El Salvador: Más de 450 muertes en cárceles durante régimen de excepción
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La directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, denunció que el sistema carcelario de El Salvador registra al menos 454 víctimas mortales durante el régimen de excepción, muchas sin acceso a una segunda audiencia y se quedaron en fase inicial del proceso. El 50 por ciento de las muertes fueron con violencia y un 33 por ciento por negarse a recibir tratamiento médico.
Escobar señaló que el 94 por ciento de las víctimas fallecidas no tenían antecedentes penales ni estaban vinculadas con estructuras criminales, y describió a estas personas como habitantes de comunidades estigmatizadas controladas por el fenómeno de las pandillas, quienes fueron detenidas por las fuerzas militares y policiales para cumplir cuotas de arresto.
Ingrid Escobar afirmó que hay “un 6 por ciento de personas perfiladas, es decir, tenían antecedentes penales, algún tatuaje alusivo a las pandillas, entre otros, este 94 por ciento perdió su vida sin tener derecho a que se les declarara culpables o inocentes en una fase inicial, no eran criminales, ni colaborador obligado o voluntario, ni mucho menos cabecillas”.
La abogada, quien se encuentra en calidad de refugiada en México, afirmó que la presión internacional ha afectado la participación del Ejecutivo salvadoreño en foros internacionales. Escobar señaló que el presidente Nayib Bukele no asistió a la reunión ordinaria de la Organización de las Naciones Unidas porque El Salvador está muy señalado en el grupo de trabajo del Sistema Universal de Derechos Humanos y es objeto de cuestionamientos por detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, muertes extrajudiciales y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Además, Escobar aludió a informes de organizaciones internacionales que documentan abusos dentro de centros penitenciarios, incluidos vapuleos y violaciones por parte de custodios. Sobre las implicaciones legales, aseguró que el “Estatuto de Roma, que está vigente, dice que el Estado no puede asesinar, detener máximamente gente inocente de manera prolongada, desaparecer justamente a la gente y es todo exactamente lo que el Estado está haciendo actualmente, y eso tiene una consecuencia penal internacional”.
Escobar también denunció una escalada represiva desde abril de 2025 contra defensores de derechos humanos y puso ejemplos de detenciones arbitrarias, entre ellas las del abogado Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez, además de referir casos de deterioro de la salud de presos políticos como Atilio Montalvo.
El Gobierno salvadoreño ha negado en reiteradas ocasiones, incluso frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las acusaciones en su contra sobre el empleo de torturas y el fallecimiento de personas en las prisiones del país. El régimen de excepción, que contabiliza más de 89 900 detenidos, fue aprobado tras el asesinato de más de 80 personas en un solo fin de semana al final de marzo de 2022, en lo que se sospecha una ruptura de un pacto entre el gobierno y las bandas criminales.
(Con información de Telesur)
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