Ordenan detener operaciones a militares gringos en Colombia
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó hoy al presidente de Colombia, Iván Duque, suspender en un plazo de 48 horas las operaciones de militares de Estados Unidos en el territorio nacional.
El fallo del Tribunal responde a una tutela enviada por una veintena de senadores, encabezados por Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo.
El Tribunal ordena al mandatario que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión, remita al Senado toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos.
También nada al gobernante que suspenda los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de esa brigada militar en el territorio nacional, mientras el Senado asuma su función privativa de control político que puede ejercer en todo tiempo, de acuerdo con la Constitución.
La decisión niega cualquier pretensión sobre dicha solicitud y aclara que la sentencia puede impugnarse ante el Consejo de Estado, dentro de los tres días siguientes a su notificación.
El pasado 12 de junio, un grupo de 25 senadores radicaron la acción de tutela contra el presidente Duque de dicha brigada de militares de Estados Unidos supuestamente para asesorar en la lucha contra el narcotráfico.
De acuerdo con los congresistas, con esa acción buscaban ‘dejar sin efectos el acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos mediante el cual se autorizó el tránsito y permanencia de tropas extranjeras en el territorio nacional’ lo cual llevaría a Colombia a un espiral militar que podría desembocar en un conflicto armado trasnacional.
Para Iván Cepeda la presencia de tropas foráneas agrede la puesta en práctica del Acuerdo de Paz al convertir territorios de implementación de planes sociales en teatros de guerra con presencia militar extranjera, que prefiguran una agresión contra comunidades campesinas en extensas zonas del país.
Los congresistas consideran que cualquier decisión relacionada con el tránsito, estacionamiento o permanencia de militares extranjeros en este país, debe pasar por el Senado de la República, tal como lo establece la Constitución, lo que no ocurrió en este caso.
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