obligadas a informar al sistema nacional de estadísticas en cada municipio con indicadores bien definidos (además del trabajo que compete a los organismos rectores de políticas a ese nivel), entonces se trata de conocer su impacto en las líneas estratégicas aprobadas en las Estrategias Municipales de Desarrollo y cómo responde su creación a dar respuestas a los problemas de cada localidad.

Si conocemos que a nivel internacional las Mipymes tienen una vida promedio de 3 años, entonces debemos preguntarnos qué incentivos se están aplicando, cuáles faltan por aplicarse y cuál es el acompañamiento que han tenido, para no lamentar la extinción prematura de algunas (como ya ha ocurrido con dos de ellas en Cienfuegos, sin que hayan cumplido su primer año de vida) y garantizar una “esperanza de vida al nacer” similar o superior a la media internacional.

Se requiere, además, conocer cómo la empresa estatal socialista del municipio ha logrado terciarizar sus servicios con ellas, subcontratándolas y fomentando los llamados encadenamientos productivos que les permita ser eficientes. Conocer cómo se materializa el vínculo Universidad-Empresa en estas formas de gestión o cuántas Unidades Empresariales de Base y establecimientos en los municipios, con escasa o nula autonomía e ineficientes, se han convertido en Mipymes.

Por tanto, no es solo conocer qué beneficios reciben los trabajadores y socios de las Mipymes y cooperativas de cualquier tipo (algo importante, por supuesto), sino que se trata de conocer y analizar cómo impactan en el incremento de ofertas de productos y servicios en la red de comercio interior y su impacto en el desarrollo de las comunidades en que radican; en el incremento de sus aportes al presupuesto local, en la disminución del déficit fiscal y de la espiral inflacionaria. Se requiere evaluar su participación en las exportaciones y en el autoabastecimiento de alimentos municipal o en cómo todo lo antes expuesto, redundará en la posibilidad arribar con la urgencia deseada, al punto B de la trayectoria trazada por el compañero Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y ministro del MEP en la Mesa Redonda del pasado 3 de agosto de 2022, al abordar la implementación del mercado cambiario.

Para muestra, un botón; pero este revela que los instrumentos jurídicos que complementan la actualización del modelo económico cubano y las medidas que se aprueban para la recuperación económica del país no pueden verse aisladas. Por tanto, urge aprender y aprehender para gestionar el cambio que deseamos y corrigiendo de manera oportuna las deficiencias que afloren en la práctica. Parafraseando al escritor y sociólogo norteamericano Alvin Toffler: “Los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender”.

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