EE.UU. anuncia aplicación del Título III de polémica ley contra Cuba
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El secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, anunció hoy que la administración de Donald Trump implementará por completo el Título III de la controvertida Ley Helms-Burton contra Cuba a partir del próximo 2 de mayo.
A través de ese apartado, nacionales de Estados Unidos tendrán posibilidades de llevar a la cortes de este país a quienes invierten en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959.
Estoy anunciando que la administración de Donald Trump no suspenderá más, a partir del 2 de mayo, el derecho a presentar una acción bajo el Título III, que será aplicado por completo, expresó el jefe de la diplomacia en una comparecencia ante los medios de prensa en el Departamento de Estado.
Durante la alocución, en la que repitió los ataques y la retórica injerencista frecuentemente usada por el Gobierno norteamericano contra el país caribeño, Pompeo manifestó que ya informó al Congreso sobre esta decisión.
El Título III permite interponer una demanda contra aquellas personas o empresas de terceros países que inviertan en el territorio antillano en las propiedades nacionalizadas, una actividad a la que Washington califica de tráfico con propiedades norteamericanas en Cuba.
Incluso, en lo que es visto como una contradicción con el derecho internacional, ese acápite otorga autoridad de reclamantes a cubanoamericanos que eran ciudadanos cubanos en el momento en que las propiedades fueron nacionalizadas.
La medida, desde que se aprobó la Helms-Burton en 1996, tuvo el propósito de frenar la inversión extranjera en la isla, como ratificaron este miércoles las palabras de Pompeo, quien dijo que ‘cualquier persona o compañía que esté haciendo negocios en Cuba debe escuchar este anuncio’.
El titular les advirtió que son vulnerables a demandas y los llamó a investigar si están conectados con propiedades ‘robadas’, a pesar de que las nacionalizaciones fueron un proceso con apego a la legalidad y al derecho internacional, en el que Estados Unidos se negó a aceptar acuerdos de compensación propuestos por Cuba.
Al dar este nuevo paso, el Gobierno de Trump ignora los llamados de sus aliados de la Unión Europea (UE), que le advirtieron de su oposición a la medida y señalaron la posibilidad de llevar el tema a la Organización Mundial del Comercio.
Preguntada sobre este tema, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, expresó que no habrá ninguna exención en la puesta en marcha del Título III para compañías europeas o de otros países como Canadá.
Las compañías europeas que operan en Cuba no tienen nada que temer si no están en ‘propiedad robada’ de estadounidenses, por lo que la mayoría de las empresas de la UE no tienen nada de qué preocuparse en sus operaciones en la isla, apuntó.
Conflicto abierto con la Unión Europea
En el plano internacional, la decisión de Washington ha contribuido a elevar el tono del conflicto de intereses comerciales entre EE.UU. y la Unión Europea.
Dados los graves perjuicios que esta maniobra jurídica podría causar a numerosas e importantes empresas europeas que operan en Cuba, la Comisión Europea reaccionó este mismo miércoles alertando a la Administración Trump sobre las represalias que podrían llevar a cabo desde el bloque para compensar el impacto negativo sufrido.
A través una carta firmada por Federica Mogherini, Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, y Cecilia Malmström, comisaria de Comercio, Bruselas advirtió que la UE recurriría “a todos los instrumentos a su disposición, incluida la cooperación con otros socios internacionales, para proteger sus intereses”, incluyendo “la posibilidad de iniciar un procedimiento ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.
“Si una cadena de hoteles estadounidense (…) reclama [compensación] a una cadena europea ante tribunales de EE UU (…), la europea podría reclamar la misma compensación a la estadounidense ante un tribunal europeo”, afirmaron desde la Comisión Europea, recordando, casi a modo de amenaza directa, que “la inmensa mayoría de los 50 mayores denunciantes, que suman el 70 por ciento del total del valor de las reclamaciones certificadas, tienen activos en la UE”.
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