Presentan juicio político contra Piñera por Pandora Papers

Diputados opositores presentaron hoy una acusación constitucional contra el presidente chileno, Sebastián Piñera, por vínculos con la venta de un proyecto minero en un paraíso fiscal, revelada por los Papeles de Pandora.

El documento ingresado en la Cámara de Diputados consta de dos partes e imputa al mandatario por infringir abiertamente la constitución en relación con el principio de probidad y comprometer el honor de la nación.

Según los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en 2010, cuando Piñera ejercía su primer mandato, él y su familia vendieron a un amigo acciones de la minera Dominga por 152 millones de dólares, 138 de los cuales se negociaron en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

El pago debía efectuarse en tres cuotas, la última de las cuales estaba condicionada a que no se cumpliera el reclamo de defensores de la naturaleza de declarar la zona como de protección ambiental.

‘La corrupción de Piñera desestabiliza y le hace daño a la democracia. Hay que terminar con la impunidad de quien tiene el poder político y económico’, escribió en su cuenta de Twitter el legislador del Partido Comunista Daniel Núñez, uno de los firmantes de la moción.

Mientras, Tomas Hirsch, de Acción Humanista, aseguró que cuentan con los votos de las bancadas de la oposición para aprobar la acusación y esperan que las del oficialismo la apoyen, cuando estudien con seriedad y responsabilidad los antecedentes.

Este procedimiento se aplica a las autoridades señaladas de incurrir en alguna infracción que justifique su destitución o inhabilitación para el ejercicio del cargo o cualquier otra función pública, y necesita 78 votos en la cámara baja y dos tercios en el Senado para su adopción.

Los legisladores esperan que pueda ser analizada antes del 21 de noviembre, cuando tendrá lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Además de la posibilidad de un juicio político, Piñera fue imputado por la Fiscalía por los delitos tributarios y de cohecho en la compraventa de la minera.

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