Exterminio
mié. Jul 17th, 2019
Foto: Tomada de internet

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Lo acontecido en Colombia durante largos años con los líderes sociales, acentuado sobremanera tras la firma de los acuerdos de paz, representa uno de los crímenes más abominables que han tenido lugar en la cruenta historia de América Latina.

Tierra de exterminio desde que los colonizadores españoles diezmaran en breve tiempo a las poblaciones indígenas, nuestra región y esa de forma agresivamente específica —todavía en pleno siglo XXI— sigue siendo epicentro de horrendas masacres, como las cometidas contra dichos activistas.

No hay otro sustantivo como exterminio para designar la ultimación de estas personas en la nación suramericana, dirigida de manera sucesiva por gobiernos de derecha, pro-imperiales, entreguistas; repleta de bases militares estadounidenses; centro originario del narcotráfico hemisférico surgido como consecuencia de la demanda norteamericana; punta de lanza de Washington contra Venezuela; epicentro de una violencia congénita y de enconadas luchas fratricidas, en tanto recidiva neocolonial y colonial.

Poseer conciencia cívica, decoro y una postura progresista en contra de las tropelías de las administraciones burguesas cipayas de turno supone crimen de lesa humanidad en Colombia. Se paga con la vida. El asunto no es nuevo. Históricamente, allí han sido neutralizados a balazos, ahogamiento y hasta machetazos y desmembramiento a defensores de derechos humanos, líderes gremiales, actores sociales departamentales, profesores, jefes indígenas, representantes del pueblo afrocolombiano… A lo anterior se suma persecución y chantaje, violaciones, desplazamiento forzado de poblaciones, muerte de pobladores civiles indefensos a manos de sicarios…

Pero lo que sucede en la actualidad alcanza una dimensión ya inadmisible, tanto en el país andino como en el resto del mundo, por cuanto se trata de una política exterminadora de limpieza total de los líderes y lideresas. De acuerdo con recientes datos publicados por Indepaz, desde la suscripción del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP hasta la fecha, 726 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia (otras fuentes hablan de 837). Solo en cuanto va del año, fueron ejecutados88 líderes y excombatientes. Convendría acotarse que todo el proceso posterior a la implementación de dichos acuerdos de paz está regenteado y financiado por la estadounidense Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID).

En Colombia, con un gobierno plegado a los objetivos geoestratégicos de Washington para la región, el derechista gobierno de Duque no hace nada para impedir el asesinato sistemático de líderes sociales, ex combatientes, jefes indígenas, representantes del pueblo afro…

Lo más preocupante, de cara a futuro y en el sentido de la posible continuidad del fenómeno sin acción contendora alguna, es que otros miles que abogan por la autonomía de sus comarcas y a favor de las reivindicaciones de campesinos e indígenas están en total posición de peligro debido (en el mejor de los casos) a la desidia o al desinterés del gobierno de Iván Duque, y (en el peor) a causa de su contubernio con la ola imparable de asesinatos.

Formado en la zorruna escuela del asesino Álvaro Uribe, el nuevo inquilino de la Casa de Nariño es un sujeto sin convicciones morales, teledirigido por Washington y opuesto a lo que pueda oler de lejos a algo parecido a urgencias nacionales de carácter socialista. Se opone a todo cuanto suponga concesión de derechos, autonomía, libertad; a las luchas estudiantiles (hace pocos meses, mientras decenas de miles de alumnos universitarios se manifestaban en las calles del país, él invitaba a palacio al reguetonero Maluma, un tipo tan sucio y bajo como él); a la independencia y soberanía de los pueblos; a la integración latinoamericana…

Duque ha hecho caso omiso a la recomendación realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en enero de 2019, la cual exhortaba al poder ejecutivo a ejecutar un grupo de medidas encaminadas aprevenir, reparar y garantizar los derechos humanos de activistas sociales. Similar falta de atención le prestó a otra semejante efectuada por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst a fines del 2018.

Lamentablemente, todo sigue igual. La revista colombiana Semana lo dice de forma tan sencilla como espeluznante: “Los asesinatos aumentan, las denuncias no tienen eco y la ‘institucionalitis’ tiene embolatadas las promesas de una política pública que de una vez por todas pare el desangre”.

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