Empresas y comunidades: ¿quién firmó el divorcio?

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“Aquí, con la cantidad de papa que tenemos en los campos, si no vamos y nos la robamos, prácticamente no la vemos”. Tal fue la aseveración de una moradora del asentamiento de Horquita, en el municipio de Abreus, durante un recorrido que involucró a la prensa local. Apenas habíamos dejado atrás, y bien cerca, las tierras del polo agrícola más importante de la provincia, donde los sacos del tubérculo aguardaban por la recogida.

La confirmación del hecho llegó de inmediato cuando visitamos la Casa de Abuelos y la unidad del Sistema de Atención a la Familia del propio poblado. En los menús ofertados a los comensales ―la mayoría, ancianos y personas en situación de vulnerabilidad―, la patata brillaba por su ausencia, y el resto de las viandas también. Incluso, para esa fecha, ya en la cabecera provincial se había comercializado la segunda vuelta de papa, mientras en Abreus esperaban todavía por la primera.

Sin embargo, los indicadores económicos de la Empresa Agropecuaria Horquita reflejaban sobrecumplimientos en ventas superiores a los 30 millones de pesos con relación al plan estimado para el primer trimestre del actual año, el mejor comportamiento del último lustro. Lo visto hizo preguntarnos entonces cómo se explican semejantes divorcios.

Nadie pone en duda que Horquita es hoy una de las entidades de mayor solidez dentro del sistema de la agricultura, pero su proyección social y comunitaria, al margen de encargos asignados, resulta limitada. Como otros enclaves de la provincia, la atadura de cuanto produce a demandas nacionales obstruye el impacto y la transformación que pudiera generar allí donde reside. Los niveles de centralización de nuestra economía, con pensamientos aún inmersos en dinámicas burocráticas, coartan la responsabilidad empresarial y las posibilidades reales de autonomía en los municipios.

Condiciones bastante parecidas encontramos en La Milpa, un asentamiento costero localizado a poca distancia del Hotel Pasacaballos en la Perla del Sur. Una nota de prensa publicada en la edición digital de este periódico reseñó el cúmulo de dificultades que afrontan sus pobladores, las cuales obedecen a la falta de servicios básicos. En este asunto no pueden soslayarse las obligaciones gubernamentales, pero si muy cercano al sitio existe una instalación turística emblemática, ¿acaso no le corresponde actuar sobre dicho problema? ¿Hasta qué punto lo hace?…

En Guabairo, otra comunidad del municipio cabecera, tropezamos con circunstancias análogas. Este pueblo alberga una de las industrias más grandes del país, la Fábrica de Cementos Cienfuegos, y entre la aglomeración de planteamientos de sus vecinos, a la espera de soluciones, observamos que allí el fondo habitacional tampoco es del todo sólido.

Si miramos más allá nos sorprenderíamos de cuán regulares son estas incongruencias. En muchos casos, asistimos a empresas que viven tan de espaldas a los entornos donde obran, que ni siquiera generan empleos para la población aledaña y utilizan transporte, y combustible ―recurso deficitario en Cuba―, para mover a sus trabajadores desde la ciudad.

El tema alcanza mayor preeminencia, a partir de la acentuada ruralización del país, otro de los desvelos del Gobierno. Las acciones de transformación en barrios y asentamientos vulnerables ―un gran número de ellos suburbanos y rurales― han comprometido a entidades y organismos en la respuesta a viejos problemas; ahora, se requiere que esas intervenciones funcionen no solo al calor de una estrategia política y gubernamental, sino como parte de un deber público.

No caben ni se justifican en la realidad cubana situaciones casi de abandono, cuando a escasos metros existe una fábrica, empresa o instalación del turismo que tiene por obligación que proyectarse hacia el escenario que la rodea, en la atención a las necesidades más urgentes, y en busca de potencialidades por explotar. De lo contrario, ningún valor tiene presumir de la “excelencia” de resultados económicos, si la tarea social está ponchada.

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