Tres meses después de las elecciones, España no tiene Gobierno: ¿cómo van las negociaciones?
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Más de tres meses después de que se celebraran elecciones generales en España, el pasado 23 de julio, el país sigue contando con un Gobierno en funciones y con la incertidumbre de si en breve habrá una nueva investidura de presidente o si la ciudadanía deberá acudir a las urnas el próximo 14 de enero.
En estos 95 días se ha producido la constitución del Congreso de los Diputados, la elección de los miembros de la Mesa de la Cámara Baja, un intento de investidura fallido, dos designaciones de candidatos a presidentes por parte del rey Felipe VI y muchas negociaciones.
Ahora la pelota se encuentra en el tejado del presidente del Gobierno en funciones y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, que intentará revalidar el cargo después de la jugada del líder de la derecha, Alberto Núñez Feijóo, que no recabó el respaldo del Congreso después de que le presentara su propuesta para la formación de Gobierno.
El PSOE continúa negociando
El PSOE continúa inmerso en negociaciones a varias bandas con el objetivo de cerrar los apoyos para la sesión de investidura a la que debe presentarse su líder en las próximas semanas. La cita todavía no tiene fecha, aunque debe producirse antes del 27 de noviembre, cuando es el límite marcado por la Constitución para disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones si todavía no se ha logrado investir un presidente.
La fecha se está dilatando a la espera de que Sánchez logre atar el respaldo de diferentes formaciones políticas, en especial los partidos independentistas catalanes, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con siete diputados cada uno.
Lo que sí tiene cerrado es el acuerdo programático para un nuevo Gobierno de coalición con Sumar, la formación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, que aglutina a una quincena de fuerzas de izquierda, entre las que se encuentra Podemos.
El documento fue presentado este martes en el Museo Nacional de Arte Moderno Reina Sofía en una ceremonia en la que tomaron la palabra tanto Sánchez como Díaz. El primero sacó pecho de lo logrado en sus cinco años de Gobierno en un escenario extremadamente complejo, como el vivido por los efectos de la pandemia de coronavirus y del conflicto en Ucrania.
La segunda se dedicó a glosar muchas de las 230 medidas recogidas en el acuerdo, que ha destacado por su perfil especialmente progresista. Así, de llegar al Gobierno, aprobarían una reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, el aumento del salario mínimo interprofesional, la ampliación de la cartera de servicios de la sanidad pública, la climatización de colegios y centros de mayores, el mantenimiento de los impuestos extraordinarios a banca y energéticas y la eliminación de vuelos cortos cuando haya alternativas en tren de menos de dos horas y media, entre otras.
Es el momento.
Hoy @PSOE y @sumar firmamos un acuerdo de gobierno con la intención de consolidar estos cuatro años de políticas progresistas para la mayoría.
Contamos con el proyecto, la ilusión, las ideas y los equipos para avanzar más y más rápido.
Y, tras esta última… pic.twitter.com/Zxy2bGb89J
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 24, 2023
Los socialistas también tienen asegurado el apoyo de los partidos vascos, EH Bildu y Partido Nacionalista (PNV). Mucho más complicadas están siendo las relaciones con las fuerzas catalanas, si bien con ERC el acuerdo parece cercano, Junts está siendo mucho más beligerante.
El Partido Popular intenta girar en su estrategia con Cataluña
En este escenario, el Partido Popular, liderado por Núñez Feijóo, que fue la fuerza más votada en los pasados comicios, está interesado en que la investidura de Sánchez no sea exitosa, toda vez que considera que una repetición electoral le sería beneficiosa.
Sin embargo, su estrategia en las últimas jornadas está resultando errática. Así, durante semanas sus diferentes portavoces se han dedicado a criticar duramente los contactos de PSOE y Sumar con Junts, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, alegando, entre otros argumentos, que la gobernabilidad del país no puede depender de un prófugo ni de aquellos que intentaron ‘romper’ el país.
Pero este miércoles Núñez Feijóo sorprendió con unas declaraciones en las que confirmó que su partido había tenido contactos con Junts, abogando por “normalizar” las relaciones con Cataluña y mostrando su “respeto” por Puigdemont, toda vez que sostuvo que el líder catalán no les había mentido.
“En los contactos, no personales ni directos, pero sí indirectos, no nos ha mentido. Eso sí es un valor”, afirmó el líder popular durante unas declaraciones en un desayuno informativo en Barcelona recogidas por El Nacional.
Esta nueva postura no gusta al líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, a quien la cúpula nacional de su partido hace tiempo que tiene intención de apartar. Por su parte, Fernández ya ha mostrado sus diferencias con su dirección nacional en varias ocasiones.
La suavización de las posturas populares trata de romper el aislamiento en el que se encuentra la formación conservadora, con el único apoyo de la extrema derecha de Vox, liderada por Santiago Abascal.
Los de Núñez Feijóo son conscientes de que difícilmente volverán al Gobierno de España con la única compañía de la ultraderecha, con una implantación testimonial en Cataluña y sin el apoyo de las derechas nacionalistas de PNV y Junts per Catalunya.
Así, el PP está retando a Junts a dejar caer a Sánchez, puesto que sus votos le son imprescindibles tanto en la investidura como para que la legislatura pueda avanzar, con las miras puestas en una repetición electoral en la que los catalanes les pueden ser necesarios.
La amnistía omnipresente
Mientras, de mar de fondo se encuentra tanto la amnistía como la autodeterminación, dos de las exigencias en las que coinciden tanto ERC como Junts para aportar sus votos a la investidura de Sánchez.
La primera condición, la promulgación de una ley de amnistía que cubra a todos los implicados en el proceso secesionista que se llevó a cabo en octubre de 2017, ya se da por acordada.
El presidente del Gobierno en funciones no ha querido dar detalles hasta ahora, argumentando que cuando el pacto esté cerrado se dará a conocer a la ciudadanía con total transparencia y que todo lo que se acuerde estará en el marco de la legalidad y de la Constitución.
Por su parte, ERC ya pone el foco en otra exigencia, la cesión de la gestión de Rodalies de Catalunya, la operadora de los servicios ferroviarios de cercanías y media distancia en la región.
El caso del pacto de un referéndum de autodeterminación es más complicado. Los socialistas se han pronunciado en contra reiteradamente, mientras que desde Junts lo consideran imprescindible y para ERC parece que no sería un requisito ineludible.
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