Protección al consumidor: ¿sin comprobante no vale?

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La semana pasada decidimos en casa pintar la careta de un ventilador, el que por vivir en una ciudad marinera, se ha oxidado y luce como viejo. Compramos en Eureka una pintura blanca en aerosol, que según el recipiente contiene aproximadamente medio litro, y que ya la habíamos usado antes, en negra y gris; tiene calidad, aunque no es económica porque cuesta cuatro dólares . Pero cuál no sería la sorpresa cuando, al usarla el fin de semana, no alcanzó ni para la mitad. El lunes llamé a la tienda, pero ya habíamos prescindido del comprobante y sin el “papelito”, “no se puede hacer nada”.

Lo que les cuento es una historia real, porque aunque muchos piensen lo contrario, los periodistas somos ciudadanos comunes y corrientes, a quienes nos sucede lo que a nuestros lectores; en ocasiones somos timados, cuando los productos no tienen un sello y son violados sus contenidos y gramajes.

Es cierto que los comprobantes deben conservarse, pero a veces salimos de compras y creemos en el mejoramiento humano y hasta lanzamos a la basura el papelito de marras, porque pensamos no nos va a ocurrir nada con el producto, que en definitiva no tiene garantía. Sobre el tema quiero llamar la atención para , en caso necesario, poder explorar los inexplorados caminos de la protección al consumidor y exigir por sus derechos.

En las entidades donde se ejerce la actividad comercial existen varias formas, a veces demasiado formales para ser creíbles, de garantizar la protección al consumidor, como es el caso de las balanzas para comprobar el peso, método al que la población no acude y hasta se cuestiona si estas no estarán también “arregladas”.

En lo jurídico-legal están vigentes leyes, decretos y acápites que amparan a los clientes. El artículo 63 de la Constitución fe la República plantea, que todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, y recibir la atención o respuestas pendientes en el plazo adecuado conforme a la Ley; el Código Penal vigente sanciona y reprime a aquellas personas que practiquen el engaño al consumidor, como vender artículos incompletos en su composición o peso, o deteriorados; cobrar mercancías por encima de las tarifas aprobadas; ocultar mercancías al público o negar injustificadamente los servicios que se prestan en la entidad; entre otros.

Así, encontramos también un marco legal en el acuerdo No. 3529 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, órgano que faculta al Ministerio del Comercio Interior para controlar la aplicación de la política del Estado y del Gobierno en cuanto al Comercio Interior Mayorista y Minorista de alimentos, otros bienes y de los servicios de consumo personal y comercial. Además, funge como rector para establecer y controlar la aplicación de las normas que regulen la protección al consumidor en los sectores estatal, cooperativo, privado y mixto, los cuales operan en pesos cubanos y convertibles.

Notamos que los consumidores sí estamos protegidos y respaldados, siempre que sigamos los caminos necesarios para las reclamaciones, aunque al final de cada mes tengamos una jabita , de esas que se incluyen en los precios de los productos que adquirimos en las tiendas conocidas como shopping y que casi nunca o nunca nos la facilitan.

¿Y qué pasa con aquellas unidades donde no nos dan un comprobante? Podría citar a las de la Cadena, donde recientemente adquirí picadillo de pollo, jamón y queso, productos que al pesar en casa le faltaban 45, 60 y 85 gramos, respectivamente; pero era viernes, había mucho calor y regresar resultaba muy engorroso.

¿Qué decir de las ofertas engañosas? Siete productos informados en una cartelera y sólo uno en existencia; o de la calidad que no se corresponde con el precio… hay  tela, mucha tela por donde cortar, con comprobante y sin él, si de proteger al consumidor se trata.

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