Covid-19 en EEUU: las dos caras de la ayuda financiera
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Las sospechas sobre favoritismos crecen hoy en torno a la entrega de la ayuda financiera destinada a solventar la crisis por el nuevo coronavirus en Estados Unidos, sobre la base de abusos que caracterizaron rescates económicos del pasado.
Varios medios de prensa, entre ellos el diario The New York Times, publican editoriales que abordan los vacíos legales relacionados con el enorme paquete aprobado para ayudar a las empresas afectadas por la situación generada de la pandemia de SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.
A cambio de recibir los fondos, que podrían ascender a 4,5 billones de dólares por la Reserva Federal, las compañías tendrían que acatar un tope a la compensación otorgado a sus altos ejecutivos.
Además, estarían obligadas a mantener su nómina intacta o por lo menos a no despedir más del 10 por ciento de su personal por varios meses.
Y tendrán que atenerse a restricciones sobre compras de acciones y distribución de dividendos.
‘En teoría, parece que aprendimos nuestra lección’, estimó James Angel, profesor de finanzas de la Escuela McDonough de Administración de Empresas de la Universidad de Georgetown.
‘Pero habrá que fijarse en los detalles… hay bastante espacio de maniobra’, agregó.
La legislación establece un sistema de supervisión sobre cómo el dinero puede ser usado por las entidades beneficiadas.
El nivel de supervisión es considerado superior al creado para el paquete de rescate aprobado tras la crisis financiera del 2008-09, que muchos consideran fue una entrega injusta de abultadas sumas a las mismas corporaciones cuya conducta fue la que propició la crisis.
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Como parte del paquete de 2,2 billones de dólares aprobado actualmente, una comisión gubernamental y un panel nombrado por el Congreso vigilarán el reparto de la asistencia y la manera en que las empresas acatan las restricciones estipuladas.
Pero el presidente Donald Trump casi inmediatamente le restó importancia a esas restricciones.
Tras firmar el paquete de ayuda, Trump emitió un comunicado sugiriendo que no reconocía la autonomía de la recién creada inspectoría.
Afirmó que no reconocería el derecho de esa entidad de reportarle al Congreso sin ‘supervisión presidencial’.
La declaración del mandatario incluso disputó otros aspectos de la supervisión, como que el Congreso debe ser consultado para la asignación de fondos.
De cualquier manera, el paquete de asistencia es una descomunal suma de dinero, de lejos el mayor paquete de ese tipo en la crisis de rescates económicos.
Unos 425 mil millones de dólares serán usados por el Departamento del Tesoro para financiar los programas crediticios de la Reserva Federal como créditos a pequeñas y medianas empresas.
Debido a que las compañías, estados y municipalidades probablemente pagarán esas deudas, la Fed podrá usar esos fondos como garantías para otorgar unos cuatro billones de dólares en créditos netos.
‘Un programa de semejante escala y magnitud, en una situación tan fluctuante, exigirá un estricto escrutinio’, estimó Phil Angelides, extesorero del estado de California, quien fue director del panel legislativo a cargo del paquete de rescate de la crisis financiera del 2008-2009.
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