Una fortaleza incomparable

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Caminar tranquilamente por nuestras calles a cualquier hora, estar junto a un niño en espacios públicos sin temor a que alguien te lo arrebate de la mano para venderlo a una pareja sin descendencia o extraerle sus órganos, libre accionar de los establecimientos privados sin la figura de la extorsión, acudir a cualquier institución educativa o del tipo que fuere sin ser blancos de un tiroteo masivo, ausencia de bandas o crimen organizado, disponer de un sistema policial que vela por el ciudadano y no le asfixia con la rodilla al cuello como hicieron esas fuerzas en los Estados Unidos con George Floyd y miles de afroamericanos más muertos por sus armas.

Hay tantas, son tantas las oportunidades de vivir en paz en Cuba que, de tan normales, a veces algunos suelen darlas por universalmente corrientes, como si existieran en todo el mundo. Sin embargo, quien haya permanecido en cualquier lugar de este planeta por algún tiempo, bien sabe que no es así.

Ese del que no mucho se habla, el de la seguridad ciudadana, constituye uno de los derechos humanos básicos y conquista social alcanzada por el proceso que defiende la inmensa mayoría de los cubanos. No existe un solo país en la América toda que supere al nuestro en tal sentido; no exageraría si lo extendiera al orbe.

El artículo 46 de la Constitución de la República establece, entre otros, el derecho de todas las personas a la seguridad, implicando la posibilidad de cada ciudadano de desarrollar su vida sin riesgos, ni amenazas a su integridad, su actuación, o al entorno de su actividad. A veces se define como derecho a la tranquilidad ciudadana o a la convivencia pacífica. El referido artículo encuentra respaldo en el ordenamiento jurídico: las leyes administrativas y penales sancionan las conductas que afectan el orden y la tranquilidad ciudadana y la medida o sanción aplicable depende de la gravedad o peligrosidad de los hechos.

La ultraderecha cubanoamericana en los Estados Unidos y varios de sus brazos terroristas con financiamiento de agencias de ese propio gobierno, están incitando abiertamente, día a día, a través de las redes sociales u otras plataformas a alterar el orden en la Isla mediante la comisión de actos terroristas contra el pueblo cubano por parte de mercenarios internos. Actos en los cuales puede salir herida cualquier persona, porque las piedras y los cocteles molotov suelen desviar su trayectoria, como las bombas, e impactar a cualquiera, no importa si sea revolucionario o no.

Los artículos 10 y 11 de la Ley contra actos de terrorismo establece que “incurre en sanción de diez a treinta años de libertad, privación perpetua de libertad o muerte” quien entrega, coloca, arroja, disemina o utiliza de cualquier otra forma un artefacto, ya sea explosivo o mortífero en cualquiera de sus variantes, o sustancias o instrumentos inflamables.

Para todas las demás figuras relacionadas con el proceder al cual están alentando, también existen muy severas penas. Unos dólares no pueden valer más para nadie, tenga la naturaleza que tenga, que estar en prisión gran parte de su vida.

Cuba posee un pueblo unido y valeroso, además de uno de los Ministerios del Interior más sólidos y resolutivos de todo el planeta. Cada comisor de un acto de este tipo, fuere cual fuere la forma adoptada, será capturado y juzgado con el peso de la ley, de acuerdo con lo legislado para penalizar a estas acciones violentas sufragadas por representantes de una potencia extranjera.

Cuba no va a permitir nunca que lastimen a su pueblo y a un derecho tan extraordinario como el de la seguridad ciudadana, el derecho que no han poseído nunca los ciudadanos del país desde donde ordenan el terror contra nuestra gente.

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Julio Martínez Molina

Licenciado en Periodismo por la Universidad de La Habana. Periodista del diario 5 de Septiembre y crítico audiovisual. Miembro de la UPEC, la UNEAC, la FIPRESCI y la Asociación Cubana de la Crítica Cinematográfica

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