Constitución de Jimaguayú: aparato legal para la guerra mambisa

Meses después del reinicio de la Guerra de Independencia en Cuba, y consolidada ya la contienda en las regiones de Oriente, Camagüey y Las Villas, durante los días 13 y 16 de septiembre de 1895 se reunieron en Jimaguayú, en la demarcación camagüeyana, los representantes de los insurgentes cubanos con el objetivo de establecer las normas jurídicas que regiría los destinos de la República en Armas.

El Generalísimo Máximo Gómez escogió el lugar para el encuentro por su significado histórico: en ese sitio había caído en combate por la libertad el Mayor General Ignacio Agramonte, en 1873. Allí el ilustre dominicano situó a sus tropas con el  objetivo de proteger a quienes dirimirían sobre la Carta Magna que habría de sustituir a la Constitución de Guáimaro, de 1869.

Los patriotas elegidos integraron el Parlamento mambí en Jimaguayú, cuyas sesiones transcurrieron con dignidad entre las paredes de un bohío de yaguas y guano, bajo la presidencia del camagüeyano Salvador Cisneros Betancourt.

La Constitución de Jimaguayú estableció, como su antecesora de Guáimaro en 1869, un gobierno centralizado de la República, pero a diferencia de la anterior unió en un solo cuerpo los poderes legislativo y ejecutivo. Ello permitió instaurar un órgano reducido de poder que agilizara las decisiones sobre asuntos del Estado, lo cual era resultado de las experiencias de la Guerra de los Diez Años.

Aprobada el 16 de septiembre de 1895, la nueva Carta Magna cerró una brecha al conflicto entre civiles y militares que la de Guáimaro no fue capaz de resolver. El trascendental documento nombró un Consejo de Gobierno, encabezado por Salvador Cisneros Betancourt, órgano que tenía como atribuciones dictar todas las disposiciones fundamentales relativas a la vida civil y política de la Revolución.

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La nueva Constitución señaló, a su vez, que el Consejo de Gobierno, encargado de decretar las disposiciones relacionadas con la vida civil y el devenir político de la República en Armas, solo intervendría en las operaciones militares cuando, por propósitos gubernativos, resultara imprescindible.

Encabezado por el patriota camagüeyano, el Consejo quedó integrado por Bartolomé Masó, como vicepresidente; Tomás Estrada Palma, quien a la muerte de Martí había asumido la dirección del Partido Revolucionario Cubano, ministro para asuntos de política exterior; y Gómez y Maceo en los cargos de General en Jefe del Ejército Libertador y de Lugarteniente General, por ese orden.

En lo adelante, el aparato gubernamental realizó una extensa y fructífera obra legislativa para regular la vida civil y los servicios públicos del territorio denominado Cuba Libre.

De esta forma cristalizaban las aspiraciones de José Martí, quien en el lugar conocido como La Mejorana, en un encuentro histórico con Máximo Gómez y Antonio Maceo, logró la convocatoria a una asamblea de representantes de todos los grupos en armas. La prematura muerte impidió al Héroe Nacional organizar y presidir la nueva República, como era la aspiración de todos los patriotas orientales, camagüeyanos y villareños, que ya combatían juntos desde mayo de ese año.

Aunque al decir del historiador Oscar Loyola, quedó por debajo de las necesidades del movimiento nacional-liberador, la Constitución de Jimaguayú marcó un hito en la historia de Cuba y su camino hacia la independencia, al tiempo que demostró la voluntad civilista y legalista del movimiento revolucionario de la Isla.

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Yudith Madrazo Sosa

Periodista y traductora, amante de las letras y soñadora empedernida.

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