Venezuela denuncia «vulgar y bárbaro despojo» de CITGO por parte de EE. UU.
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El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechazó enérgicamente la decisión de un tribunal estadounidense que avala la venta forzosa de CITGO Petroleum, calificándola como un “vulgar y bárbaro despojo” de un activo estratégico del pueblo venezolano.
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En un comunicado leído por la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se denunció que este acto constituye un “proceso fraudulento” y un “nuevo episodio de la agresión multiforme que se ejecuta desde los Estados Unidos contra Venezuela”. La dirigente aseguró que PDVSA y el Estado venezolano “fueron intencional e ilegalmente excluidos del proceso”, negándoseles el derecho a la defensa bajo la “grosera excusa” del desconocimiento del gobierno legítimo.
El pronunciamiento oficial señala que este despojo se ejecutó “en complicidad” con figuras de la oposición radical como María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio y José Ignacio Hernández. A estos los identifica como parte de un “grupo de delincuencia organizada” que, desde la autodenominada Asamblea Nacional de 2015, pretendió usurpar la representación del país para dejarlo indefenso ante el “robo descarado”.
“Venezuela reitera que no reconoce ni reconocerá la venta forzosa de CITGO”, afirmó Rodríguez, adelantada en “flagrante desprecio” de las garantías jurídicas y económicas. El Gobierno reafirmó que adoptará “todas las medidas a su disposición” para llevar ante la justicia, incluyendo la responsabilidad internacional, a todos los promotores y ejecutores de este saqueo.
“Este caso pasará a la historia como evidencia patente y patética de que en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica no se respetan ni garantizan las inversiones extranjeras”, concluyó el comunicado, asegurando que el pueblo venezolano dará una “lección histórica” a quienes han traicionado la patria.
La autorización fraudulenta de la venta de CITGO
En un acto que consolida una de las mayores expropiaciones de la era moderna, un juez federal de los Estados Unidos avaló la venta forzosa de CITGO Petroleum, la principal filial internacional de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Este fallo, emitido por el juez Leonard P. Stark en Delaware, representa la culminación de un largo proceso jurídico-politizado destinado a despojar al Estado venezolano de un activo estratégico valorado en miles de millones de dólares.
La transacción, aprobada por un monto de 5.900 millones de dólares a favor de la empresa Amber Energy, constituye un verdadero «robo» según análisis expertos, dado que el valor real de la empresa se sitúa entre los 11 mil y 13 mil millones. El profesor y analista Werther Sandoval lo describe sin ambages: «el contubernio, aquelarre, entente jurídico-político de la jurisprudencia estadounidense con el fantoche gobierno y los buitres acreedores… le robarán CITGO a Pdvsa con la trácala de cobrar una deuda que no es de Pdvsa, sino de la República Bolivariana de Venezuela».
El mecanismo para este despojo se puso en marcha tras el ilegítimo reconocimiento por parte de la administración Trump de un gobierno paralelo en Venezuela en 2019. Sandoval explica que fue entonces cuando «el parapeto [gobierno de Guaidó] disparó [la deuda] a 23 mil 600 millones para hacerla impagable y con ella exacerbar la hambruna crematística de los acreedores para demandar y apropiarse de Citgo». Esta estrategia violó el principio jurídico capitalista del alter ego o velo corporativo, que protege a una subsidiaria de las deudas de su matriz.
Como detalla el análisis, «previo a la usurpación de Guaidó, CITGO jamás estuvo sobre endeudada… Venezuela incluso hasta 2019, antes de la autoproclamación, cumplía cabalmente con sus compromisos de pago». La toma ilegal de la junta directiva por parte de figuras afines a la oposición, como Luisa Palacios y Carlos Jordá, allanó el camino para que los acreedores buitre presentaran demandas masivas en cortes estadounidenses.
El doble objetivo
La ambición sobre CITGO no es nueva. Sandoval recuerda que advertencias históricas, como las del expresidente Carlos Andrés Pérez, alertaban que poseer una refinería al 100% en EE. UU. la hacía «vulnerable y propicia para hacerla objeto de medidas proteccionistas». El objetivo dual era, por un lado, estrangular una fuente vital de divisas para la nación bolivariana y, por otro, apoderarse de un complejo industrial rentable que por décadas ha beneficiado desproporcionadamente a la economía norteamericana.
«Citgo fue adquirida para enviar petróleo venezolano a precios por debajo del valor medio del mercado, a descuento, lo cual redunda en la entrega de altas sumas impositivas al fisco de EEUU, a costa de menores dividendos y casi nulos pagos de impuestos al Estado venezolano», señala Sandoval. Su control total era una pieza clave en la guerra económica multidimensional contra Venezuela.
Este fallo, que el Gobierno Bolivariano ha denunciado enérgicamente como un atraco en plena luz del día, tendrá graves repercusiones. Sandoval advierte que «toda relación y acuerdo de EEUU con Venezuela estarán marcados por el antecedente de haberse robado CITGO, un acto delictual que estará siempre latente… generando desconfianza y elevando los costos de cualquier negociación bilateral».
El Estado venezolano ha dejado claro que agotará todas las vías legales a nivel internacional para recuperar lo que legítimamente le pertenece. La venta, que aún requiere aprobaciones regulatorias y no se concretaría hasta 2026, se alza como un monumento a la doble moral y la lawfare (guerra jurídica) empleada por el imperio y sus colaboradores locales.
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