La ejecución narco que pone en crisis la política de seguridad de Sheinbaum
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La ejecución del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, provocó una conmoción en México y sumió al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en una crisis en materia de seguridad, a pesar de la histórica reducción de homicidios que ha logrado desde que asumió el poder en octubre pasado.
La noche del sábado, Manzo, de 40 años, fue asesinado a tiros mientras encabezaba la fiesta del Día de Muertos en un parque colmado por cientos de personas, entre ellos niños. Había ganado la alcaldía de Uruapán en 2024, como candidato independiente, y durante su breve gestión denunció la supuesta influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de la organización criminal Caballeros Templarios en la política michoacana, lo que salpicó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El impacto social y político de la ejecución quedaron en evidencia durante el velorio de Manzo, ya que su viuda, Grecia Quiroz, advirtió que lo mataron porque fue el único que se atrevió a levantar la voz contra el crimen organizado, y prometió que la lucha contra los cárteles y la corrupción seguirá viva para defender el legado de quien hubiera sido “el mejor presidente de México”.
El diario La Voz de Michoacán, por su parte, detalló el clima de zozobra que rodeó un velorio multitudinario en el que hubo flores, velas, lágrimas, enojo, tristeza, reclamos de justicia y una marcha en la que destacaron lemas como: “Fuera el gobierno corrupto y asesino”, “México tiene familias destrozadas por la violencia” y “Carlos vive en su pueblo”.
La ceremonia luctuosa terminó en escándalo, ya que Ramírez Bedolla acudió protegido por sus escoltas para mostrar sus condolencias, pero solo pudo permanecer en el lugar durante algunos minutos ya que fue repudiado por una multitud que le gritaba “¡fuera asesino!”. Una mujer incluso le propinó una cachetada cuando ingresó a la sala velatoria.
Violencia
Las amenazas en contra del popular alcalde eran constantes, por lo que solicitó protección federal. En las horas posteriores a su asesinato, la oposición aseguró que el Gobierno lo había desamparado.
Sin embargo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aclaró que Manzo contaba con seguridad personal de la Guardia Nacional desde diciembre pasado, la cual fue reforzada en mayo con otros 14 elementos y dos vehículos. El dispositivo, sin embargo, no impidió el asesinato.
El mes pasado, Sheinbaum presumió que durante su primer año de Gobierno había logrado una reducción histórica del 32 % de homicidios, en un país que desde hace dos décadas padece una incesante y creciente violencia narco que volvió a demostrar su poderío en Uruapan.
Las reacciones demostraron que no es un crimen más. El sábado por la noche, horas después de la ejecución, cientos de manifestantes tomaron el Palacio de Gobierno para repudiar el homicidio, reivindicar a Manzo y exigir la renuncia del gobernador. Hubo corridas, bombas caseras, pintas, destrucción de mobiliario, represión policial y detenciones.
La prensa alertó que, desde que Sheinbaum comenzó a gobernar, han matado a siete alcaldes. Ante esos datos, el oficialista Gerardo Fernández Noroña recordó que en la gestión de Felipe Calderón (2006-2012) hubo 45 crímenes de este tipo, y con Enrique Peña Nieto (2012-2018) subieron a 85; en tanto que con Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y con la presidenta actual, se consolidó una tendencia a la baja de este tipo de delitos.
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