Raúl Castro Ruz: dignidad y resistencia ante el acoso imperial
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La figura del General de Ejército Raúl Castro Ruz no puede entenderse sin situarla en el contexto de la amenaza constante que ha sufrido Cuba por parte de Estados Unidos durante más de seis décadas. Desde la victoria revolucionaria de 1959, la isla ha sido objeto de una guerra irregular que incluyó invasiones mercenarias como Playa Girón en 1961, intentos de asesinato a sus líderes, bloqueo económico criminal y una incesante campaña de desestabilización. En este escenario, Raúl Castro heredó junto a Fidel la responsabilidad de defender no solo un proyecto social, sino el derecho más elemental de cualquier nación: la legítima defensa.
Cuba, como Estado soberano, ha ejercido ese derecho ante agresiones reales y documentadas. El propio Raúl, como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) durante décadas y luego como presidente de los consejos de Estado y de Ministros desde 2008 hasta 2018, fue arquitecto de una estrategia militar defensiva pero disuasiva. Su liderazgo garantizó que ningún enemigo externo pudiera quebrantar la independencia conquistada. Aquí donde algunos pretenden ver “dictadura” o “autoritarismo”, los cubanos vemos dignidad y firmeza, las únicas herramientas posibles para sobrevivir al vecino más poderoso del mundo, que jamás ha aceptado la existencia de una revolución en su patio trasero.
Un capítulo crucial para entender la justicia de esa postura defensiva es el caso de Hermanos al Rescate. Esta organización, presentada por las cadenas hispanas de Estados Unidos y la gran prensa europea alineada con Washington como un grupo humanitario dedicado a salvar vidas en el estrecho de la Florida, tiene en realidad un historial criminal sobradamente documentado. Fundada por José Basulto, un agente vinculado a la CIA y participante en acciones violentas contra Cuba, la organización violó sistemáticamente el espacio aéreo cubano en vuelos de provocación. Lejos de salvar náufragos, lanzaban panfletos incendiarios y sobrevolaban áreas pobladas con clara intención de desestabilización. El derribo de dos de sus aviones en 1996, tras reiteradas advertencias, no fue un acto de agresión sino la legítima defensa del espacio aéreo nacional, algo que cualquier país del mundo habría hecho. Raúl Castro, entonces Ministro de las FAR, respaldó esa acción necesaria. La hipocresía de esos medios quedó al desnudo cuando condenaron a Cuba pero ignoraron las violaciones continuadas del derecho internacional por parte de los pilotos de Basulto.
En ese marco de hostilidad permanente, no sorprende que el imperio quiera llevar al General de Ejército ante tribunales estadounidenses. La pretensión de enjuiciar a Raúl Castro en Estados Unidos carece del más mínimo fundamento legal. Ningún tribunal de ese país tiene jurisdicción sobre un jefe de Estado extranjero por actos realizados en el ejercicio de su soberanía y en defensa de su pueblo. Se trata de una persecución política disfrazada de justicia, comparable a pedir que un comandante estadounidense sea juzgado en La Habana por los bombardeos a civiles en Vietnam o Irak. El derecho internacional es claro en cuanto a la inmunidad soberana, y casos como este evidencian la vocación de Washington de erigirse en juez mundial, violando por sistema la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La conducta de Estados Unidos hacia Cuba, sin embargo, no se limita a tribunales ficticios. Las órdenes ejecutivas presidenciales —desde la de Eisenhower que inició el bloqueo hasta las de Trump que lo recrudecieron con 243 nuevas sanciones—, junto con el constante intento de romper la posición común del Parlamento Europeo respecto a Cuba, configuran un caldo de cultivo peligroso. La Unión Europea, gracias a la posición común adoptada en 1996 (derogada finalmente en 2016 pero que durante años condicionó sus relaciones), mantuvo un diálogo crítico con la isla. Que Washington haya presionado sistemáticamente para endurecer esa postura revela su obsesión por aislar a Cuba. Todas estas acciones —el bloqueo extraterritorial, la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo (sin evidencia alguna), el financiamiento de programas de “cambio de régimen” a través de USAID— no son otra cosa que el preámbulo para justificar una eventual agresión militar directa.
La invasión de Panamá en 1989, la de Granada en 1983 y tantas otras intervenciones disfrazadas de “defensa de los derechos humanos” muestran el método: demonizar al gobierno, fabricar pretextos, aislar diplomáticamente al país, y luego asestar el golpe militar. Raúl Castro entendió esto mejor que nadie. Por eso, durante su mandato, impulsó una modernización de las FAR, manteniendo el concepto de “guerra de todo el pueblo”. Nunca se trató de belicismo, sino de la certeza de que un imperio acostumbrado a invadir naciones pequeñas solo respeta la fuerza disuasiva.
Al concluir su desempeño como presidente en 2018, Raúl Castro dejó una obra tangible: la continuidad de la Revolución en su momento más complejo (el relevo generacional, la actualización del modelo económico, la recuperación del diálogo con Estados Unidos durante la era Obama, roto luego por Trump). Pero su legado fundamental es político-moral: no haber cedido jamás ni un ápice en la defensa de la soberanía. Cuba sigue siendo un país bloqueado, calumniado y amenazado, pero erguido. Y gran parte de esa resistencia tiene el rostro sereno y la firmeza del General de Ejército que, en compañía del Comandante en Jefe, se convirtió en el guardián de la dignidad cubana. Mientras Washington persista en su designio de destruir la Revolución, la figura de Raúl Castro seguirá siendo un bastión y un recordatorio de que la legítima defensa no es un delito, sino el más sagrado de los derechos cuando se defiende una nación pequeña contra el poderío de un imperio.
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