No solo establecer tarifas máximas en el transporte
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En los últimos tres años, al menos tres resoluciones de precios máximos para el transporte privado han sido publicadas y puestas en vigor en la provincia de Cienfuegos. Según reportes de nuestro propio periódico, en febrero de 2020, en diciembre de 2021 y, la más reciente, en este mes de junio de 2023.
Cada una ha obedecido, en su momento, al contexto económico donde han nacido y, fundamentalmente, a las recurrentes quejas de la población sobre los precios de ese servicio vital. Lo que ocurre con las sucesivas resoluciones, concertaciones de precios, tarifas máximas, es que casi siempre a mediano y largo plazo quedan engavetadas, sin seguimiento y control de su aplicación.
No pasa únicamente con el transporte. Sobre los productos agropecuarios podría también escribirse una saga de tarifas incumplidas, saga que invariablemente terminaría en violaciones constantes a lo establecido.
Obviamente lo anterior no lo dice esta comentarista, lo reflejan opiniones sobre el asunto llegadas a la redacción de nuestro medio de prensa, por disimiles vías como, por ejemplo, los comentarios de nuestros lectores a trabajos publicados acerca de estos temas, que nunca han dejado de ser noticia.
Lo dice también el sondeo de opinión realizado con vistas a escribir estas líneas. El denominador común de todas las respuestas: falta constancia en la fiscalización del cumplimiento de las tarifas máximas vigentes, sean para el transporte o los productos agrícolas.
En el caso específico del traslado de pasajeros, el documento en vigor desde el pasado 1 de junio para triciclos y otros medios de transporte privado, llegó en un momento marcado por el acelerón de los precios ante la crisis de gasolina.
La escasez del combustible conllevó a un aumento — exorbitante— de las tarifas de “una carrera”, por corta que esta fuese. Ha habido un antes y un después de la crisis en los servicentros. El después, por cierto, bien traumático para nuestros bolsillos.
Sin embargo, en esta fórmula regulatoria quedaron fuera los vehículos de tracción animal o coches. Aparecen los triciclos de combustión y los eléctricos; los autos, camionetas, camiones y ómnibus arrendados. La respuesta más lógica sería que los coches no necesitan combustible ni energía; pero esa lógica se trastoca al comprobar que, aunque no dependen de la gasolina, también han subido precios.
Podría explicarlo el aumento de la demanda de sus servicios, pues ante la carestía de otros vehículos, el pasajero acude a opciones más “pagables” así, entre comillas, porque criterios de la población alertan sobre el duplicado de las tarifas por persona de 10 a 20 pesos, en varias piqueras de la ciudad.
Advierten igualmente sobre el desorden — también aplicable a las llamadas “motonetas”— de no respetar muchas veces la habitualidad de la piquera y solo prestar el servicio de alquiler. A propósito, varias personas entrevistadas que habitan en el reparto Junco Sur, por solo citar un ejemplo, se preguntan por qué no habilitar una piquera de triciclos (sean eléctricos o de combustión) desde ese populoso asentamiento hasta el centro de la ciudad.
La existencia de esta, con el correspondiente control sobre su funcionamiento, neutralizaría el nocivo fenómeno del alquiler, hoy la única manera de acceder a esos vehículos en Junco Sur. Un buen ejemplo de lo anterior es la existente desde el Hospital Provincial (calle Industria) hasta el Prado (calle Cristina). Su apertura años atrás logró estabilizar el servicio de pasajes, en detrimento del alquiler, aunque este último siempre existirá, de acuerdo a horarios, necesidad de quien lo solicite, solvencia económica, etc.
Otra arista del fenómeno: poner en función del traslado de pasajeros a cuanto medio pertenezca al sector estatal. Si cada ómnibus de transporte obrero, escolar, transmetro, empresarial, o de la naturaleza que sea, que nos desfila casi siempre semivacío por paradas colmadas de personas, prestara el servicio de recogida por un precio razonable (bien podrían ser ingresos a la organización o sector a que pertenezca), la crisis en el transporte, al menos en Cienfuegos, no tuviera tales dimensiones.
Son contadas las guaguas de otros organismos que así lo hacen, son excepción y no regla. La experiencia se practica en otras provincias, y alivia al de a pie de erogar altos montos.
Bien valdría la pena intercambiar modos de hacer. Todo lo anterior nos dice que demasiados “poquitos” conforman este asunto del transporte, además de la crisis de combustible. Lo que sí está en nuestras manos, luego de legislar tarifas máximas, es su estricto control, el orden en las piqueras y, sobre todo, la convocatoria a empresas estatales— no solo con sus carros ligeros que muchas veces también pasan de largo— sino guaguas, micrómnibus y otros medios, a aliviar una de las necesidades más urgentes que hoy tiene la población: llegar a su destino sin sucumbir al impacto de la inflación.
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