Prevención de indisciplinas en menores de edad
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Era apenas un niño, un púber de rostro lampiño que jugaba a ser hombre por caminos errados. Sus padres, inexplicablemente despreocupados, dormían el sueño de los limpios de conciencia allá en una comunidad rural a varios kilómetros de distancia, mientras aquí en Cienfuegos su hijo de solo catorce años era tratado en el Cuerpo de Guardia del Hospital Pediátrico a causa de una hipoglucemia, ocasionada por el alto consumo de bebidas alcohólicas.
El menor llegó al centro asistencial llevado por algunos compañeros de andanzas que apenas le rebasaban en edad. Se trataba de un grupo de amigos que con gran naturalidad había venido a divertirse, sin que ellos -ni mucho menos sus padres- midieran las posibles consecuencias de sus actos.
Cuando a la mañana siguiente los oficiales de la Sección de Menores del Ministerio del Interior (Minint) se presentaron en el domicilio del jovencito, sus progenitores ni siquiera habían salido a buscarlo. Cosa natural era la ausencia –durante toda la noche -del adolescente en su hogar.
Historias semejantes suelen resultar más frecuentes de lo que se imagina, asegura la teniente coronel Minerva Estrada Jiménez, jefa de esta especialidad del Minint en Cienfuegos, quien puntualiza que aunque los riesgos e indisciplinas se encuentran latentes durante todo el año, la etapa vacacional actúa como un catalizador de tales fenómenos.
Según la información aportada por la referida autoridad son varias las indisciplinas o comportamientos negativos que se identifican en determinados grupos de menores en la provincia en general y en la ciudad de Cienfuegos en particular, sobre todo en áreas de Punta Gorda, Centro Histórico, Reina y en la piscina de Pastorita.
La referida ingestión de bebidas alcohólicas; las alteraciones del orden en la vía pública; el lenguaje obsceno; el irrespeto a sus contemporáneos y a personas mayores –incluso a la autoridad-; el bañarse en lugares inadecuados como el Muelle Olimpia Medina, donde se tiran desde alturas considerables, rompen piezas de los barcos y apedrean y ofenden a los custodios; el permanecer en la calle hasta muy altas horas de la madrugada, así como el asedio al turismo, constituyen las acciones más preocupantes.
De modo inversamente proporcional, los hechos indican que cada día disminuye la percepción de riesgo que la sociedad, la familia y especialmente los padres, poseen con respecto a la ocurrencia de estas actividades. También es muy escasa la atención que organizaciones comunitarias como la Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución, e incluso otros factores como las organizaciones juveniles y de los pioneros brindan al tema en función de minimizarlo.
Así, lo que hasta hace unos años era mal visto, rechazado o enfrentado por los adultos, poco a poco va entrando con mayor fuerza en el saco sin fondo de la indiferencia o la permisibilidad, y aunque no se trata de un fenómeno expandido a toda la infancia, sí salta a la vista por su saldo negativo.
Al respecto, Estrada Jiménez asevera que aún cuando existan otras estructuras —sobre todo la escuela— responsables de la formación y la conducta de los niños y adolescentes, son y serán los padres los máximos responsables de la protección integral de los menores.
Sus obligaciones van mucho más allá de garantizarles techo, alimentos, vestuario, calzado y enviarlos puntualmente a la escuela. Se trata de velar por su correcta formación, de estar atentos a qué hacen, con quién se reúnen, a dónde van, cómo se comportan…
Cuando los menores son detectados en la comisión de alguna de las indisciplinas referidas, los padres son citados, se les aplican medidas persuasivas consistentes en alertas, firmas de actas de compromiso o profilaxis.
Sin embargo, muchas veces tampoco se encuentra ante tales circunstancias una reacción positiva y entonces se procede a una advertencia oficial que se aplica tanto a la madre como al padre, pues aunque ambos no convivan con los hijos, poseen igual responsabilidad legal.
De no obtener aquí la respuesta necesaria, los progenitores se ponen a disposición de los tribunales por un delito tipificado en el Código Penal vigente como Actos contra el normal desarrollo del menor, donde se prevé como sanción la privación de libertad.
Por su parte, los niños y adolescentes con agravaciones en su comportamiento y repercusión social negativa en la comunidad, pueden llegar a ser internados en las escuelas de conducta o en las de formación integral, por las cuales transitarán hasta que se adviertan transformaciones positivas tanto en su propio actuar como en el de sus familias.
A pesar de ello, no el propósito fundamental de quienes establecen y hacen cumplir las reglas, que un menor quede aún más desprotegido y alejado de sus seres más cercanos. Sancionar merecidamente a los inconscientes padres que dormían mientras su hijo se embriagaba hasta perder el sentido no garantiza que el muchacho se aleje para siempre de esta práctica.
Prevenir, alertar, educar, proteger, controlar y —sobre todo— amar a esos que constituyen la riqueza más valiosa de esta sociedad, resultan las mejores acciones que deben ser ejecutadas desde su propio seno familiar. Así, ellos siempre podrán ser los mayores ganadores.
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