EEUU carece de moral para hablar de derechos humanos
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El canciller venezolano Jorge Arreaza denunció que el Gobierno de EE.UU. es el principal violador de los derechos humanos y no tiene moral para evaluar a otros países en esta materia.
En respuesta a declaraciones injerencistas del secretario de Estado, Mike Pompeo, el titular venezolano de Exteriores enumeró a través de la red social Twitter las violaciones cometidas por el gobierno estadounidense.
‘EE.UU., principal violador de Derechos Humanos: guerras, manuales y prácticas de torturas, centros de detención clandestinos, imposición de medidas coercitivas criminales. Debería comenzar por ratificar los más elementales tratados internacionales de Derechos Humanos’, escribió Arreaza.
EEUU, principal violador de DDHH: guerras, manuales y prácticas de torturas, centros de detención clandestinos, imposición de medidas coercitivas criminales. Debería comenzar por ratificar los más elementales tratados internacionales de DDHH. Carece de moral para evaluar a otros https://t.co/tokOSfwjcM
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 11, 2020
En un informe presentado la víspera, Pompeo arremetió contra Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán y China por supuestas violaciones de derechos humanos de los ciudadanos de esos países.
De forma particular, el documento incluyó acusaciones —tales como ejecuciones extrajudiciales y torturas por parte de las fuerzas de seguridad— contra el Gobierno de Nicolás Maduro, blanco de la hostilidad de la administración estadounidense del presidente Donald Trump, que busca un cambio de régimen en Venezuela.
Recientemente el Ejecutivo bolivariano demandó a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano, a raíz de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra la nación sudamericana.
La oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos manifestó la víspera su preocupación por los efectos de las llamadas sanciones implementadas por Washington, que ocasionaron hasta la fecha un perjuicio a Venezuela en torno a los 116 mil millones de dólares, según estimaciones oficiales.
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