Más autonomía, más responsabilidad
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Múltiples decisiones de país revelan la voluntad política, expresa en diversos escenarios, de descentralizar el desarrollo y estimular la toma autónoma de decisiones allí, en el municipio, núcleo primigenio donde el ciudadano desbroza el camino de la cotidianidad.
Las iniciativas de desarrollo local, por ejemplo, aparecen rápidamente en este mosaico de oportunidades si de autonomía territorial se trata; iniciativas que requieren, por cierto, de una visión actualizada sobre cómo concebir el desarrollo hoy en Cuba.
El buen rumbo de tales proyectos pasa no solo por la disponibilidad de financiamiento, la maquetación acertada de la idea u otros factores objetivos, sino por los modos de pensar en cada sitio —por recóndito que sea— la autogestión.
Un desarrollo local exitoso implica entonces “un cambio cultural”, y así lo dejó por sentado recientemente el Máster en Ciencias Jesús Rey Novoa, coordinador de esa actividad en Cienfuegos, en el espacio económico dedicado al tema de la emisora provincial Radio Ciudad del Mar.
Otro buen ejemplo (más reciente) de autonomía y confianza en la gestión del desarrollo desde la base misma de la riqueza nacional —la empresa estatal socialista— llega con la entrada en vigor de los decretos leyes 334, 335 y 336 de 2017, publicados en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 58, del 13 de diciembre del propio año.
Las recientes normativas, enfocadas en el sector empresarial, “abren de manera significativa el abanico de posibilidades de las entidades, a partir de las propias facultades ahora otorgadas”, según interpreta el Máster en Ciencias Gilberto González, responsable del departamento de Superación de Cuadros de la Universidad de Cienfuegos.
“No podemos olvidar que este perfeccionamiento del sistema empresarial va aparejado al de nuestra sociedad, y hay un elemento básico a considerar: la separación de funciones gubernamentales de las empresariales”, comentó el especialista.
El contenido de los nuevos decretos, ya vigentes, revela la amplísima gama de facultades otorgadas a los empresarios cubanos, desde las unidades empresariales de base hasta los organismos superiores de dirección empresarial (OSDE).
En sus manos está —por solo mencionar algunas— “garantizar la producción de bienes y servicios, suscribir contratos económicos con proveedores y clientes y operar las cuentas bancarias que se decidan…”, entre otras muchas atribuciones enumeradas en la Gaceta Oficial Extraordinaria.
A partir de esas medidas, las empresas “podrán desempeñarse sin depender de una cadena de decisiones que pueden entorpecer — según ha demostrado la práctica— su propio proceso de gestión,” alega al respecto Gilberto González.
A propósito, el especialista, quien ha incidido directamente en la capacitación de los empresarios sureños en torno al tema, señala que tales modificaciones “requieren de un pensamiento nuevo, más creativo, más innovador, pero sobre todo de mayor responsabilidad”.
Y en esa última palabra reside precisamente la tesis de este análisis: iniciativas de desarrollo local y decretos leyes modificativos del sistema empresarial convergen en la autonomía como punto común de la agenda cubana para el desarrollo, y en la responsabilidad como requisito básico para ejercer, oportunamente, esas necesarias libertades.
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