El cuentapropismo y las interminables apuestas
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El cuentapropismo es una ruleta imparable en el juego de la economía cubana. Su ganado respaldo constitucional expresa la voluntad gubernamental y del pueblo de desarrollar el sector privado, como complemento a la gestión de la empresa estatal socialista. Que hoy más de medio millón de cubanos (alrededor de 580 mil) se desempeñen en varias de sus modalidades, no deja margen a dudas sobre su impacto y despunte en medio de cambios constantes.
Ese reconocimiento legislativo de la propiedad privada en la nueva Carta Magna del país, aun bajo el control y la regulación del Estado, marca un punto de giro necesario y significante para el futuro, en el interés de construir una sociedad próspera y sustentable. Sin embargo, las transformaciones de los últimos tiempos —acaecidas casi al unísono— denotan la falta de consenso existente a la hora de delinear los caminos.
Si bien la política está orientada al perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia en Cuba, su implementación ha sido vacilante y poco clara desde el inicio. Lo alertamos en agosto de 2017 cuando se dispuso, hasta nuevo aviso, la congelación temporal de algunas licencias y el cierre definitivo de otras. Tal decisión limitó las pretensiones individuales y familiares de potenciales emprendedores.
Un año después llegaron, a manera de anuncio, las tan esperadas medidas. Salvo por la atinada agrupación de actividades afines al amparo de una sola licencia y la habilitación de cuentas bancarias fiscales para los titulares de servicios gastronómicos, arrendamiento de viviendas, servicios constructivos y transporte; el resto de las regulaciones aprobadas no hallaron salida para urgentes reclamos (el mercado mayorista) e impusieron restricciones a su auge.
Las normativas entraron en vigor en diciembre del pasado año, con incluidas modificaciones de última hora, resultantes de los intercambios sostenidos durante meses entre autoridades, empresarios y cuentapropistas. Así, por ejemplo, fue autorizado a las personas naturales el ejercicio de más de una licencia y se eliminó el límite de 50 capacidades para las actividades de servicios gastronómicos. No obstante, la morosidad en la aplicación de los cambios y el “pa’ lante y pa’ atrás” de algunos, condujo a fuertes cuestionamientos por parte de la máxima dirección del país.
Un dato notorio en Cienfuegos emanó de la actualización de documentos a aquellos trabajadores no estatales obligados a dicho trámite. Aunque la provincia finalizó con números favorables —al cierre del primer trimestre de 2019 se contabilizaban 24 mil 380 cuentapropistas—, aún sin concluir el proceso constaban unas 150 bajas, la mayoría en rechazo a las recientes disposiciones, señalaron funcionarios de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social en la Perla del Sur.
En este escenario y todavía sin estrenar del todo las reglas publicadas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, en julio y diciembre de 2018, otras transformaciones se informaron en febrero del actual año. La suma de nuevas actividades, la flexibilización en las relaciones contractuales entre personas naturales y jurídicas, y la posibilidad de no inscribir como trabajador contratado al cónyuge o familiares del primero y segundo grado de consanguinidad, fueron de las medidas más trascendentes.
Aunque el espíritu de los cambios aprobados responde a las propias solicitudes e inquietudes del sector, por la manera a cuenta gotas con que llegan, su horizonte pareciera construirse sobre la marcha. Es un matiz relevante tras casi una década de apertura al cuentapropismo en la mayor isla del Caribe, cuando debiéramos hablar de solidez y ascenso pleno, en lugar de titubeantes e interminables apuestas.
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