Justicia chilena admite querella contra Piñera por delitos de lesa humanidad
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El juzgado de Garantías Nº 7 de Santiago de Chile admitió este lunes una querella contra el presidente Sebastián Piñera por delitos de lesa humanidad, en relación a los abusos cometidos durante la represión de la protesta social.
La denuncia fue presentada por el senador Alejandro Navarro (partido MAS), y apunta también a los ministros del Interior Andrés Chadwick (ya dimitido) y Gonzalo Blumel; al director general de Carabineros, Mario Rozas; y al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez.
El querellante, quien confirmó la aceptación de su denuncia a través de una nota difundida en Twitter, los considera responsables de cometer violaciones a los Derechos Humanos, “por las decenas de personas que desde el 18 de octubre han perdido uno o ambos ojos debido a la represión de agentes del Estado”.
¡ADMITIDA! querella criminal que presentamos contra @sebastianpinera: Las víctimas quieren #Justicia, que en este caso es #CárcelParaPiñera por ser responsable de las violaciones a los #DDHH en Chile desde el #18Oct#PiñeraViolaDDHH #DDHH #NoMásImpunidadhttps://t.co/XCSbkT6Ugi pic.twitter.com/a821S8AlME
— Alejandro Navarro (@senadornavarro) December 17, 2019
La acusación se basa en el artículo 5° de la Ley 20.357, que tipifica los crímenes de lesa humanidad y genocidio, así como crímenes y delitos de guerra.
En caso de prosperar la denuncia, el presidente de Chile “arriesga hasta 20 años de cárcel”, señaló Navarro, legislador por la región del Biobío.
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“Esta es una querella que busca justicia, y la justicia, en este caso por violaciones de derechos humanos, es cárcel para Piñera. Es la única forma de que estos hechos no se repitan, de justicia al dolor de las víctimas, de los mutilados, de quienes han quedado ciegos”, concluyó.
La semana pasada, la cámara de Diputados de Chile desestimó una acusación constitucional contra el presidente por violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto social, un recurso que si avanzaba implicaba la destitución del mandatario, y una suspensión para ejercer cargos públicos por un lapso de cinco años.
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