Venezuela pone denuncia ante el Consejo de Seguridad

El Embajador de Venezuela para las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, denunció este miércoles ante el Consejo de Seguridad del organismo que Colombia y EE.UU. organizó, entrenó, financió y protegió a «grupos armados de mercenarios y terroristas» implicados en el intento fallido de incursión marítima a territorio venezolano durante el pasado 3 de mayo.

«Se trata de un crimen de lesa humanidad, ejecutado con circunstancias agravantes, pues usó como ventaja militar la presencia de una mortal pandemia que afecta a toda la humanidad; la mayor en cien años», indica la denuncia.

El documento también alerta sobre la extraña situación en la que fueron encontradas tres lanchas de la Armada Colombiana, artilladas con dos ametralladoras calibre .50 y cuatro ametralladoras M601, en las riberas del río Orinoco, en el estado Bolívar, el pasado 9 de mayo.

«Todas las armas estaban aprovisionadas con miles de cartuchos de munición suficiente para sostener un ataque armado en gran escala», agrega el texto.

Asimismo, el texto asegura que este intento fallido de incursión develó cómo «un sector extremista de la oposición venezolana», liderado por el diputado Juan Guaidó, impulsa el terrorismo y el asesinato del presidente Nicolás Maduro, a través de un contrato suscrito «con dinero de las cuentas robadas» a Venezuela por parte del gobierno de EE.UU. por medio de sanciones unilaterales.

Otros implicados

Según esta denuncia, el contrato, con una vigencia de 495 días desde el momento de su firma, también contempla la existencia de un financiamiento privado, mediante un «préstamo puente» de empresarios. «Entre ellos se encuentra el ciudadano estadounidense Roen Kraft, heredero de una conocida corporación multinacional productora de alimentos».

A su vez, el texto agrega que el armamento de guerra usado en la operación fue adquirido por la empresa Silvercorp USA del exboina verde, Jordan Goudreau, a la también compañía estadounidense High-End Defense Solutions, registrada en el estado de la Florida, por un costo de más de 150 mil dolares.

«Según el ordenamiento jurídico estadounidense, cualquier empresa que suministre armas para ser llevadas al extranjero debe contar con una autorización emitida previamente por el Departamento de Estado de EE.UU», lo que, a juicio de las autoridades venezolanas, habla del papel desempeñado por Washington en esta operación.

Rechazo a la impunidad

Por último, la representación de Venezuela ante la ONU, mostró su preocupación por la impunidad que han venido alentando los gobiernos de Colombia y EE.UU., al negarse a realizar las investigaciones sobre estos ataques y apresar a los responsables.

«Denunciamos y condenamos la protección que brinda el gobierno estadounidense tanto a Jordan Goudreau como al ciudadano venezolano Javier Nieto Quintero, organizadores del plan terrorista, quienes gozan hoy de refugio seguro en EE.UU.», afirma.

De igual forma, el documento denuncia que el prófugo de la justicia venezolana, el excomisario Iván Simonovis, «vive en Washington y es protegido por el gobierno estadounidense» para que cumpla funciones de enlace con agencias como la DEA, la CIA y el Departamento de Seguridad.

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