Comisión legislativa de Ecuador presentará informe sobre muerte neonatos en Guayaquil
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La fiscalización del caso enfrenta serios obstáculos dentro del Legislativo, lo cual evidencian los internos gubernamentales por obstruir la justicia
La crisis sanitaria en Ecuador alcanza niveles alarmantes tras la denuncia de la muerte de 12 neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil, un caso que conmocionó a la opinión pública y que finalmente verá la luz mediante la publicación de un informe técnico sobre el tema.
La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional, liderada por la legisladora Viviana Veloz, anunció que este mes de enero de 2026 entregará las conclusiones de una investigación que revela la profunda precariedad del sistema de salud pública.
El documento detalla cómo la falta de asignación de recursos y la ausencia de insumos básicos condenaron a los recién nacidos, exponiendo una gestión gubernamental que prioriza el recorte presupuestario sobre el derecho fundamental a la vida.
Dicho informe no solo se limita a la tragedia en Guayaquil; también documenta la muerte de 27 neonatos en el Hospital General Monte Sinaí y la alarmante cifra de 130 fallecimientos en el Hospital de Sucumbíos desde el año 2020. Entre las pruebas recabadas, destacan las alertas ignoradas sobre la presencia de la bacteria KPC, un agente infeccioso altamente peligroso que afectó a las salas de neonatología sin que las autoridades adoptaran medidas preventivas mínimas.
Esta omisión de respuesta ante brotes bacterianos conocidos evidencia, según la comisión, una responsabilidad estatal directa que señala tanto al ministro de Salud, Jimmy Martin, como al presidente Daniel Noboa por delegación ejecutiva.
La fiscalización de este caso enfrenta serios obstáculos dentro del Legislativo, evidenciando una fractura entre comisiones. Mientras la Mesa de la Niñez avanza en el hallazgo de pruebas, la Comisión de Salud, presidida por el oficialista Juan José Reyes, es señalada de mantener el expediente «trabado» y sin conclusiones claras. Incluso se detectaron inconsistencias temporales en los registros oficiales, lo que sugiere que las autoridades podrían haber tenido conocimiento previo de las áreas infectadas antes de que ocurrieran los decesos.
El deterioro del sistema sanitario ecuatoriano se extiende a otras áreas críticas mencionadas en el expediente. En centros como el Hospital Baca Ortiz, casi la mitad de las máquinas de diálisis están fuera de servicio, obligando a pacientes con insuficiencia renal a costear sus propios insumos para sobrevivir.
Asimismo, se reportaron situaciones de colapso extremo en hospitales de Santo Domingo, donde una sola enfermera debe atender hasta a 40 pacientes en áreas de emergencia. Estas deficiencias estructurales confirman que las muertes neonatales no son hechos aislados, sino el resultado de un abandono sistemático de la red de salud pública por parte del Estado.
Ante la falta de medicinas y la inacción del Ministerio de Salud, la Comisión de Niñez reafirma que el informe de enero será el primer paso para determinar responsabilidades políticas y penales. La legisladora Viviana Veloz enfatizó que el Estado no puede desentenderse de la falta de fármacos básicos y equipos de endoscopía, situaciones que han sido denunciadas repetidamente por las autoridades hospitalarias sin recibir respuesta alguna. La investigación busca romper el cerco de impunidad que rodea a la gestión de Noboa, cuyo gobierno enfrenta críticas crecientes por la incapacidad de garantizar estándares mínimos de bioseguridad en los hospitales de la nación.
La entrega de este informe técnico representa un desafío directo a la narrativa oficial que intenta minimizar la crisis de salud en Ecuador. Los movimientos sociales y familiares de las víctimas exigen que los hallazgos de la Asamblea Nacional sean remitidos de inmediato a la Fiscalía General para evitar que el caso de los neonatos quede en el olvido. En un contexto regional donde la salud se vuelve bandera de lucha, el caso ecuatoriano resalta como un ejemplo de las consecuencias devastadoras de las políticas neoliberales y el desfinanciamiento de lo público, afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad.
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