El regreso del macartismo: la farsa del informe que hace de Cuba el enemigo perfecto
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El informe del Departamento de Estado contra Cuba carece de soporte probatorio, se construye sobre una narrativa ideológica que recicla tropos de la Guerra Fría
El informe del Departamento de Estado publicado el 20 de julio de 2026 bajo el título «Cuba: The Capital of 21st Century Subversion», accesible a través del dominio oficial state.gov, acusa a Cuba de fomentar el «extremismo de izquierda» en Estados Unidos y de haber tejido una red de espionaje e influencia para «socavar los intereses norteamericanos».
Para empezar, el texto en cuestión carece de soporte probatorio, se construye sobre una narrativa ideológica que recicla tropos de la Guerra Fría y, omite de manera sistemática, el contexto de agresión asimétrica que Washington ha mantenido contra la Isla durante más de seis décadas
Se organiza el documento en torno a una tesis conspirativa clásica: existe un actor estatal extranjero –Cuba– que instrumentaliza movimientos sociales, académicos y políticos estadounidenses, con el fin de desestabilizar el orden interno y alterar la política exterior de EE. UU.
Para ello, según el documento, La Habana habría desplegado una «red de espionaje y de influencia» que se solapa con organizaciones legítimas de la izquierda estadounidense, sin embargo, tras una lectura detenida, se constata que el texto no aporta ni un solo elemento de prueba verificable: no cita causas judiciales abiertas, no identifica a agentes cubanos con nombre y apellido, no presenta interceptaciones de comunicaciones, ni documentos de inteligencia desclasificados que permitan contrastar sus afirmaciones.
Esta ausencia de evidencia es especialmente llamativa porque el Derecho y la práctica diplomática exigen que acusaciones de tal gravedad –que implican la violación de la soberanía y la injerencia en asuntos internos– estén respaldadas por un umbral probatorio sólido.
Lo que el informe ofrece, en cambio, es una colección de inferencias y una retórica de «culpabilidad por asociación»: el mero hecho de que un colectivo comparta posturas críticas hacia el bloqueo o establezca intercambios académicos con instituciones cubanas, se convierte en indicio de subordinación a una supuesta estrategia de inteligencia.
No es la primera vez que el Departamento de Estado recurre a este patrón, los informes anuales sobre terrorismo y derechos humanos, han sido señalados por relatores de la ONU y por organizaciones como Amnistía Internacional, por utilizar estándares probatorios laxos cuando se trata de países que no se alinean con la política exterior estadounidense.
En este caso concreto, la ausencia de pruebas convierte al informe en un ejercicio de propaganda que apela más al miedo que al análisis racional.
Uno de los aspectos más reveladores del texto es su marco hermenéutico: toda oposición a la política exterior de EE. UU. hacia Cuba es presentada como ilegítima per se, y cualquier afinidad ideológica con el proyecto socialista cubano queda automáticamente codificada como parte de una «operación de inteligencia hostil». Esta operación discursiva tiene dos consecuencias graves.
En primer lugar, despoja de agencia a actores políticos estadounidenses, al asumir que organizaciones afroamericanas, sindicatos, colectivos antirracistas, movimientos por la justicia climática o solidarios, no pueden haber llegado por sí mismos a un pensamiento crítico, el informe infantiliza a la sociedad civil y desconoce décadas de historia del internacionalismo solidario.
La oposición al bloqueo no es un invento de La Habana: ha sido articulada por premios Nobel, líderes religiosos, incluida la Conferencia Episcopal de EE. UU., múltiples resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y editoriales de medios como The New York Times, que en 2022 calificó la política de embargo como «un fracaso obsoleto».
Vemos en segundo lugar, que el informe contribuye a un clima de criminalización de la protesta y del disenso que ha ido en aumento en EE. UU. La noción de que las críticas domésticas son teledirigidas por un enemigo externo cumple una función política precisa: desviar la atención de los fracasos propios y estigmatizar a quienes exigen cambios.
Históricamente, esta táctica ha sido utilizada para justificar la vigilancia y la represión de movimientos legítimos, desde el macartismo hasta la criminalización del movimiento Black Lives Matter a través de narrativas infundadas sobre «infiltración extranjera».
LA OMISIÓN ESTRUCTURAL: LA HISTORIA DEL CONFLICTO ASIMÉTRICO Y LA AGRESIÓN ESTADOUNIDENSE
Quizá el vicio más grave del informe es lo que deliberadamente calla. El lector que desconozca la historia bilateral, no encontrará en sus páginas mención alguna a los siguientes hechos ampliamente documentados:
El bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto formalmente en 1962 y recrudecido por leyes como la Torricelli (1992) y la Helms-Burton (1996), constituye la piedra angular de una política de cerco que ha costado a la economía cubana miles de millones de dólares.
Las agresiones armadas y el terrorismo de Estado, los planes de atentado contra líderes cubanos documentados por el Comité Church del Senado, la tolerancia hacia grupos violentos de origen cubano-estadounidense que actúan desde territorio de EE. UU.
La injerencia sistemática en los asuntos internos de Cuba, mediante la financiación federal de programas de «promoción de la democracia» que, bajo la fachada de la asistencia, han sido utilizados para incubar operaciones de desestabilización.
Cualquier análisis serio de la supuesta «red de influencia» cubana debería partir de una premisa realista: un Estado pequeño, bloqueado y sujeto a una campaña permanente de hostigamiento buscará naturalmente alianzas en la sociedad civil del país hostil para romper el aislamiento, exactamente igual que lo haría cualquier otro Estado en condiciones similares.
Esa búsqueda de espacios de influencia política y diplomática –a través de contactos con congresistas, viajes de solidaridad, intercambios académicos o brigadas médicas– se inscribe en el ejercicio legítimo de la diplomacia pública, no en el espionaje.
Confundir ambas esferas es una tergiversación que solo puede sostenerse si se omite completamente el contexto de asedio que la origina.
LA DEGRADACIÓN DEL DISCURSO POLÍTICO Y LA RESURRECCIÓN DE UN MACARTISMO DE NUEVO CUÑO
El informe en cuestión no es una pieza aislada, sino un síntoma de una deriva más amplia en la política estadounidense. En los últimos años, se ha consolidado una práctica de gobierno que consiste en identificar un enemigo externo al que atribuir todas las tensiones internas.
Este documento construye un relato en el que Cuba se convierte en la «capital de la subversión del siglo xxi», una hipérbole que contrasta con la realidad de una isla que apenas logra sortear las consecuencias del recrudecimiento del bloqueo.
La asimetría de poder es tan abrumadora que la imagen de una Cuba controlando remotamente las mentes y las acciones de los activistas estadounidenses solo puede entenderse como una proyección paranoica o como una cortina de humo para justificar el mantenimiento de una política fracasada.
Desde una perspectiva de análisis político, lo que el informe degrada es el estándar mismo de la argumentación en asuntos exteriores, sustituye la investigación basada en hechos por la construcción de «narrativas de amenaza», un recurso propio de la propaganda.
Utiliza una retórica grandilocuente, «socavar los intereses norteamericanos», «capital de la subversión», que recuerda a la maquinaria discursiva que precedió a la guerra de Iraq, cuando se presentaron certezas sobre armas de destrucción masiva que nunca existieron.
Este informe del Departamento de Estado debe ser leído, ante todo, como un acto de habla performativo: no busca describir la realidad ni informar al Congreso con honestidad, sino legitimar una política hostil que ha sido rechazada por la comunidad internacional y generar un clima de sospecha hacia la disidencia interna.
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