Las medidas y el camino empedrado

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Las nuevas medidas aprobadas para impulsar la economía han tenido repercusión en las redes sociales, en la voz de académicos histriónicos o de hipercríticos, y en otras voces que se hacen eco de las demandas justas de la población en las redes sociales, en medio de un parque, en el barrio o el centro laboral. Los más pesimistas tratan de transmitir sus “preocupaciones” explicando que estas son medidas rentistas que no fomentan las producciones y solo se centrarán en el control y el ataque del Estado a la nueva forma de propiedad privada; las tildan de sorpresivas y similares a un paquete neoliberal o las consideran un fracaso, mucho antes de su puesta en práctica; sin embargo, la inmensa mayoría de estas se lanzan desde las mismas tribunas que han impuesto la tesis de Lester D. Mallory y su garrote vil y no buscan resolver el problema. Por otra parte, las voces honestas expresan su justa y legítima  preocupación sobre su posible impacto en el incremento de los precios, la tendencia creciente de la inflación, y sobre la cada vez más deprimida capacidad del bolsillo de diferentes sectores sociales o sobre la necesidad de implementar el programa de estabilización macroeconómica con reformas estructurales y un rediseño del sistema cambiario, mientras reconocen que el camino es empedrado, agreste y lleno de marabú, pero sin renunciar a corregir las distorsiones monetarias que han afectado la economía cubana.

Para su mejor comprensión, su implementación busca rectificar distorsiones en el re-ordenamiento monetario y económico que están presentes, algunas como parte de deficiencias recientes y otras son de larga data. Las deformaciones de la macro economía, como el elevado e insostenible déficit fiscal que en el último año muestra altos niveles (con dígitos cercanos al 16 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2023), han sido persistentes en el último decenio, con cifras superiores al 5 por ciento desde el 2015. Estos resultados son un factor determinante para mantener controlada la inflación y en cualquier otra latitud, implicarían recortes del gasto público (salud, educación, etc), según las recetas establecidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), los decálogos del Consenso de Washington o las teorías de Frederich Hayek, Arnold Harberger y Milton Friedman, los Chicago Boys y la escuela monetarista; pero que en el caso del proyecto social cubano, nunca han sido ni serán el camino.

El déficit ha estado acompañado de una contracción del PIB de un 2 por ciento en el 2023, después de un decrecimiento del 11 por ciento en 2020 tras el impacto de la COVID 19 (cuando se priorizó la vida de las personas a todo costo), los crecimientos “anémicos” que se alcanzaron post COVID, en medio de la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y además, bajo el efecto  de la ineficiencia del sistema empresarial estatal. Así, durante el 2021 y 2022 la oferta agregada o PIB real, se ha visto cada vez más alejada del PIB potencial y por supuesto, de la satisfacción de la demanda agregada de la economía. Paradójicamente, estos resultados han estado acompañados a su vez de una situación de  pleno empleo que requiere la aplicación de medidas correctivas, pero que en el contexto cubano no implicarían el despido masivo de trabajadores, como la mejor fórmula que si aplican otros modelos económicos.

Ante esta situación y en medio de una guerra económica longeva, anacrónica, injusta y asfixiante: ¿qué hacer? Las medidas hasta ahora anunciadas tratan de eliminar el déficit con la reducción de subsidios que son insostenibles e injustificados (en algunos portadores energéticos y en el transporte) y por otra parte, con acciones que fomentan la producción de bienes y servicios a través de rebajas de aranceles que estimularían las producciones del sector secundario de la economía, el encadenamiento con otros sectores y añadiendo valores en los eslabones de estas cadenas productivas.Otras medidas buscan ordenar al sector privado y promover la creación de nuevos actores económicos (estatales y privados) a escala municipal, lo que implicaría no solo contar con un entramado empresarial a este nivel que contribuiría al perfeccionamiento del sistema empresarial estatal y a la producción de nuevos bienes y servicios que demanda la población, sino que permitirá incrementar los ingresos financieros del presupuesto local y transformar los resultados a este nivel, que en muchos municipios son presupuestos deficitarios. Por ejemplo, en el caso de Cienfuegos, al cierre del año 2022 y 2023, solo el municipio cabecera (Cienfuegos) obtuvo superávit al cierre del ejercicio fiscal. El resto (siete municipios) cerró el ejercicio fiscal en ambos años, con Déficit presupuestario, pues  los gastos fueron superiores a los ingresos financieros. Es justo reconocer que de estos gastos, a escala municipal en Cuba, más del 65 por ciento se dedica a financiar la educación, la salud y la asistencia  social, por lo que defender los ingresos al presupuesto municipal es también defender las conquistas de la Revolución.

Pero estas medidas no son una varita mágica, y esa si es una preocupación del pueblo. Cuando aprueba que los gobiernos municipales tendrán la facultad de aprobar a los nuevos actores económicos de su localidad, esto requiere preparación para asumir las facultades y procedimientos metodológicos que no conduzcan a deformaciones de la política aprobada; o cuando se reconoce, por ejemplo, que no se ha capacitado lo suficiente ni se ha exigido para implementar las fichas de costos por todos los actores económicos, hay que reconocer que existen responsables que deben estar revisando qué van a hacer para transformarlo. O cuando se anuncia que  los transportistas privados podrán comprar el combustible a precios mayoristas y no puede implicar el incremento de los precios de estos medios de transporte; detrás de su implementación correcta existen empresarios e inspectores y otros funcionarios, que deben ajustar sus herramientas de trabajo para lograr que no ocurran deformaciones. O cuando se explica que nadie quedará desamparado y que se protegerá a los más vulnerables, esto no se logra haciendo “lo mismo con lo mismo” como dicen algunos, sino que el papel del trabajo social y el comunitario deben ser más efectivos, reconociendo dónde existe la pobreza o la vulnerabilidad multidimensional y dónde está el que no requiere la misma atención, porque sus ingresos les permitirán asumir los incrementos a la tarifa eléctrica o a carga tributaria que se aprueba.

Es que, implementar estas medidas para impulsar la economía requieren inevitablemente transitar por esos camino agrestes y empedrados de los que hablan las voces honestas e implicarán modificar las formas de actuación y estilos de dirección de todos los actores locales que tienen responsabilidad en ello, porque sin lugar a dudas hay mucho machete que dar todavía; pero siempre, con la participación del pueblo.

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