Cuba y sus nuevas leyes en la mirada de juezas de Cienfuegos
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En nuestro país se ha cumplido un intenso cronograma legislativo. Numerosas leyes han visto la luz en los últimos tiempos; pero no es menos cierto que, en ese entramado, lo concerniente a la reforma procesal y judicial ha sido un punto trascendente.
El Tribunal Supremo Popular, en representación el sistema de tribunales cubanos, ha presentado a la consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular nueve proyectos de legislaciones, “algunas de las cuales ya han sido puestas en vigor a partir del 1 de enero de 2022 y analizamos frecuentemente cómo marcha su implementación porque son las leyes procesales”, explica la vicepresidenta del Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos, Yisel López Rodríguez
“También fueron puestas a consideración y aprobadas, pero aún no entran en vigor (lo harán una vez publicadas en la Gaceta Oficial) las leyes sustantivas; es decir el Código Penal, la Ley de amparo de los derechos constitucionales y la Ley de ejecuciones, pero en todo eso han jugado un papel muy importante los jueces pues los proyectos han sido fruto de muchas investigaciones científicas desde hace muchos años.
“Estas leyes se parecen a la Cuba de hoy, a las relaciones y los conflictos que son la pauta de la cotidianidad que tienen los cubanos. Todas estas legislaciones refuerzan, por supuesto, el universo de garantías y derechos que fueron aprobados en la Carta Magna en abril de 2019”, reafirma López Rodríguez.
Con tales consideraciones coincide la también jueza, Yaisery Brunet Romero, presidenta de la Sala de lo Civil, Familia, Administrativo, de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal cienfueguero.
“ (…) para reforzar el acceso directo de los ciudadanos para reclamar por derechos que son de tipo constitucional, es una novedad el desarrollo del artículo 99 de la Carta Magna para poder reclamar directamente, pues no tienen salida en otras legislaciones como pudieran ser el Código de familia, en breve Código de las Familias, ni el Código Penal, el Código Civil ni el administrativo; o sea, son derechos puramente constitucionales y que también requieren de un acceso directo y una aplicación para poder ser reclamados y encauzados y entonces es que viene, en ese sentido, la Ley de amparo de los derechos constitucionales”.
Explica Brunet Romero que, desde el punto de vista organizativo, ya está creada, para cuando la Ley de Tribunales de Justicia entre en vigor, la sala que, a nivel provincial, atenderá los casos referidos a esos temas
Derecho Penal, también reforzado
Desde enero se ha implementado la Ley del Proceso Penal; pero no es menos cierto que la reciente aprobación del Código penal, cuya entrada en vigor será a partir de su publicación en la gaceta oficial, viene a profundizar ese ámbito del Derecho.
“En ese sentido refuerza el tratamiento penal que se le concede a las personas menores, entre 16 y 18 años de edad, y tiene que ver también con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño; es decir viene a reforzar el texto constitucional de conjunto con todos los tratados internacionales de los que Cuba es signatario y es parte”, explica Yanet Castillo Delgado, presidenta de la Sala penal Primera del Tribunal provincial de Cienfuegos.
“Tiene, además, un enfrentamiento especial en su articulado, desde el Derecho Penal, a la violencia de género y familiar y a todas las formas de discriminación. Establece, en ese sentido, una regla especial de adecuación para delitos cometidos con violencia de género o familiar y esto, por supuesto, posibilita una respuesta sancionadora acorde con la naturaleza del hecho de que se trate, incrementa los límites del marco sancionador y también se refuerza, entre otras cuestiones, el enfrentamiento a la corrupción económica y administrativa tan importante en este momento”, al tiempo que los marcos sancionadores de algunos delitos que integran esa familia se atemperan a las nuevas circunstancias y al nuevo escenario económico imperante en el país”, amplía Castillo Delgado.
“De igual forma se incrementan cuatro nuevas familias de delitos que tienen que ver con las telecomunicaciones, las tecnologías de la información yla comunicación, el medio ambiente y el ordenamiento territorial, la dignidad humana y la creación intelectual”.
“Lo procesal viene acompañado de lo sustantivo, pero para completar está también el tema de la ejecución; es decir, cómo tenemos la altísima responsabilidad de que ese derecho reconocido en la Constitución, que tiene todo establecido de manera sustantiva, que tiene su cauce y su tratamiento en la Ley del proceso penal, puesta en vigor a partir del 1 de Enero, y próximamente el Código Penal viene a completar esta ejecución porque las resoluciones judiciales se dictan para que sean cumplidas en los plazos coherentes, en que establece la ley deben cumplirse”, expone la vicepresidenta del Tribunal Provincial.
En opinión de Yisel resulta novedoso el enfoque de género en la Ley de ejecución penal: “primero porque la inclusión del enfoque de género en las ejecuciones penales tiene que ver con la no victimización de esas personas, para la ubicación de los reclusos en los establecimientos penitenciarios y un tratamiento educativo, médico y especializado diferenciado por razón de género. Es decir, que viene a completar todo el tema sustantivo y cómo va a ser en la proyección del cumplimiento de esa pena la perspectiva de género.
“Otros de los elementos que se refuerzan con esta ley es el pago de la cuantía de la responsabilidad civil que tiene como requisito establecido que el impago de esta obligación puede llevar la revocación de la persona y no ser beneficiado, por ejemplo, con la excarcelación anticipada; se refuerza, asimismo, la protección de la víctima, mediante fórmulas estimulatorias y conminatorias para que los sancionados cumplan la responsabilidad civil y resarzan los daños ocasionados; además de asegurar la efectividad de la prohibición de acercamiento al sancionado en virtud de la sanción accesoria impuesta”.
Nuevas leyes, mayores retos y un mismo objetivo
“No son pocos los retos, porque ninguno de los que ejercemos tenemos un ejercicio práctico, por ejemplo, en el Derecho constitucional, pero ha sido intensa la preparación en todo el país, incluso con maestrías en Derecho constitucional y administrativo”, dice Yaisery, quien defina como ardua la tarea a acometer.
“Pero es muy bueno que así sea, acota la presidenta de la Sala de lo Civil, Familia, Administrativo, de Trabajo y Seguridad Social, porque eso —de alguna manera— evita que haya contradicciones, pues el ordenamiento jurídico tiene que ser coherente con la Constitución y los Tratados internacionales de los que Cuba es parte y así se evidencia en los textos de las leyes aprobadas, tanto procesales como las sustantivas que implementan los derechos”.
En opinión de la presidenta de la Sala Penal Primera, la preparación es trascendental porque “si bien las nuevas leyes, en este caso el Código Penal ha sido estudiado por todos los juristas; lo cierto es que se requiere la profundización de la misma y para ello no se dispone de un gran tiempo; de manera que una vez que entre en vigor hay que estar en condiciones de aplicarla efectivamente.
“El reto es mayor porque además de los jueces es vital la preparación del resto de los operadores del Derecho y los organismos con vinculación para poder ejecutar las decisiones judiciales que en la materia penal se adopten por el Tribunal.
“A pesar de muchas leyes y varios los organismos implicados, todas están en función de que la reforma procesal se lleve a cabo en un tiempo prudencial, significa Yanet; mientras que Yisel insiste en “se impone el estudio constante de todas esas leyes novedosas que se han puesto a nuestra disposición para que exista el cauce legal, con calidad y responsabilidad para dar repuesta a los disimiles problemas que puedan presentarse”.
Sin dudas, diversas son las legislaciones aprobadas en el ámbito judicial y procesal en nuestro país, las cuales se atemperan a nuestra realidad; mas las leyes no existen solo para reflejar la realidad tal cual, sino para potenciar lo que debe ser cambiado para avanzar como sociedad.
Transitar por el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en el articulado de cada uno de los documentos legales es el mayor de los retos tanto de los operadores del Derecho como cada uno de los ciudadanos. Sea, pues, ese el camino para seguir adelante.
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