Intelectuales y artistas denuncian persecución judicial en Chile contra Daniel Jadue

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En un pronunciamiento colectivo, prominentes académicos, intelectuales y artistas elevaron una voz de alarma sobre lo que definen como una campaña de «lawfare» o guerra jurídica en contra de Daniel Jadue, alcalde de la comuna de Recoleta y figura clave de la izquierda chilena. Los firmantes, entre los que se encuentran premios nacionales, rectores universitarios y pensadores internacionales, argumentan que el caso trasciende a la persona y se constituye en un ataque directo a los pilares de la democracia y el debido proceso.

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El comunicado, titulado «Un llamado ético al mundo académico y cultural», sostiene que la instrumentalización del sistema judicial con fines políticos no solo persigue a un individuo, sino que tiene un objetivo más amplio y peligroso: «clausurar la posibilidad de pensar, proponer e implementar cambios profundos y transformadores».

A su vez, apuntan contra el Ejecutivo de Gabril Boric al advertir que el silencio ante estos hechos equivale a una complicidad que allana el camino para futuras persecuciones. «Cuando se ataca a uno y callamos, abrimos la puerta a que mañana se ataque a otros», señala el comunicado.

 

 

La situación de Jadue acumula 15 meses de privación de libertad preventiva, un período que los académicos califican de excesivo y marcado por «transgresiones al debido proceso». El caso se ha desarrollado en medio de una alta exposición mediática y fuertes tensiones políticas.

Un elemento crítico, destacado en el llamamiento, es la «sospechosa puntualidad electoral» de las resoluciones judiciales. Los firmantes vinculan el proceso legal con la reciente invalidación de la candidatura parlamentaria de Jadue por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que falló en una ajustada decisión de 3 votos contra 2. Subrayan que esta solicitud fue impulsada por la derecha chilena, lo que, a su juicio, evidencia una estrategia coordinada para eliminar a un «contendor electoral muy fuerte» de las próximas elecciones previstas para el 16 de noviembre en Chile.

«Lo que se busca no es impedir un nombre: es clausurar la posibilidad de cambios», afirma el texto, insistiendo en que el asunto no se reduce a simpatías políticas personales, sino que es «un atentado contra la posibilidad misma de disentir, de imaginar alternativas, de ejercer ciudadanía».

Con un tono de urgencia, los intelectuales interpelan «a quienes cultivan la palabra, el pensamiento y el arte» a no permanecer en silencio. La advertencia es sombría y evocadora: «Hoy van por Daniel Jadue; mañana irán por otros y otras. Y cuando ya no quede nadie que pueda hablar, será demasiado tarde, ya conocemos muy bien esa historia».

 

 

La participación de figuras internacionales de renombre, como el sociólogo argentino Atilio Borón y el politólogo español Juan Carlos Monedero, refuerza la dimensión global de la preocupación. Su inclusión sugiere que el caso Jadue es observado como un síntoma de tendencias políticas más amplias que preocupan a pensadores progresistas en América Latina y Europa.

Entre los firmantes chilenos se encuentran nombres de gran peso, como el arquitecto y Premio Nacional Miguel Lawner; el músico y cofundador de Inti-Illimani, Jorge Coulón; la socióloga María Emilia Tijoux; y Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. La diversidad de sus disciplinas—arquitectura, música, sociología, derecho, literatura y ciencia—busca demostrar que la amenaza percibida no es sectorial, sino que afecta al conjunto de la vida intelectual y democrática.

Más allá de la defensa de la figura jurídica de Jadue, el comunicado se erige también en defensa de su legado político. Los académicos elogian el «modelo de gestión local» implementado en Recoleta, que, afirman, «puso el mejoramiento de los estados de bienestar de las personas al centro del desarrollo». Desde esta perspectiva, la persecución judicial sería también un intento de «cancelación» de un modelo alternativo y exitoso de administración pública que desafía los paradigmas neoliberales dominantes en Chile.

La declaración concluye con un llamado a construir una sociedad basada en «la verdad y en la justicia», insistiendo en que las propuestas transformadoras son un «desafío colectivo» que requiere de un espacio democrático robusto y plural para florecer.

A continuación el comunicado completo:

Un llamado ético al mundo académico y cultural

Hoy, en Chile, asistimos a un hecho de la mayor gravedad: la persecución judicial, política y comunicacional contra Daniel Jadue. No se trata solo de una persona, un dirigente político; de un gobierno local, lo que está en juego es la calidad de nuestra democracia. El lawfare —la instrumentalización de la justicia para excluir adversarios— erosiona el derecho a la participación, el resguardo de las condiciones del debido proceso y amenaza el pluralismo que sostiene nuestra sociedad.

Frente a esto, el silencio resulta ensordecedor. La omisión es una forma de complicidad. Cuando se ataca a uno y callamos, abrimos la puerta a que mañana se ataque a otros. Lo que se busca no es impedir un nombre: es clausurar la posibilidad de pensar, proponer e implementar cambios profundos y transformadores, en beneficio de nuestro pueblo.

Este no es un asunto de simpatías personales o políticas. Es un atentado contra la posibilidad misma de disentir, de imaginar alternativas, de ejercer ciudadanía. Callar ahora equivale a aceptar que la democracia se reduzca a un ritual vacío. Más aún cuando el propio Servel aceptó su candidatura a diputado, el Tribunal Electoral Metropolitano la ratificó, y finalmente fue el Tricel el que la bajó, en un fallo dividido (3 a 2) y a solicitud de un partido de derecha, activo en todo el proceso de lawfare y directamente interesado en deshacerse de un contendor electoral muy fuerte.

Interpelamos, con respeto pero con firmeza, a quienes cultivan la palabra, el pensamiento y el arte: su voz es necesaria. Hoy van por Daniel Jadue; mañana irán por otros y otras. Y cuando ya no quede nadie que pueda hablar, será demasiado tarde, ya conocemos muy bien esa historia.

Nuestra voz se hace oír para denunciar esta injusticia y bajeza. Nos levantamos frente a este atropello e intento de cancelación de un modelo de gestión local que puso el mejoramiento de los estados de bienestar de las personas al centro del desarrollo. Denunciamos también que Daniel Jadue lleva ya quince meses privado de libertad, en un proceso marcado por repetidas transgresiones al debido proceso y por la sospechosa puntualidad electoral de las resoluciones judiciales que lo afectan.

Las propuestas de la sociedad que queremos construir son un desafío colectivo, requieren mayor humanidad y deben sostenerse en la verdad y en la justicia para poder mirar de frente, con dignidad y respeto, un futuro esperanzador para nuestro país.

Firmantes:
  • Hassan Akram: Economista, doctor en Ciencias sociales y políticas de la U de Cambridge, Director de la sede chilena de la U norteamericana Wake Forest.
  • Miguel Lawner: Arquitecto, académico, Premio nacional de Arquitectura.
  • Jorge Coulon: Premio Nacional de Artes musicales, músico y cofundador del grupo Inti Illimani.
  • María Emilia Tijoux: Doctora en Sociología U de París, Académica U de Chile.
  • Isabel Gómez: Escritora, poeta, bibliotecaria. Presidenta de la Sociedad de Escritores de Chile.
  • Kemy Oyarzun: Académica, cofundadora del Centro de Estudios de Género, Presidenta Fundación Pablo Neruda, escritora.
  • Atilio Borón: Sociólogo, politólogo, cientista político, ensayista. (Argentina)
  • Juan Carlos Monedero: Politólogo, profesor, político, escritor y presentador de TV. (España)
  • Flavio Salazar: Biólogo, ex Ministro de Ciencias y Tecnología, académico.
  • Carlos Margotta: Abogado, Presidente de la Asociación de juristas por la democracia, Director de Relaciones Internacionales Comisión chilena de DDHH.
  • Alvaro Ramis: Doctor en Ética y Democracia U de Valencia, Rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
  • Jorge Magasish: Doctor en historia, arte y arqueología Universidad de Bruselas, escritor.
  • Alonso Salinas García: Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ex presidente de la Comisión chilena de DDHH, escritor.

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