La financiación territorial protagoniza las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez
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La batalla por lograr la investidura como presidente del Gobierno de España después del ajustado resultado emanado de las elecciones generales celebradas en el país el pasado 23 de julio se ha encontrado con un invitado inesperado: la financiación territorial.
Fue uno de los grandes asuntos pendientes de la pasada legislatura y en esta ocasión volvía a estar presente en el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez, que promete renovar un sistema caducado desde 2014 y que varias regiones han criticado duramente por infrafinanciamiento.
Ahora se encuentra de nuevo en el centro del debate político, en el marco de las negociaciones que el PSOE mantiene con las dos fuerzas catalanas independentistas que han logrado representación en el Congreso de los Diputados: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (JuntsxCat), cuyo apoyo necesita.
Enfrente, un Partido Popular (PP) que también lucha por investir a su líder, Alberto Núñez Feijóo, como presidente del Gobierno y que critica al unísono que la oferta sea solo para Cataluña, pero que se encuentra dividido ante el escenario de que sea una propuesta global que se aplique a todas las comunidades autónomas del país.
Comunidades autónomas endeudadas
La deuda es un quebradero de cabeza para todas las regiones españolas. A la cabeza de todas ellas en términos absolutos se encuentra Cataluña, con 85.456 millones de euros de deuda pública en el primer trimestre de este año. Le siguen la Comunidad Valenciana (55.439 millones), Madrid (37.495 millones) y Andalucía (36.744 millones), las tres gobernadas por el PP.
En términos relativos, las comunidades autónomas que salen peor paradas en esta clasificación son la Comunidad Valenciana, con el 43,7 % de su PIB, seguida de Cataluña (33 %), Castilla-La Mancha (32,7 %) y la Región de Murcia (31,7 %), según los datos del Banco de España. Las dos regiones más endeudadas con respecto a su riqueza son las que, históricamente, más críticas han vertido sobre el sistema de financiación.
El Ministerio de Hacienda, dirigido por la socialista María Jesús Montero, comenzó a mediados de 2021 un primer intento de remodelación que no se concretó, argumentando que no daba tiempo en lo que restaba de legislatura por el amplio consenso requerido para conjugar intereses diversos.
Tras las elecciones regionales del 28 de mayo, el mapa político es más complicado debido a que 12 de las 17 comunidades autónomas quedaron en manos del Partido Popular, en solitario o coaligado con el ultraderechista Vox. Así, los partidos de derecha gobiernan ya en Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana, y están a punto de hacerlo en Aragón.
Infrafinanciación
Según el Ministerio de Hacienda, el Gobierno progresista ha trasferido a las regiones la mayor cantidad de recursos hasta la fecha, aumentando un 40 % la de las administraciones precedentes del conservador Mariano Rajoy, es decir, 178.000 millones de euros más. Sin embargo, las quejas sobre infrafinanciación continúan.
Desde el PSOE se busca acordar con los territorios un nuevo modelo basado en los principios de “equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional”, según recogía su programa electoral para los pasados comicios.
Además, se quiere asegurar que en el conjunto de las Administraciones Públicas la inversión en sanidad sea al menos del 7 % del PIB, del 5 % en educación y del 2 % en servicios sociales.
Sin embargo, por el momento la financiación de los territorios por parte del Estado, que recauda la mayoría de los impuestos y después los trasfiere a las diferentes regiones, es deficiente en algunos casos, lo que ha llevado a que estas comunidades autónomas aumenten sus ratios de endeudamiento y puedan ofrecer menores servicios a sus ciudadanos que en otras partes del país.
¿Quita de deuda?
Parte del actual sistema se originó hace tres lustros, con el estallido de la crisis económica de 2008. En 2012, cuando las comunidades autónomas tenían problemas para financiar su deuda en los mercados, el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy creó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para ofrecer a las regiones el crédito que el mercado no les facilitaba.
Madrid fue la única que no quiso acogerse a este instrumento estatal, porque imponía a cambio una serie de requisitos de transparencia que la región capitalina no estaba dispuesta a cumplir.
En este escenario, la quita de deuda está sobre la mesa, porque el Estado es el principal acreedor de las comunidades autónomas y porque varias regiones creen que sería la solución ideal para compensar la escasez de fondos recibidos que han sufrido al menos en la última década.
En el caso de Cataluña, debe al FLA 71.852 millones de euros, el 84 % de su deuda total, lo que explica que sea la región más interesada en esta solución. La Comunidad Valenciana debe al instrumento público el 83 % de su deuda (46.274 millones) y Andalucía el 68 % (25.276 millones), motivo por el que ambas regiones también verían esta opción con buenos ojos.
Batalla en el Partido Popular
A pesar del homogéneo mapa autonómico casi teñido por completo de azul, en el Partido Popular ha comenzado una batalla en voz baja, intentando no dar la imagen de un formación dividida que dañe la credibilidad de Feijóo. Una de las primeras en pronunciarse ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se niega a que se considere una quita de deuda a Cataluña o a cualquier otro territorio. De manera similar se han manifestado desde el gobierno de Galicia.
Por su parte, el nuevo gobierno de Valencia, presidida tras las elecciones de mayo por el Carlos Mazón, del PP, es favorable a negociar una solución multilateral a este problema, pues su partido siempre ha avalado las conclusiones de expertos, que cifran en un 70 % la deuda vinculada a su infrafinanciación.
El PP valenciano, además, siempre ha apostado por un cambio en el sistema que tenga en cuenta a la población, un criterio que también defienden Andalucía y Murcia, pero al que se oponen regiones como Galicia, que muestran su preocupación por la posible quita, todas ellas gobernadas por el Partido Popular.
La investidura de Pedro Sánchez pendiente de Cataluña
Para el PSOE de Pedro Sánchez, una negociación exitosa en este aspecto podría allanar su camino a la reelección. El resultado electoral hace que Sánchez necesite el apoyo de los diputados de ERC y JuntsxCat para alcanzar el apoyo mayoritario del Congreso y ser investido nuevamente como presidente del Gobierno.
De hecho, el ‘melón’ de la financiación territorial se abrió al día siguiente de las elecciones, cuando ERC incluyó entre sus peticiones para apoyar una futura investidura de Sánchez la negociación del déficit fiscal y la financiación territorial.
Desde la oposición critican que esto se puede traducir en una cesión ante un prófugo de la Justicia, puesto que JuntsxCat es el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont (que se encuentra en Bélgica desde 2017), si bien tiene más difícil descalificar un cambio de modelo global, después de que muchas de sus regiones lo hayan estado reclamando.
En el fondo, se trata de deslegitimar los pactos con los partidos independentistas que podrían contribuir a la permanencia de Sánchez en La Moncloa y forzar al PSOE a aceptar una abstención bajo la premisa de dejar gobernar a la formación más votada en las elecciones, que fue la encabezada por Feijóo.
Madrid encabeza la oposición
Madrid se encuentra a la cabeza de la oposición en esta materia y parece muy difícil que se avenga a cualquier tipo de acuerdo con un eventual Gobierno progresista, entre otras cosas, porque encima de la mesa se encuentra el objetivo de acabar con el ‘dumping’ fiscal que esta región lleva años practicando.
La región capitalina atrae empresas y contribuyentes de otros territorios cuyas economías hacen imposible ofrecer los mismos descuentos fiscales, mientras, por otro lado, solicita reiteradamente una mayor financiación al Gobierno central.
Además, en el caso de que se produzca una quita, Madrid considera que se vería perjudicada, al ser la única a la que no se le podría aplicar, al no estar financiada por el FLA.
En el fondo de esta postura, que va en contra de la mayoría de las regiones en manos de su propio partido, se encuentra la actitud mantenida por la presidenta autonómica madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se ha erigido desde la pandemia del covid-19 en la mayor oposición a Sánchez, lo que muchos ven como el prólogo de un futuro asalto a la presidencia nacional de su partido.
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