Precios: topados, pero además controlados

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El tema es muy serio. Se vuelca el corazón cuando hay que erogar 100 pesos por una colecita que casi no pesa y 70 por una libra de guagüí…, y así sucesivamente con casi todo ─o con todo─ lo que se necesita para la alimentación imprescindible y que cada vez se hace más compleja, porque la inflación acrecentó, entre muchas cosas, la crisis en las cocinas y las mesas familiares.

Es correcto que se intente poner coto a los precios galopantes, fruto de una desvalorización el peso también galopante y difícil de resolver por razones múltiples, sobre todo por una oferta deprimida a causa de las limitaciones financieras que afronta el país.

Las crisis traen esas consecuencias, y además de que las exportaciones están deprimidas y existen renglones imprescindibles que deben importarse, sufrimos, como las demás naciones del mundo, las consecuencias de una terrible pandemia provocada por la COVID─19 que laceró enormemente las arcas monetarias del país y el siempre presente ─aunque algunos no quieran admitirlo─ bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano, recrudecido de manera notable en los últimos años.

Además de eso, existen problemas objetivos y subjetivos internos, muy de nosotros. Traigo a colación las afirmaciones hechas por la Doctora Miriam Nicado García, miembro del Comité Central (CC) del Partido Comunista de Cuba (PCC), del Consejo de Estado de la República de Cuba y rectora de la Universidad de La Habana, en el más reciente pleno de CC del PCC, cuando criticó la aptitud pasiva de los productores estatales, cooperativistas y privados, quienes esperan que por “la canalita” les llegue el fertilizante NPK, compuesto por Nitrógeno, Fósforo y Potasio, y no aplican uno totalmente cubano, cuya eficacia está probada científicamente, formado por Zeolita y una mínima dosis de NPK, eficaz, económico y seguro.

Todo, en conjunto, deprime la producción y disminuye las ofertas a la población. A eso se une la existencia de los “dichosos” intermediarios, al parecer imposibles de erradica, los no cultivan la tierra, pero les compran a los campesinos los productos y los revenden a un precio duplicado, triplicado… Ellos son los más “vivos” en términos de la ganancia con poco esfuerzo, a costa del bolsillo de quienes nos vemos precisados a comprar. ¿Y quién le pone el ‘cascabel al gato’”?

La decisión de precios topados alegra, no hay dudas. Por ejemplo, ahora se emitió una resolución gubernamental en Cienfuegos que establece la venta del tomate a no más de 25 pesos la libra, todavía alta, pero algo es algo. Pero… ¿se resuelve el problema solo de esa manera?

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La realidad demuestra ─y puede apreciarse claramente en las ferias sabatinas─ que los vendedores, o mejor dicho, los revendedores ponen en la pizarra los precios establecidos y se ajustan a ellos mientras merodean los inspectores o autoridades. Una vez que se alejan les resulta fácil decir: “Aí dice 50 pesos, pero es a 80”. Y lo compras o lo dejas.

Porque una disposición, de cualquier tipo, sin el control debido se desvirtúa en su aplicación práctica y la buena fe y el noble empeño, quedan distorsionados.

Y qué decir de los carretilleros que pululan por la ciudad de Cienfuegos y los carretones por las calles en horario vespertino o casi al anochecer. Esos andan fuera de toda vigilancia y quienes efectúan las ventas ponen los precios que les parecen.

El asunto es tan complejo como serio. Y la solución definitiva se torna difícil y alejada. A mi apreciación, la única vía factible para hacer lo más efectiva posible la disposición a favor de los consumidores es redoblar el control, intensificar el accionar de las autoridades que les corresponde (la realidad está alejada de la necesidad) y sobre todo, de los inspectores.

Los dirigentes gubernamentales, principalmente del nivel municipal y de los consejos populares, junto con los delegados electos en las circunscripciones, deben también accionar más en ese sentido, con mayor rigor y exigencia, porque ellos son los representantes genuinos del pueblo.

Es un reto erradicar la impunidad, pero no queda de otra, en bien de hacer efectivos los precios topados y convertirlos en una herramienta eficaz y real en la vida cotidiana.

Y una última apreciación necesaria: las direcciones de Finanzas y Precios y otros decisores no deben descuidar la observancia de los importes de los productos que se venden en las unidades estatales. La nube no debe subir tanto y de manera tan continuada o llegaremos a un límite insostenible para quienes vivimos del trabajo y estamos en la obligación de contribuir al sostenimiento familiar.

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