Esquizofrenia en la Casa Blanca
mar. Jul 23rd, 2019

Esquizofrenia en la Casa Blanca

Algo no anda muy bien en la cabeza del imperio. En su balacera constante contra los adversarios políticos, el gobierno de Donald Trump parece haber perdido la razón. La reciente activación del Título III de la Ley Helms-Burton es la prueba más evidente de su estado esquizofrénico, en otro intento desesperado —y a larga inútil— por aniquilar a la Revolución Cubana. No solo afecta las proyecciones de desarrollo de la mayor isla del Caribe; pone en riesgo, incluso, los intereses de un grupo importante de sus aliados.

Las reacciones de mandatarios y organismos internacionales de diversas filiaciones políticas, así lo demuestran. Francia, España y Canadá han reafirmado claramente su postura de rechazo a este mecanismo, al considerarlo contrario al derecho internacional. La Unión Europea (UE), a través de su alta representante Federica Mogherini, se ha sumado también a las manifestaciones de repudio, para advertir que “causará fricciones innecesarias y socavará la confianza y previsibilidad de la asociación trasatlántica”.

Y no son infundadas tales preocupaciones. Los estatutos de la normativa en vigor desde el pasado 2 de mayo garantizan la defensa de los derechos de propiedad de los ciudadanos y empresas estadounidenses en Cuba, al tiempo que autorizan la presentación de demandas en tribunales contra quienes se beneficien hoy de aquellas propiedades nacionalizadas al triunfo de la Revolución, con el fin de hacer partícipe al pueblo del disfrute de esas riquezas. Para el ala más extremista de la migración cubana en Miami es como si le abrieran la puerta al paraíso, aunque sean demasiado remotas las posibilidades con que tanto sueñan.

Sin embargo, las consecuencias derivadas de la aplicación de esta medida, resultan lo suficientemente perniciosas como para mantener la alarma. De acuerdo con reportes de varias agencias internacionales, un informe de la Embajada de España en La Habana, sostiene que alrededor del 50 por ciento de los proyectos de inversión extranjera en este archipiélago involucran a la UE, siendo el país ibérico el de mayor peso en las áreas del turismo y de los servicios financieros. China, Venezuela, y hasta el propio Brasil, tampoco quedan ajenos; de hecho algunos expertos temen por la suerte de aquellas empresas estadounidenses que apostaron por la isla durante el breve acercamiento vivido entre ambas naciones en las postrimerías de la administración de Barack Obama.

La demanda contra la compañía norteamericana de cruceros Carnival (por hacer uso de los puertos de Santiago de Cuba y La Habana, supuestas propiedades de ciudadanos de Estados Unidos), patentiza la seriedad que, al menos en el inicio, le confieren al asunto. El costo de la compensación requerida se estima en varios millones de dólares y es tan solo la punta de lanza de muchas que buscan sacar provecho de este asedio económico. Analistas internacionales hablan de una eventual ola de reclamaciones de decenas de miles y advierten sobre el posible colapso del sistema judicial estadounidense ante el improcedente recurso legal.

No por gusto, cuando en marzo de 1996 el gobierno del demócrata Bill Clinton firmó la Ley para la libertad y la solidaridad democráticas cubanas —conocida popularmente como Ley Helms-Burton en honor a sus patrocinadores (los senadores republicanos Jesse Helms y Dan Burton)—, su acápite III permaneció en suspenso hasta ahora, a causa, entonces, de una demanda de la UE ante la Organización Mundial del Comercio. Ello obligó a Washington a retomar la cordura, con el compromiso de mantener ese capítulo a raya.

A Trump y a su camarilla despreciable de la Florida casi nada les importa el costo-beneficio real emanado del Título III de la Ley Helms-Burton, en una jugada política desgastante, de poco futuro a sus efectos en Cuba y a todas luces sujeta a las ambiciones de reeleción del magnate, en una carrera bastante precipitada. Académicos norteamericanos señalan, por ejemplo, que la duración de los litigios puede extenderse por más de una década, sin contar el elevado monto que entrañaría para los demandantes un proceso judicial largo, incierto y de nula aplicación de este lado del mar. Aún así, EE.UU. insiste en la trillada retórica (robada a sus cómics de superhéroes) de “salvar al pueblo cubano”, pero hay que estar muy loco para creer que el camino es su asfixia.

 

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