Una tarea que no se detiene en Cienfuegos
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En materia de prevenir las indisciplinas sociales, delitos y demás conductas ajenas a nuestros preceptos sociales, morales y jurídicos, las acciones pueden resultar pocas, sobre todo cuando lo negativo se torna persistente, gracias al actuar de unos cuantos “sordos” a los requerimientos de las autoridades.
Mas ese panorama no ha sido óbice para que desde enero a mayo del actual año, los organismos competentes, bajo la guía del grupo de enfrentamiento del Gobierno provincial en Cienfuegos se hayan desplegado más allá de la ciudad capital.
“En la etapa se concretaron dinámicas de trabajo en aras de favorecer la disminución de actitudes impropias, tanto en el sector estatal como en el no estatal. En ese sentido, el grupo actuó en disimiles escenarios, como tiendas y establecimientos del comercio minorista, de las cadenas Tiendas Caribe y Cimex, farmacias y panaderías, entre otras. De igual manera estuvo presente en las tiendas en MLC, aunque esta es una arista requerida de mayor seguimiento, pues actualmente son los sitios en los cuales se aglomeran mayor cantidad de personas para la adquisición de productos de primera necesidad”, asegura Florentino Pérez Valladares, especialista del Gobierno en la provincia.
El rastreo sistemático permite corregir desviaciones aún presentes; sin embargo, es preciso una reorganización definitiva de los grupos de apoyo establecidos, los cuales según estadísticas, crecieron de 92 a 123 en el territorio. “No se trata de tener más grupos e identificar a sus integrantes con brazaletes; se necesita un funcionamiento óptimo y sistemático, adoptar estrategias oportunas y efectivas en cada momento para evitar que elementos inescrupulosos se adueñen de productos imprescindibles para el pueblo”, sentenció en reciente análisis la integrante del Comité Central, Maridé Fernández López, primera secretaria del Partido en Cienfuegos.
Con dicho criterio coincide Alexandre Corona Quintero, gobernador, quien conmina a “ofrecer la máxima atención al enfrentamiento por su implicación en el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana, sobre todo en lo concerniente a las colas, un asunto de inevitable presencia, pero urgido de mayor organización para contrarrestar las aglomeraciones, una de las prinicipales inquietudes de la población en las actuales circunstancias.
“Es vital desplegar cuanta acción cambie ese panorama y logre el acceso del pueblo trabajador a los productos necesarios y así cerrar el paso a quienes se dedican a acaparar y revender”, aseguró.
SIN DETENIMIENTO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Es la Dirección Integral de Supervisión (DIS) un cuerpo de supervisión y control, con presencia en los municipios, encargado de dar cumplimiento a los temas relativos a la inspección estatal y al trabajo por cuenta propia. En ese sentido, no poco se materializó en el período transcurrido.
“Se incrementaron las acciones conjuntas con órganos como la Fiscalía, la Policía Técnica de Investigativa (PTI) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR); con ésta última se han concretado 138 operativos. Hasta el cierre de abril la DIS impuso 3mil 811 multas, ascendentes a un ingreso de poco más de dos millones de pesos”, aporta Paulino Pablo Díaz Santillán, director provincial, quien reconoce la disminución del número de multas en comparación con igual período del año anterior, entre otras causas por las dificultades con algunos especialistas, los cuales han estado aislados por la Covid-19 o han tenido que asumir el cuidado de hijos menores, además de las plantillas incompletas en varios municipios.
“En el período se realizaron varias supervisiones al sector no estatal, y derivadas de ellas resultaron aplicadas 133 multas a trabajadores por cuenta propia por violar el alcance de la actividad, vender productos industriales o tener trabajadores no contratados prestando servicios al momento de la inspección”.
La PNR tampoco ha cesado su actuar en la región sureña. Tomamos como muestra la segunda quincena del recién concluido mes de mayo, y según información ofrecida por el teniente coronel Osmany Llarena Cardoso, segundo jefe de la PNR en la provincia, en el análisis periódico del tema: “Se actuó contra 153 individuos, de ellos 56 identificados como coleros, 20 acaparadores, 43 revendedores y 22 vendedores ilegales. 47 personas fueron procesadas en 41 denuncias y se realizaron 23 registros operativos, resultado de los cuales se desarticularon 17 puntos ilegales de venta de productos alimenticios, cinco casas almacenes, dos fábricas ilegales de galletas en las que se ocuparon una buena cantidad de harina de trigo.
“En el entorno de las tiendas en MLC se operó contra 26 coleros; mientras en los puntos de expendio de gas licuado se detectaron dos y tres en los alrededores de los restaurantes. En la barriada de Junco Sur, en la ciudad de Cienfuegos, como parte de un operativo fue detectada una trabajadora de Cimex transportando en un vehículo estatal unos 50 pomos de aceite comestible, siendo acusada por acaparamiento, además se adoptaron otras medidas. También se opera contra cuatro sujetos relacionados con la venta de productos de primera necesidad a través de las redes sociales”.
NUEVOS DECRETOS, ¿MENOS INDISCIPLINAS Y VIOLACIONES DE LO DISPUESTO?
Desde el mes de febrero, dos nuevos decretos, aprobados por el Consejo de Ministros, entraron en vigor ante la persistencia de las violaciones relacionadas con los precios y tarifas establecidos para disímiles productos y servicios; además con el cumplimiento de los protocolos sanitarios previstos para enfrentar a la Covid-19.
Sin dudas, el Decreto 30/21y el Decreto 31/21 han venido a ser espaldarazos a la labor desarrollada; pero, ¿cuál es el comportamiento al cierre de mayo en territorio sureño?
Glenia Cristina Díaz González, directora provincial de Finanzas y Precios explica: “hasta el 28 de mayo se han aplicado 294 multas por el Decreto 30/21 y dos mil 502 por el 31/21. Consideramos baja la imposición y no se trata de imponer porque queramos cumplir con una estadística o meta, sino porque todavía existen muchas quejas de la población con los precios abusivos y especulativos, y es evidente la falta de percepción de riesgo ante la Covid-19, enfermedad con índices significativos”.
Según la apreciación de la directiva “(…) educar a las personas en el cumplimiento de lo indicado respecto a los precios y también a las medidas de Salud Pública ante la pandemia, fundamentalmente el uso del nasobuco y el distanciamiento físico, es un camino a seguir”.
Respalda lo anterior una muestra aportada por el segundo jefe de la PNR: “Unas mil 671 personas, entre ellas unos 303 menores de edad, fueron detectadas —en la segunda quincena de mayo— en situación de riesgo por la Covid-19. A 351 se les aplicó el Decreto 31/21 y otras 25 fueron denunciadas por el delito de propagación de epidemias”.
Por su parte, el director provincial de la DIS aprecia que “(…) las multas son de alta cuantía, pero realmente ambos buscan un cumplimiento de lo legislado, tanto en la prestación de servicios al pueblo, como en lo que a la preservación de la vida respecta”.
Continuar la marcha, sin descanso, en un combate frontal, es la premisa de quienes, en la Perla del Sur, llevan de la mano el enfrentamiento a las indisciplinas sociales, delitos e ilegalidades que pretenden en enseñorearse para restarle sosiego al bienestar popular.
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