Defensa de Lula refuta nueva denuncia de Lava Jato en Brasil
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La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva refutó en las últimas horas otra denuncia realizada por la operación judicial Lava Jato de la sureña ciudad de Curitiba contra el expresidente brasileño, en evidente práctica de lawfare (guerra jurídica) con objetivos políticos.
Según la acusación, a través de su fundación, el exdirigente obrero recibió entre diciembre de 2013 y marzo de 2014 donaciones anómalas por unos 640 mil euros de parte de la empresa constructora Odebrecht, en perjuicio de la petrolera estatal Petrobras.
La nota del Ministerio Público Federal señala que los montos fueron transferidos ilegalmente a través de cuatro operaciones de donaciones simuladas realizadas por Odebrecht a favor del Instituto Lula.
Además del exgobernante también fueron inculpados el exministro de Hacienda Antonio Palocci y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto.
De acuerdo con el abogado Cristiano Zanin Martins, al frente del equipo de representantes del fundador del Partido de los Trabajadores, la nueva demanda repite el exceso de acusaciones frívolas dentro del método de persecución y se ‘vuelve a recurrir a acusaciones inmateriales contra opositores’.
El objetivo es retener al enemigo en una red de imputaciones, con el fin de quitarle su tiempo y macular su reputación, aseguró Zanin.
Las acusaciones, precisó la defensa, emergieron en un momento en que la ilegalidad de los métodos de la Lava Jato en relación con Lula fue reconocida recientemente en tres juicios ante el Supremo Tribunal Federal (STF).
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Para Zanin, esta nueva embestida de la cuestionada operación judicial refuerza la necesidad de reconocer las suspensiones de los procuradores de Curitiba en relación con el exmandatario, pendiente de revisión por el STF.
De igual manera, subrayó, resulta ineludible reanudar el juicio de las sospechas de parcialidad del exjuez Sérgio Moro para que el proceso abierto por la Lava Jato de Curitiba contra el expresidente pueda ser anulado.
Lula, quien resultó condenado por supuestos actos de corrupción, estuvo encarcelado 580 días. Salió de prisión el 8 de noviembre al determinar el STF que los presos sin sanción en primera instancia y que no constituyan peligro para la sociedad pueden esperar en libertad.
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