La colonización inversa de la red eléctrica
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Durante décadas, la discusión sobre la soberanía tecnológica se concentró en un terreno que parecía abstracto y lejano: los datos, las plataformas digitales, los algoritmos que ordenan lo que vemos y compramos.
Sin embargo, hay un desplazamiento silencioso que está ocurriendo en un plano mucho más material y, quizá, mucho más decisivo: la red eléctrica.
Cuando hablamos de edificios que almacenan energía, vehículos que devuelven electricidad al sistema y electrodomésticos que negocian su consumo en tiempo real, no estamos describiendo una simple modernización de la infraestructura energética. Estamos describiendo la creación de un sistema nervioso distribuido donde la coordinación ya no depende de operadores humanos ni de centros de control nacional, sino de plataformas de software cuya adscripción geopolítica rara vez se somete a escrutinio público.
Ese es el corazón del problema que aquí llamamos colonización inversa: no se trata de que un país invada a otro con tropas, sino de que un territorio entrega voluntariamente las capas profundas de su sistema energético a actores externos, convencido de que está comprando eficiencia cuando en realidad está cediendo soberanía.
El caso europeo funciona como advertencia precisa. Según un informe del Parlamento Europeo, más del ochenta por ciento de los productos, servicios e infraestructuras digitales de la Unión dependen de países extracomunitarios, y tres empresas estadounidenses ocupan más de dos tercios del mercado europeo de la nube.
El investigador del Instituto Sueco de Investigación, Johan Linnakker, lo atribuye a un síndrome de comodidad: décadas de cultura conservadora en las compras públicas dejaron al sector público satisfecho con el statu quo, hasta que la geopolítica introdujo lo que él llama una nueva dimensión de riesgo.
Ese riesgo ya no es hipotético. Cuando la tecnología conocida como everything-to-grid (Todo a la Red) convierte cada batería de vehículo eléctrico y cada sistema de almacenamiento de edificio en un recurso de regulación de la red, la dependencia deja de ser una capa superficial de servicios digitales y se filtra hasta la capa energética.
Quien controla el software que coordina esos millones de nodos bidireccionales controla, en la práctica, la estabilidad del sistema eléctrico. No hace falta cortar el suministro para ejercer poder: basta con cambiar una condición de operación, actualizar un protocolo o modificar la prioridad de carga de miles de dispositivos simultáneamente.
Lo verdaderamente incómodo de este escenario es que la dependencia no se presenta como tal. Se presenta como democratización. La narrativa dominante dice que los sistemas energéticos distribuidos empoderan a los ciudadanos, que cada hogar con paneles solares y baterías se convierte en un pequeño productor, que la red se vuelve resiliente porque ya no depende de unas pocas plantas centrales.
Todo eso es cierto en el plano técnico, pero también es cierto que esa misma arquitectura distribuida requiere una capa de coordinación centralizada: servidores, protocolos de comunicación, interfaces de programación, estándares de interoperabilidad. Y esa capa, en la mayoría de los proyectos piloto que se están desplegando, casi siempre no es autóctona.
Es ahí donde la aparente horizontalidad del sistema oculta una verticalidad nueva. El ciudadano que cree controlar su consumo energético desde una aplicación móvil está, en realidad, interactuando con una infraestructura cuyos nodos críticos pertenecen a jurisdicciones extranjeras. La descentralización física convive con una centralización digital que reproduce, en un plano distinto, las mismas asimetrías de poder que la red eléctrica tradicional había logrado mantener bajo control público durante el siglo veinte.
Los números que se manejan para revertir esta situación ilustran la magnitud del problema. Un centro de estudios alemán calcula que la Unión Europea necesitaría diez años y trescientos mil millones de euros para alcanzar la independencia de su infraestructura digital.
Los grupos empresariales estadounidenses, por su parte, estiman un coste total que podría superar los cinco billones de euros. La diferencia entre ambas cifras no es solo metodológica: revela que la dependencia tiene un valor económico enorme para quienes se benefician de ella y que desmontarla implica costes que ningún gobierno ha logrado justificar ante sus electores.
Ese es el verdadero bloqueo. No es técnico, porque la tecnología existe. No es financiero, porque el dinero podría movilizarse. Es político y cultural: exige admitir que durante años se priorizó la eficiencia de corto plazo sobre la autonomía de largo plazo, y exige construir una voluntad pública que hoy no existe. Mientras tanto, cada nueva ciudad piloto de everything-to-grid que se pone en marcha sin una auditoría de su pila tecnológica subyacente es una oportunidad perdida para romper el ciclo.
El punto de entrada periodístico que aquí se propone no es abstracto ni teórico. Consiste en seguir la pila tecnológica subyacente de una ciudad piloto concreta de everything-to-grid y mostrar, con nombres y contratos, cómo la aparente democratización de los sistemas energéticos distribuidos puede encubrir una nueva ronda de dependencia de infraestructuras. Eso significa identificar qué empresa opera la plataforma de coordinación, dónde están alojados los servidores, qué legislación regula el acceso a los datos generados por los nodos, quién puede modificar los protocolos de comunicación y bajo qué condiciones.
Significa también entrevistar a los responsables municipales que autorizaron el proyecto y preguntarles si alguna vez se planteó la pregunta de la soberanía o si, como sugiere el diagnóstico del síndrome de comodidad, se asumió que la eficiencia era un bien neutral. Y significa, sobre todo, mostrar que la red eléctrica del futuro no se decide solo en los despachos de los operadores tradicionales, sino en las mesas de negociación donde se firman contratos de software que pocos ciudadanos leerán y que, sin embargo, determinarán quién tiene la última palabra sobre la electricidad que mueve hospitales, trenes y hogares.
La colonización inversa de la red eléctrica no es una metáfora alarmista. Es una descripción bastante precisa de lo que está ocurriendo cuando un territorio entrega la coordinación de su sistema energético a plataformas que no controla, convencido de que está avanzando hacia el futuro.
La pregunta que debemos formular no es si la tecnología everything-to-grid es buena o mala, porque probablemente sea necesaria para descarbonizar el sistema eléctrico. La pregunta es quién la gobierna, bajo qué reglas y con qué mecanismos de rendición de cuentas. Sin esa pregunta, la transición energética corre el riesgo de reproducir, en un plano más profundo y más difícil de revertir, las mismas dependencias que durante décadas se denunciaron en el terreno de los datos y las plataformas digitales. La diferencia es que ahora ya no se trata de lo que vemos en una pantalla, sino de la electricidad que sostiene todo lo demás.
Esta realidad quizá sea muy futurista para Cuba pero como realidad al fin estamos obligados a conducir este proceso de manera rigurosa y evitar situaciones que afecten la verdadera soberanía energética.
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