Más sanciones de EE. UU., la hostilidad se acrecienta

«Medidas y más medidas coercitivas, presiones, mentiras y calumnias, ese es el arsenal perverso del imperio para desestabilizar el país. No aprenden de las derrotas sufridas por el uso de una política fallida»

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rechazó las nuevas medidas de Estados Unidos contra funcionarios del país caribeño.

«Medidas y más medidas coercitivas, presiones, mentiras y calumnias, ese es el arsenal perverso del imperio para desestabilizar el país. No aprenden de las derrotas sufridas por el uso de una política fallida», escribió el mandatario en Twitter.

A su vez, compartió un tuit del miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, en el que denuncia la persistencia de EE. UU. en suponer que nuestro Gobierno le permitiría provocar la desestabilización social en Cuba.

«Es un derecho y un deber salvaguardar las prerrogativas soberanas y rechazar la injerencia extranjera. Las medidas hostiles anunciadas no alteran esa determinación», agregó en respuesta al anuncio de nuevas sanciones contra miembros del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

De acuerdo con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, las penalizaciones van dirigidas a quienes, en su opinión, socavan la capacidad del pueblo cubano para mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad, sin mencionar las consecuencias del bloqueo estadounidense, informó Prensa Latina.

Blinken reiteró el apoyo de la Casa Blanca a un cambio de régimen en la Isla, a pesar de los intentos fallidos impulsados por la actual administración y otras anteriores.

El Departamento de Estado precisó este martes, en un comunicado, que las restricciones consisten en limitar las visas de los afectados, entre los que figuran miembros del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, aunque no citan sus nombres.

Entre otros pretextos para sus arbitrariedades, Washington acusa al Gobierno antillano de «acosar» a activistas e impedir la realización de una marcha prevista para el 15 de noviembre, acción que previamente fue declarada ilícita por las autoridades de la Mayor de las Antillas por pedir un cambio en el sistema socialista refrendado en la Constitución.

Granma

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