Sobre políticas culturales y derechos económicos de los artistas en Cienfuegos
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Cuba se encuentra inmersa, desde hace ya algunos años, en un proceso de patrimonialización de la Cultura, dirigido a la preservación de nuestros elementos más autóctonos. Con este propósito ha surgido una variedad de programas ramales y disposiciones que afirman la conservación, rehabilitación y promoción, además de la investigación profunda de las más genuinas expresiones culturales.
Influye notoriamente que la economía cubana se encuentra inmersa en un complejo proceso de actualización de su modelo económico, correspondiente con la disfuncionalidad de un modelo anterior descentralizado en varios aspectos por las condiciones dadas en los años 90 del pasado siglo. Todo esto conlleva a la necesidad de adoptar nuevas formas y mecanismos de conducción en el aspecto de marras. El momento actual en que vivimos como sociedad está caracterizado por una hipertrofia en la protección de algunos sujetos y relaciones y un abandono en el desarrollo teórico y la implementación práctica de otros.
Los acuerdos internacionales pretenden que las legislaciones de derechos de autor sigan los mismos argumentos del libre comercio. Quieren que los países subdesarrollados vean la cultura como una esfera comercial de inversión. No importa que se estén extinguiendo prácticas culturales originarias. El cuidado y protección del patrimonio cultural, las acciones de rescate y salvaguardia de la memoria mundial, quedan preteridas, pues las deudas de comercio son más importantes.
Los instrumentos normativos internacionales y las legislaciones nacionales de propiedad intelectual, nada tienen que ver con las necesidades de los creadores artísticos y de la sociedad. Están diseñados de acuerdo con los intereses de quienes resultan los titulares de derechos, es decir, las grandes industrias editoriales, de la música, del audiovisual, del software y de la llamada industria del entretenimiento. Un mundo cada vez más interconectado tecnológicamente se hace cada vez más privado, y lo que la tecnología pudiera permitir, lo cierra la propiedad intelectual en manos del poder corporativo.
La frontera que marca el límite en el ejercicio de estos derechos ha sido francamente desplazada, y no para favorecer a esas personas en su condición de autoras. Se han limitado de manera dramática los derechos “a tomar parte libremente en la vida cultural de la sociedad, no a causa de otros derechos humanos sino de derechos corporativos. Por esta causa, la clasificación del derecho de autor como un derecho humano es hoy cuestionada con gran severidad. Aunque pretenda presentarse de este modo para legitimarse, la propiedad intelectual de empresas y corporaciones no es un derecho humano, sino un instrumento para la monopolización de la circulación de las obras.
Hoy se pagan en el mundo enormes sumas como retribución a unos pocos y afamados artistas que han creado obras de aceptación comercial y, sin embargo, las mayorías carecen de condiciones mínimas para desarrollar sus potencialidades creativas. Frente a estados con las manos atadas, incapaces de diseñar e impulsar políticas culturales, se alza el mercado como juez supremo, inapelable, para establecer jerarquías y decidir qué debe ser promovido y consumido entre quienes puedan pagar los altos precios de los bienes y servicios culturales.
La Política Cultural en Cuba protege al creador y a la sociedad frente a los intereses que mutilan y empobrecen la creación. El acceso a las obras no puede depender de la capacidad de pago de los ciudadanos —de por sí limitada en estos tiempos de crisis— ni la protección ha de basarse únicamente en la capacidad y posibilidad de generar ingresos. En la conceptualización del modelo económico cubano se expresan sintéticamente los principios de nuestro socialismo, sustentados en la dignidad, igualdad y libertad plenas del ser humano. Su mayor reto reside en complementar los mecanismos de planificación con los elementos de mercado, para lograr la sostenibilidad del proyecto socialista. Los empleadores del talento local han conformado, con sus prácticas comerciales, un mercado que no favorece el desarrollo de la música popular cubana contemporánea y bailable, lo que va en contra de la política cultural del país.
En el tema del Derecho de Autor, el cual se tramita a través de la Agencia Cubana de Derechos de Autor Musical (ACDAM), Cienfuegos como provincia tiene a la Empresa Provincial Comercializadora de la Música y los Espectáculos Rafael Lay (EPCME) que juega un rol determinante en el cumplimiento de las leyes que amparan a los artistas. Sin embargo, en su accionar se aprecia una falta de dominio en cuanto a la creación de la obra artística, originando una afectación moral y económica a los autores locales. Referente al Patrimonio Cultural Musical la ciudad no cuenta con un Museo de la Música, tan necesario para la conservación y protección del patrimonio cultural musical, material e inmaterial. Aparecen unas pocas piezas museables del Conjunto Tradicional de Sones Los Naranjos y la Banda Municipal en el museo provincial de la ciudad con carácter de depósito, que aún no están declarados como patrimonio cultural, cuando en verdad, por su tradición e importancia histórica para la música, debieran serlo.
Cienfuegos cuenta con un vasto potencial artístico afectado por los escasos espacios para la interpretación de la música popular contemporánea y bailable. Estos mercados son cada vez más reducidos, pues la gestión y programación por parte de la empresa artística se hace insuficiente, ocasionando que las masas, especialmente las nuevas generaciones, no reciban, visualicen, ni gocen de nuestra identidad musical como merecen. El derecho elemental del creador a ser retribuido, en tiempo y forma por el trabajo realizado, no se respeta. Al no implementarse una política de jerarquización del talento, permiten que el salario de la vanguardia artística y de algunas agrupaciones de primer nivel esté desproporcionado y por debajo, o al mismo nivel, de proyectos que no son de la excelencia artística.
Lamentablemente, la función que realiza esta institución (EPCME) que rige y representa la música en el territorio, se ha visto bastante limitada, siendo una tarea priorizada aplicarle al artista el porcentaje de descuento por cada presentación (que él mismo se tiene que gestionar), sin concederle los recursos y la promoción necesarios para la presentación de su obra. Falta mucho trabajo por realizar y mucho camino por transitar. Debe ser objetivo fundamental en la labor institucional la protección de nuestro arte y artistas autóctonos para que el panorama musical cienfueguero se mantenga vivo y nos siga representando en cualquier latitud del mundo.
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