Florida penalizará a las redes por desactivar cuentas de políticos

Florida podría convertirse pronto en el primer estado de EE.UU. que penalizará a las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube con multas por eliminar o bloquear los perfiles de los políticos.

El respectivo proyecto de ley fue aprobado el jueves último con 77 votos a favor y 38 en contra por la Cámara de Representantes local y también por el Senado estadual, que lo respaldó con 23 votos contra 11.

La iniciativa legislativa fue promovida por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, partidario del expresidente Donald Trump, que se espera que firme el documento cuando aparezca sobre su mesa.

La versión aprobada por los legisladores prevé multas de 100 mil dólares por día en el caso de que se bloquee la cuenta de un candidato a un cargo público a nivel estatal y de 10 mil dólares por día si se trata de otros políticos locales. Sin embargo, la Cámara de Representantes luego introdujo cambios que elevan las multas hasta un cuarto de millón de dólares y 25 mil dólares respectivamente, y de momento, el texto actualizado del documento está a la espera de la aprobación del Senado.

El proyecto de ley también exige que la red social notifique a los usuarios con siete días de antelación de que su cuenta puede ser bloqueada, para que tengan tiempo de corregir o eliminar ciertas publicaciones, a la vez que permite las suspensiones de dos semanas.

La medida no se aplicaría a los casos de bloqueos temporales de las cuentas de los políticos en las redes y tampoco a las situaciones cuando una plataforma elimine contenidos que violan sus términos de uso, pero exige que, en cualquier caso, la plataforma garantice al usuario el acceso a su cuenta durante 60 días después de notificarlo sobre lo que considera como una infracción.

«De lo que trata este proyecto de ley es de enviar un fuerte mensaje a Silicon Valley de que no son los árbitros absolutos de la verdad«, resumió el miércoles el republicano John Snyder, citado por NBC News. Por su parte, quienes critican la iniciativa sostienen que va en contra de la Primera Enmienda a la Constitución estadounidense y fomentaría la divulgación de contenidos antisemitas, racistas y de odio.

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